El ministro de Economía, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), recibió en herencia de su antecesora, Nadia Calviño, un avance del PIB y del empleo que ha sorprendido a buena parte de los analistas, pero también la responsabilidad de convertir lo que ahora parece un comportamiento económico extraordinario en común. Y aún hay más retos, como Cuerpo explica durante la entrevista que mantiene con elEconomista.es en su despacho del Paseo de la Castellana. Entre otros, debe acelerar el aterrizaje de los fondos europeos en la economía real, y defender las empresas estratégicas de nuestro país, una característica que, a su juicio, abarca desde Telefónica hasta Grifols. Todo ello en medio del equilibrio parlamentario más frágil de la historia democrática española y haciendo frente a las presiones de sus socios de Gobierno.
El PIB cerró el 2023 con un repunte del 2,5%. Eso deja el listón alto para los próximos meses. ¿Se va a mantener el ritmo de crecimiento este año?
La economía española está fuerte. Hemos crecido cinco veces por encima de la zona euro en 2023. Creamos cuatro de cada diez empleos el año pasado, y estamos teniendo un buen inicio de 2024. Cuando miramos estos indicadores, vemos que la evolución de la afiliación llega a los 21 millones, mejora la confianza del consumidor y la AIReF, el Banco de España y otros analistas prevén que vamos a seguir manteniendo el pulso de crecimiento en este primer trimestre. Es una buena señal para el conjunto del año. Nos posiciona en un buen punto de partida de cara a prever que ese crecimiento sea sostenible, equilibrado. Las cifras indican que así lo es. Los precios se siguen moderando hacia la senda del 2% a mediados del 2025, y vemos una capacidad de financiación récord desde el sector exterior. A ello se añade la responsabilidad del Gobierno en cuanto a la reducción de la ratio de déficit y de la deuda.
No todo va tan bien. Hay preocupación en torno a la productividad...
Claro que hay retos estructurales. Uno de ellos es la productividad y el pleno empleo. Son dos de mis obsesiones. Tenemos varias líneas de actuación en marcha. Contamos con la creación del Consejo de Productividad, que esperamos que marque un antes y un después en cuanto a análisis y recomendaciones, que nos permitan ir aterrizando medidas en el corto plazo; otro de los proyectos avanzados es la simplificación de las cargas administrativas y regulatorias a través de la inteligencia artificial que permita a las pymes navegar esa complejidad burocrática sin tener que enfangarse y pueda dedicar su tiempo a labores más productivas.
Otro de los retos está en la inversión, ¿cómo van a hacer para que vuelva a despegar?
Ahí el papel del Plan de Recuperación es clave. Hay varios indicadores en los que ya vemos el efecto de la llegada de los fondos europeos: uno es la evolución de la creación de empleo por ramas. Desde febrero del 2020 estamos hablando de un incremento promedio del 9% y las ramas de alta tecnología del 16%. Pero sin duda, el componente que más rápido puede iniciar su remontada será la construcción, que es el sector que más ha sufrido desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.
¿Cómo afecta la prórroga presupuestaria a la inversión?
Los presupuestos de 2023 eran lo suficientemente expansivos como para permitirnos que se pudieran llevar a cabo las inversiones y gastos previstos en caso de prórroga. Hay capacidad de reconfigurar y hacer trasvases de fondos y esto se traslada a las inversiones que puedan venir del Plan de Recuperación.
¿Cuáles son los ejes principales del plan de choque para impulsar la construcción de vivienda y qué objetivos a corto y medio plazo esperan conseguir?
Estamos actuando sobre los cuellos de botella identificados, que van desde la falta de ahorro de los jóvenes, que les impide el acceso a una vivienda en propiedad, y para solventarlos hemos adoptado desde los avales ICO, hasta la publicación de índices de precios del mercado del alquiler, para evitar movimientos especulativos, o la actuación en la promoción de vivienda asequible, en la que actúa también Sareb y la liberalización de suelo de los ayuntamientos. A todo ello se suma otro paso que es el cambio normativo para la agilización de los tiempos en la edificación. En definitiva, a la escasez de oferta de vivienda y, en particular, la sufrida por parte de los jóvenes, hay que ponerle remedio.
¿Se van a mantener las concesiones a los hipotecados que Calviño pactó con la banca?
En las reuniones periódicas que mantenemos con el sector evaluamos cómo está funcionando el código, y analizando si la situación macroeconómica demanda que se mantengan esas medidas. Los tipos siguen estando en su techo, pero seguiremos evaluando. La mayor parte de esta subida de tipos del BCE ya se ha trasladado a las hipotecas y seguimos viendo una morosidad muy baja en el segmento hipotecario.
El Comité de Derechos Sociales de la UE afirma que la indemnización por despido que establece un máximo de 33 días por año trabajado no se ajusta a Carta Social Europea. ¿Van a reformar la ley para adaptarla a la resolución europea?
