Madrid
Mes tras mes, el dato de IPC continúa su escalada, disipando cualquier esperanza de moderar sustancialmente la tasa a final de año por debajo del 3% tal como estimaba el Gobierno. A riesgo de hacer el mismo análisis cada mes, es imprescindible seguir subrayando la necesidad de frenar el proceso inflacionista con las próximas subidas de tipos de interés que acometerá el Banco Central Europeo (BCE). Cada día que pasa, será más necesario generar expectativas de subidas importantes, incluso por encima de los 50 puntos básicos de julio. De esa forma, se podrá frenar el proceso y, con ello, retener la tentación que está surgiendo gradualmente de subir salarios y rentas públicas con arreglo al IPC.
Antes de analizar este extremo, hay dos elementos también a subrayar. Por un lado, no valen los análisis parciales, superficiales y aparentes de que la inflación se sigue debiendo al coste de la energía. Ya a finales del año pasado se empezaba a notar los síntomas de transmisión hacia el resto de las partidas de consumo, y así ha continuado esta tendencia en los meses siguientes. Por otro lado, tampoco vale atribuirse una reducción de cuatro décimas de la tasa interanual como pretende hacer el Gobierno Sánchez-Díaz por un supuesto resultado primario de sus medidas más recientes.
Con la información publicada por el INE, se puede ver cómo esta moderación de la tasa anual se debe a la bajada de los carburantes, pero no del precio de la electricidad, el cual ha continuado subiendo. Por tanto, no puede atribuirse al tope del precio del gas, habida cuenta de que el PVPC (que es lo que se recoge en la estimación de IPC como indicador de coste eléctrico minorista) en las primeras y últimas horas del día ya está por encima de 0,60€/KWh. Habrá que esperar unos días a que la Comisión Europea publique la estadística energética del segundo trimestre para ver, en la comparativa entre los precios minoristas de los países, si el tope del precio del gas funciona o no: si ha provocado una desviación sustantiva del precio minorista español frente al del resto de países.
Esta situación de inflación permanente (la subyacente ya está en el 6,4% y subiendo) tiene una consecuencia inmediata que es disparar las presiones de diferentes grupos de interés para subir salarios con arreglo al IPC. Un Gobierno como el actual, con la debilidad extrema que muestra desde su mismo origen en términos de apoyos parlamentarios y sociales, se va a ver tentado a disparar el gasto tanto en pensiones como en salarios públicos, vinculándolos a la evolución del IPC o, al menos, aplicando un factor corrector mínimo (el famoso "IPC - X"), con tal de no sufrir revueltas en las calles.
Éste es el principal riesgo al que nos aboca la tendencia inflacionista. Y, al mismo tiempo, es lo que hay que combatir más duramente.
No nos podemos exponer a un riesgo permanente de inflación ni tampoco a sucumbir a ideas que se están propagando en los últimos días que cuestionan la utilización de la política monetaria para frenar la escalada de precios. Lo que parecía una obviedad que es la utilización de los tipos de interés como forma de detener el proceso inflacionista vía enfriamiento del consumo y racionalización de las decisiones de inversión, en los últimos días ha dejado de ser tan evidente. Si ya eran no pocos los frentes a los que había que atender, se abre uno más en los debates entre economistas con trascendencia pública.
