Pamplona
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, ha subrayado en el discurso de clausura del XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar la necesidad de que España no se desvíe del marco europeo que diferencia la fiscalidad sobre el patrimonio según sea empresarial o no. Para ello, es necesario acabar con el riesgo de que tanto a nivel nacional como autonómico se puedan producir subidas importantes de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y otros similares tal como está pidiendo la Comisión de Expertos nombrada por Hacienda para la reforma fiscal.
Incrementar la fiscalidad sobre el patrimonio o la transmisión de la empresa, como ya han hecho en los últimos años algunas CCAA, supone la descapitalización y paralización del crecimiento y el empleo para el 64% de los empresarios encuestados durante el Congreso. Incluso, un 20% señala que supondría la venta o el cierre de la empresa. Estos datos corresponden a una realidad que ya se está viviendo en territorios como Navarra, la cual ha pasado en menos de dos legislaturas de ser el lugar de España donde menos impuestos se pagaban por la riqueza a tener los impuestos más elevados, concretamente el marginal de IRPF más alto de España o ser la única que impone fiscalidad sobre la sucesión de padres a hijos.
La fiscalidad, a juicio de las familias empresarias, es una de las palancas fundamentales para evitar que haya una desventaja competitiva considerable de las empresas españolas frente a las europeas, más aún cuando se están produciendo serias divergencias en ámbitos como el de los costes energéticos (partiendo de una situación que ya en origen era mala teniendo España una tarifa después de impuestos un 20% más cara que la media UE-27), la inflación general (el diferencial con la UE-27 ya es de 2 puntos porcentuales) o los costes laborales (eliminando los efectos COVID, el diferencial actual está en torno a 3 puntos) que pueden subir de una forma extraordinaria si se ejecuta la reforma laboral que está planteando Yolanda Díaz.
No penalizar la tenencia de aquellos bienes que generan prosperidad a lo largo del tiempo es la clave para mantener en el tiempo a las empresas familiares. Para ello, es necesaria una reforma fiscal que tenga una mirada amplia y de largo plazo, además como señalaba Puig, acompañada de una mejora de la eficiencia del gasto público y un ejercicio de transparencia e incluso de equivalencia entre euros pagados en impuestos y euros percibidos en servicios públicos. Sin duda, una de las asignaturas pendientes de España.
