Opinión

Las aclaraciones que exige el alza del SMI

Madrid

Como es tradicional en la vuelta del verano de estos últimos años, el debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) reaparece con los mismos argumentos y contraargumentos. Esta discusión casi siempre se plantea como una separata del resto de los asuntos del mercado laboral como si esta dimensión pudiera tener una vida propia independientemente de la regulación de otros aspectos como las jornadas, los tipos de contrato o la negociación salarial, más importante si cabe en este año donde seguimos inmersos en un proceso inflacionista que ya ha alcanzado los dos dígitos.

El actual Gobierno y las actuales centrales sindicales han ganado un terreno que es irrecuperable para las empresas, dado que han conseguido separar y parcelar la negociación de cuestiones de enorme importancia en el mercado de trabajo español consiguiendo girar favorablemente para sus intereses la opinión pública. Algo que debería ser objeto de reflexión por parte de las patronales.

Concretamente, un elemento que suena técnico y que concita cierto consenso sobre la nueva subida del SMI es colocarlo en el 60% de la media de la distribución salarial en España conforme establece la recomendación de la Carta Social Europea. Obviamente se está tomando al pie de la letra esta "recomendación" sin reparar en si es o no una medida positiva para lograr una elevación generalizada de los salarios de manera sostenible en el tiempo.

En este sentido, fijar un objetivo de política económica sobre un porcentaje de la media de las rentas salariales ya en sí mismo es un grave error técnico. La media es un parámetro estadístico más volátil que otros y no recoge correctamente el cambio que se puede producir en la distribución salarial. O bien se perfecciona el objetivo incluyendo un cálculo de la desviación estándar a un lado y a otro de la media para saber si ésta es suficientemente representativa o no, o bien se sustituye el indicador de la media por la mediana, porque con él sí veremos qué efectos se está produciendo en la distribución de trabajadores (qué desplazamiento se produce a un lado y otro del 50% de la distribución). En cualquier caso, este tipo de objetivos está diseñado para que se justifique una intervención permanente a lo largo del tiempo.

Este tipo de estrategia de fijación del SMI es un grave error no solo económico sino también político, el cual ha ido haciéndose más inmanejable conforme ha ido pasando el tiempo. En ningún caso esta política de subidas constantes a lo largo del tiempo ha supuesto una mejora paretiana del mercado de trabajo, ya ni siquiera aspirando a que el número de beneficiados sea mayor que el de perjudicados. Es una política destinada única y exclusivamente a 3,2 millones de asalariados ya existentes que tienen ganancias por debajo del SMI (casi siempre con jornadas parciales, fijos discontinuos, trabajadores de temporada..) y aproximadamente a 700.000 personas adicionales que viven total o parcialmente de prestaciones públicas que se calculan o están referenciadas a la evolución del SMI, todo ello según los últimos datos publicados por el (INE) y el Ministerio de Trabajo.

Por el contrario, perjudica a 3,1 millones de autónomos cuya base mínima de cotización aumenta (esta debería haber sido la discusión real en la negociación del sistema de cotización por tramos de ingresos), a medio millón de micro y pequeñas empresas cuyos costes laborales aumentan de manera rígida (con reducida flexibilidad para ajustar salarios o para hacer despidos), a 200.000 parados entre 16 y 24 años que buscan su primer empleo y a 2,8 millones de jóvenes con edad comprendida entre 16 y 24 años que están fuera del mercado laboral (clasificados en la EPA como inactivos al cierre de 2021). Solo esto calculado en términos de impactos directos, sin profundizar en los impactos indirectos e inducidos que tiene sobre el resto de la masa laboral y, sobre todo, en términos de productividad.

Así, se trata de una política contrastada en reiteradas ocasiones en España: los costes económicos son superiores a los beneficios. De entre todos los costes, el más importante es el fortalecimiento de las barreras a la entrada del mercado laboral. Conforme el primer salario cobrado a tiempo completo aumenta, mayor es la dificultad para acceder a trabajar: un retraso mayor a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, encontrar el primer empleo estable y vencer la barrera que supone el diferencial salario inicial-productividad por el que el empresario está dispuesto a contratar. Precisamente, cuanto más alto sea el SMI, más complejo será encontrar una empresa que quiera remunerar por el SMI un trabajo que genera una productividad inicial mucho más baja que este salario y que quiera mantener esta situación el tiempo necesario para que el trabajador se forme, madure y alcance la velocidad de crucero de su rendimiento laboral, todo ello sin que el valor de mercado del producto o servicio con el que trabaje esta empresa disminuya. Porque si lo hace, entonces será aún más complicado.

Así es cómo el mercado laboral se ha comportado siempre, y así lo seguirá haciendo porque es la lógica natural del proceso productivo. Por eso, las empresas buscan sortear esta barrera salario inicial-productividad acudiendo a figuras como el contrato a tiempo parcial pero donde las horas reales de trabajo suman más de 80 horas al mes, a la de las prácticas y becas asociadas a una permanencia creciente de los jóvenes en la Universidad (tanto en los estudios de Grado como de Posgrado) o esquemas de contratación discrecional donde no se sabe muy bien cuál es el límite entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia.

Conforme la Inspección de Trabajo endurece las condiciones e incoa expedientes sancionadores de manera creciente, la presión para arrojar actividad económica a la economía sumergida crece, o en cambio, hace imposible las nuevas contrataciones teniendo que acudir a autónomos (la eterna figura del falso autónomo). Pero incluso en esta atmósfera creciente de informalidad y pérdida de calidad del primer empleo, seguirá habiendo vías de escape para que las empresas y los trabajadores se mantengan vivos.

En suma, no conviene instrumentar políticas económicas que van en contra del funcionamiento natural de los mercados, y menos del de trabajo. Empleemos estos esfuerzos en hacer del mercado laboral un sistema más competitivo, dinámico y eficaz para reducir drásticamente la tasa natural de desempleo y recuperar uno de los logros de la reforma laboral de 2012 como fue doblegar la ley de Okun: con muy poco crecimiento, crear empleos pero a tiempo completo, no como ahora.

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