La gran dimensión, en cuanto a número de ministerios, que caracteriza a los Gobiernos de Pedro Sánchez, desde que asumió el poder en 2018, también se traduce en un voluminoso aumento del personal en la sombra que trabaja en esos departamentos.
La gran dimensión, en cuanto a número de ministerios, que caracteriza a los Gobiernos de Pedro Sánchez, desde que asumió el poder en 2018, también se traduce en un voluminoso aumento del personal en la sombra que trabaja en esos departamentos.
Cataluña es el gran protagonista de la proliferación que los impuestos autonómicos han tenido en tiempos recientes a lo largo del territorio español (con la excepción notable de Madrid, donde estas figuras ya no existen).
El término "financiación singular" está ahora tan en boca del PSC como de ERC, aunque con significados diferentes. Por un lado, los socialistas tienen en mente un consorcio fiscal en el que el Estado y la Generalitat participarían en igualdad en la recaudación, gestión y control del 100% de los impuestos vigentes en Cataluña. Solo existiría así una llave que abra la caja de los ingresos tributarios, pero compartida por el Govern y la Administración central. Por su parte, los republicanos exigen un cupo catalán, es decir, que la llave pertenezca a la Generalitat, y ésta pacte qué compensación destina al Estado y al resto de autonomías. A primera vista, el consorcio fiscal ofrece un protocolo menos radical. No obstante, la realidad es más complicada y la propuesta por la que se decanta el equipo de Salvador Illa requiere, para su comprensión, varias preguntas.
A las puertas de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, deje su cargo, fuentes del Gobierno confirman a elEconomista.es que Moncloa busca afianzar las conversaciones con el PP para que se vuelva a cumplir la regla no escrita que marca que los relevos en la cúpula del supervisor financiero se pactan, parcialmente, con el principal partido de la oposición. En concreto, esa regla marca que la elección del gobernador es potestad exclusiva del Ejecutivo, pero el subgobernador -que sustituirá a partir de septiembre a Margarita Delgado- debería ser fruto de un acuerdo PSOE-PP.
La última reunión sobre el recorte de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, mantenida por Trabajo y agentes sociales, se celebró esta semana marcada por la tensión existente entre CEOE, Cepyme, las centrales sindicales y el Ministerio y la ausencia de todo viso de acuerdo. No en vano este último departamento ignoró el diálogo social a la hora de aprobar decisiones de tanto calado como la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, sobre los estatales y sectoriales o la entrada de Pimec en el Consejo Económico y Social (CES). Ahora bien, las perspectivas de que el recorte de jornada salga adelante son todavía más escasas considerando la falta de apoyos del Gobierno en el Congreso, una debilidad imposible de paliar hasta que queden muy atrás las elecciones europeas, una postura similar a la que plantea CEOE.
La democracia española no se basa en un sistema presidencialista como el estadounidense y eso supone que no hay prevista una 'línea de sucesión' en el caso de que el jefe del Ejecutivo renuncie a su cargo, como sí ocurre al otro lado del Atlántico. En otras palabras, el posible cese voluntario de Pedro Sánchez la semana próxima implica que todo su Gobierno, incluido él mismo, entraría en funciones hasta que se formara otro Gabinete tras celebrarse una nueva sesión de investidura.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), recibió en herencia de su antecesora, Nadia Calviño, un avance del PIB y del empleo que ha sorprendido a buena parte de los analistas, pero también la responsabilidad de convertir lo que ahora parece un comportamiento económico extraordinario en común. Y aún hay más retos, como Cuerpo explica durante la entrevista que mantiene con elEconomista.es en su despacho del Paseo de la Castellana. Entre otros, debe acelerar el aterrizaje de los fondos europeos en la economía real, y defender las empresas estratégicas de nuestro país, una característica que, a su juicio, abarca desde Telefónica hasta Grifols. Todo ello en medio del equilibrio parlamentario más frágil de la historia democrática española y haciendo frente a las presiones de sus socios de Gobierno.
La organización agraria Unión de Uniones saca provecho de la necesidad que el Ministerio de Agricultura tiene de recabar apoyos para su plan de 43 medidas de ayuda al campo, con el que quiere atajar las protestas que se desarrollan en el sector desde febrero.
El volumen de fondos europeos Next Generation que ya alcanzó la economía real asciende, entre 2021 y la actualidad, a 34.000 millones, asegura el ministro Carlos Cuerpo. Se trata de solo la mitad del total de recursos de este tipo recibidos por España, según reconoce el titular de Economía. Pero aún más llamativo es que el flujo de llegada de los Next Generation a las empresas ha mostrado una marcada desaceleración; hasta el punto de que el ejercicio 2023 significó el ritmo más bajo de ejecución tanto en términos porcentuales como en millones de euros.