El último paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a la inflación plasma de una manera muy simple lo primero que a uno se le pasa por la cabeza cuando quiere poner en marcha una política que pretenda mitigar la inflación. Se esperaba que, a estas alturas, hubiera habido un grado mayor de sofisticación a la hora de diseñar los instrumentos en campos tan complejos como la energía o los alimentos. Pero, desafortunadamente, no ha sido así.
La facilidad y la inmediatez de venta desde el punto de vista político ha superado con creces la voluntad de ser más afinado y concienzudo para no generar incentivos perversos como el aumento del consumo de los bienes y servicios más inflacionarios o el uso ineficiente de las subvenciones ignorando el coste real que tiene el dinero público.
Obviamente los economistas no tenemos recetas mágicas ni adivinamos el futuro. Sólo intentamos poner cierta luz en aquellos aspectos que son muy evidentes. Para empezar, es necesario buscar modelos puestos en marcha en otros países y experiencias propias del pasado para descartar aquello que no hay que hacer, y después empezar a pensar alternativas que pueden ser razonables. En un país que tiene cedida su soberanía monetaria a un Banco Central exterior, los instrumentos para luchar contra la inflación son escasos, pero existen y deben ser movilizados. La gran mayoría son instrumentos de medio y largo plazo, lo cual no alivia la situación de los que peor lo pasan a corto plazo.
Pero sí se podría arbitrar un sistema que permita intercambiar costes presentes (por ejemplo, sacrificar recaudación) por beneficios futuros generados por estas reformas.
En el caso de la supresión de la bonificación de 20 céntimos del litro de carburante, se esperaba la creación de un mecanismo distinto que llevara la bonificación a las familias de renta más baja que no siempre pueden beneficiarse de la gratuidad o cuasi-gratuidad del transporte público. Este mecanismo ya está inventado: una devolución mediante declaración anual del impuesto especial sobre hidrocarburos que existe para algunos sectores profesionales y cuyos datos tiene Hacienda.
Sin perjuicio de ello, el Gobierno acierta en suprimir la bonificación general que ha provocado un incremento del consumo de los combustibles de automoción un 3,3% interanual según el adelanto de octubre de AOP.
Necesitamos medidas adultas: reformas que aumenten la competencia vía articulación de los mercados internos
Dejando a un lado el efecto real que tienen las bajadas de impuestos indirectos como el IVA (algo discutible en la literatura económica más reciente), la política de cheques debe ir ligada a algún tipo de declaración o información sobre la renta, de lo contrario, no existe un control real de qué se está haciendo con el dinero, cómo está influyendo sobre la dieta alimenticia… No está claro que con el mecanismo anunciado por el Gobierno se consiga.
En definitiva, necesitamos política de adultos para luchar contra la inflación: reformas que aumenten la competencia vía articulación de los mercados internos para hacer llegar al consumidor final producto de calidad, con suministro garantizado y a coste competitivo. Y, por el momento, lo que se nos propone es demasiado elemental y costoso como para que ayude de verdad a quién más lo necesita.
