La primera semana de COP se ha saldado con la suscripción de dos grandes acuerdos multimillonarios: por un lado, un fondo de 100.000 millones de dólares aportados por los países (a propuesta alemana y canadiense) y, por otro lado, un fondo de 130.000 millones dotados por parte de instituciones financieras e inversores institucionales. A ello se añaden acuerdos bilaterales y multilaterales entre países desarrollados y emergentes por importe de 35.000 millones de dólares. Son cifras significativamente más altas que antes de la Cumbre, pero todavía están por debajo de lo que se esperaba antes de comenzar los trabajos en Glasgow.
En este sentido, el primer impacto económico es el incremento de las inversiones en los próximos años, si bien hay que dar un paso previo que es determinar qué inversiones son sostenibles y cuáles no (ahí se enmarca el debate de la taxonomía y las polémicas que está generando especialmente en la Unión Europea). De manera simultánea, al dinero "nuevo" se le añade una parte sustancial de la financiación que hoy en día va hacia compañías y proyectos contaminantes (carbón, hidrocarburos, minería, industria pesada), los cuales pueden llegar a perder en los próximos años hasta 1,4 billones de dólares de capitalización.
Por tanto, la movilización de esta cantidad de dinero generará un efecto económico muy notable, si bien está sujeto a que se ejecuten de manera efectiva las inversiones prometidas y, lo que es más importante, que no provoque efectos negativos más intensos de los que ya estamos viendo en forma de inflación estructural en materias primas y bienes industriales intermedios, rupturas de las cadenas globales de valor o dependencia de países especialmente problemáticos en el suministro de materias primas críticas para las inversiones "verdes" (minerales, baterías, vehículos eléctricos…).
En segundo lugar, otra consecuencia económica relevante es la asimetría que está lejos de resolverse en las reglas del juego internacional sobre cuánto debe aportar cada región a los objetivos climáticos. Mientras los países desarrollados se han autoinfligido un modelo muy exigente de estándares medioambientales, sociales o de gobierno, los grandes contaminantes en el mundo emergente continúan con una agenda más laxa, haciendo que sus productos sean relativamente más competitivos que los del mundo desarrollado mientras éste hace intentos de establecer reglas arancelarias como el impuesto sobre el carbono en frontera o la medición del impacto en el entorno de los productos importados.
Esto tiene que llevar necesariamente a una reformulación de las reglas de comercio de la OMC, ya de por sí rotas desde hace años, pero ahora con un componente más problemático en sectores como el agroalimentario, automóvil o manufacturas, entre otros. El fenómeno de sustitución de producción nacional por importaciones de terceros países que no cumplen con los mismos estándares sanitarios, medioambientales o sociales puede generalizarse aún más si no se pone coto de forma rápida. Ésta es la agenda de futuro más inmediata al salir de la COP, y requiere del acuerdo de países que no están participando en la COP como es el caso de China.
Más allá del impacto macroeconómico que tendrán los planes de inversión desplegados durante la COP26, dos elementos que van a provocar un impacto tanto macro como micro muy importante son, por un lado, la creación de un mecanismo global de comercio de derechos de emisión de CO2 a partir del mercado europeo existente. En el fondo será un sistema de transferencia de riqueza de países contaminantes a países "sumidero" de carbono, lo cual implicará elevar las exigencias de reforestación y cambios en el uso de la tierra. Aquí hay un importante déficit en algunos países como es la falta de gestión forestal sostenible. El problema no está en que haya pocas extensiones de territorios boscosos, sino en la mala o deficiente gestión en forma de envejecimiento continuado de las masas forestales o la acumulación de biomasa que multiplica el riesgo de incendios y los efectos destructores de una inundación. Esto es particularmente preocupante en zonas del mundo con climas cada vez menos lluviosos como puede ser el Mediterráneo.
En el caso de los "compradores" de derechos de CO2 el campo de batalla es aún más amplio si en este futuro mecanismo de derechos global se incluye al sector del transporte. Por muchos miles de millones de dólares que se pongan encima de la mesa, no será suficiente para llevar a cabo una descarbonización rápida del transporte, no sólo por la dificultad económica que supone sino, muy especialmente, por la falta de madurez de la tecnología baja en emisiones o incluso neutra.
Finalmente, por otro lado, un concepto que puede salir adelante en esta COP es la denominada "Red de pérdidas y daños", concepto acuñado en la COP25 celebrada en Madrid en 2019. Esta "red" sería un mecanismo doble, ya que actuaría como herramienta de compensación económica ante catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, pero al mismo tiempo serviría como mecanismo para invertir en acciones que preparen a los territorios y las personas para este tipo de eventos climáticos extremos. Es la evolución histórica de los tradicionales mecanismos de ayuda oficial existentes desde hace años.
Haya más acuerdos en los próximos días o no los haya, la COP26 marca un hito relevante para empezar a ser realistas en cuánto cuesta y cómo se gestiona un proceso a escala global de transición "verde".
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