Madrid
La última reunión sobre el recorte de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, mantenida por Trabajo y agentes sociales, se celebró esta semana marcada por la tensión existente entre CEOE, Cepyme, las centrales sindicales y el Ministerio y la ausencia de todo viso de acuerdo. No en vano este último departamento ignoró el diálogo social a la hora de aprobar decisiones de tanto calado como la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, sobre los estatales y sectoriales o la entrada de Pimec en el Consejo Económico y Social (CES). Ahora bien, las perspectivas de que el recorte de jornada salga adelante son todavía más escasas considerando la falta de apoyos del Gobierno en el Congreso, una debilidad imposible de paliar hasta que queden muy atrás las elecciones europeas, una postura similar a la que plantea CEOE.
El Ejecutivo de coalición encadena doce votaciones perdidas en la Cámara Baja, desde la investidura de Pedro Sánchez, y la racha no se rompió ni siquiera en el día que se aprobó la Ley de Amnistía. Una vez más, la principal afectada por ese nuevo revés fue, precisamente, la vicepresidenta Yolanda Díaz. En el mismo Pleno en que recibió el 'placet' la Ley relacionada con el 1-O, Junts y PNV se negaron a apoyar la norma que obligaba a dar más información, en concreto sobre beneficios, a los sindicatos a la hora de negociar convenios colectivos.
Semanas antes también naufragaron otras iniciativas de la vicepresidenta segunda, como su intento de incluir a los representantes de los trabajadores en los consejos de administración.
Pero, en el caso de la jornada laboral de 37,5 horas, los palos en las ruedas del que es el proyecto estrella de Trabajo para esta legislatura (junto con la reforma del despido) provendrían también de su socio de Gobierno: el PSOE.
Fuentes socialistas consultadas en el Congreso ven "probable" que este partido no desaproveche la ocasión de pagar con la misma moneda a Sumar, después de que la estrategia electoral ante el 9-J del partido de Yolanda Díaz lo llevara, la semana pasada, a dejar en entredicho en el Parlamento a sus socios de Gobierno. Fue entonces cuando Sumar garantizó su apoyo a las enmiendas a la totalidad que ERC, Junts y Podemos iban a presentar contra la Ley de Suelo.
Sin tregua a la vista
La derrota de esta iniciativa era tan inevitable que el PSOE la retiró a última hora del orden del día del Pleno y evitó así un fracaso como poco antes, y de nuevo con ayuda de Sumar, cosechó la propuesta socialista de perseguir a los proxenetas y clientes de la prostitución.
No hay visos de que los dos socios de Gobierno envainen las espadas en el corto plazo. Yolanda Díaz y su formación se lo juegan todo en los comicios europeos, dado que encadenar otro varapalo comparable a los sufridos en las convocatorias gallegas, vascas y catalanas de este año, los abocaría a la desaparición o la completa irrelevancia.
Es por ello que Sumar se afana en estos días en escorarse al máximo hacia la izquierda, distanciarse del PSOE e intentar por todos los medios robarle votos a Podemos. En estas circunstancias resulta imposible un acuerdo en la izquierda sobre un asunto de tanto calado como la reforma de la jornada de la jornada laboral.
Sobre todo, considerando que, desde el inicio del planteamiento de esta medida, la facción socialista en La Moncloa ha mostrado ya sus reticencias a los planes de Yolanda Díaz, tal y como la vicepresidenta los había planteado.
En concreto, el Ministerio de Economía siempre ha sido partidario de una aplicación "flexible" en este recorte en el horario de trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada sector y las condiciones ya establecidas en la negociación colectiva.
Es bien conocido por los expertos que el auge del tiempo parcial y de los trabajadores fijos discontinuos ha provocado un importante descenso del promedio de las horas efectivas trabajadas. Hasta el punto de tanto patronal y sindicatos han pedido a Trabajo un cómputo oficial sobre la situación de esta variable en los últimos años.
Si no se divulga esta información, los representantes de los empresarios ya han dejado claro que no apoyarán la medida, y la vicepresidenta Díaz ya se anticipa a ese escenario. Hasta el punto de que la también ministra de Trabajo amenaza con volver a legislar sin el apoyo de CEOE y Cepyme, tal y como ha ocurrido en aspectos como las últimas alzas del Salario Mínimo o la segunda parte de la reforma de pensiones, presentada hace un año.
Y esa decisión tendría consecuencias también en el Parlamento. En concreto, los partidos de derecha que apoyan al Gobierno de coalición, PNV e incluso Junts, no verían con buenos ojos que las patronales quedarán fuera del acuerdo sobre las 37,5 horas.
Otro de los puntos en los que están enrocadas las conversaciones es en la imposición del registro horario digital al que tenga acceso la cartera de Trabajo, una herramienta con la que Díaz quiere 'meter mano' a las empresas. La patronal replica con la negativa argumentando que no se ajusta a las nuevas realidades laborales.