Estamos en un momento preliminar de valoración del dictamen, y estudiando qué ha ocurrido con otros países europeos, como Francia e Italia, donde ya se ha producido un dictamen parecido. Estamos analizando cuál es la jurisprudencia de los propios jueces con respecto al ajuste de la normativa doméstica y la Carta de Derechos Sociales.
Pero, ¿consideran que ese dictamen es vinculante y que podría obligar a España a elevar la indemnización por despido?
Creo que hay que ser prudente. El dictamen no es vinculante. Tenemos que tener en cuenta la situación real de nuestro derecho comparado con el compromiso de ir cumpliendo con la Carta de Derechos Sociales europea.
¿Cómo está avanzando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en la mesa del diálogo social?
Están avanzando para encontrar una forma que haga que se cumpla la medida. Lo cierto, es que tenemos una evolución a la baja de la jornada laboral durante las últimas décadas y esto hay que enmarcarlo, pero dando suficiente flexibilidad como para que no suponga un elemento negativo en productividad para cierto tipo de sectores, ni acabe afectando a los salarios. Por eso es importante que esto parta de esa mesa bilateral.
¿Descarta entonces que la medida se apruebe sin el aval de todas las partes de la mesa de diálogo social?
La experiencia nos dice que cuando una medida se pacta entre los dos agentes sociales, es un acuerdo que en el 99,9% de los casos es sostenible y equilibrado. Estoy convencido de que llegará ese acuerdo. Luego nosotros valoraremos y adaptaremos.
Ha hablado antes de los fondos europeos. Hay un eco que no deja de repetir que el ritmo de ejecución es bajo y que las empresas públicas se han llevado una parte importante de la financiación
Hay que desmitificarlo. Si te vas de aquí con esa idea desmitificada, doy el día por cumplido (risas). Es eso precisamente lo que trata de atajar el programa Elisa de monitorización. Hablamos de 34.300 millones de euros, a finales del pasado mes de febrero, es dinero que ya ha llegado a su adjudicatario, no es una empresa pública intermedia, eso ya ha llegado a la economía real. Estamos hablando de la mitad de los 70.000 millones iniciales. Otro de los mantras repite que esto no está llegando a la pyme. No es así. El 40% de estos fondos está llegando a microempresas y pymes. Cuando miras los datos te cuentan una historia muy distinta. Está llegando y el ritmo de llegada es elevado, 1.100 millones al mes.
Pero, ¿están corrigiendo o reorientando los fondos para mejorar el ritmo de aterrizaje?
Parte del valor añadido de la herramienta que permite conocer la ejecución e impacto de las inversiones (Elisa) es la identificación de cuellos de botella que existan en la implementación. Uno de ellos es la barrera administrativa. Es un campo en el que podemos mejorar gracias a la herramienta que presentamos la pasada semana.
Varias autonomías se han quejado de que tienen poco margen para decidir el objetivo de los fondos que les corresponden...
Elisa permite consultar el destino de los fondos por comunidad autónoma. ¿Dónde destacan los fondos que están llegando al País Vasco?: allí donde destaca el sector productivo vasco, que es el sector industrial. Lo mismo ocurre con el resto de regiones. En Extremadura hay un enorme proyecto de la planta de baterías de Envision en Navalmoral de la Mata. Claro que la apuesta acaba estando adaptada a la demanda específica de estos proyectos que haya en cada una de las comunidades autónomas. En esta segunda parte del plan hay un fondo específico de 20.000 millones, que se va a vehicular a través del BEI, donde van a ser las comunidades autónomas las que levanten los proyectos. Es decir, van a tener un grado adicional de flexibilidad y codecisión de estos 20.000 millones.
¿Y el cuarto tramo? ¿Se van a cumplir los hitos decisivos?
Hace unas semanas estuvo el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, y anunciamos que nos dotábamos de un par de meses adicionales para que la Comisión Europea pudiera hacer la evaluación de los más de 60 hitos y objetivos correspondientes. Entre otras cosas, porque lo que habíamos identificado es que había algunos hitos que técnicamente tenían que redefinirse, para que la Comisión pudiera certificar que evidentemente se cumplían.
Entonces, ¿tienen dos meses para llevar de nuevo la reforma del subsidio por desempleo al Congreso y aprobarla?
Este hito no pudo salir, puesto que decayó en el Congreso. La intención es llevarlo en paralelo y acordarlo para que entre en el paquete. Esta negociación paralela busca reflotar el proyecto y por otra seguir avanzando con la Comisión en el resto de hitos.
Pero, ¿Bruselas dará más tiempo para que se consiga aprobar la reforma o deben impulsarla en los próximos dos meses?
Estamos avanzando para acordarlo e impulsarlo lo antes posible.
¿No está paralizada entonces?
No, no. Acordar y llevar a cabo esta reforma es importante. Responde a una necesidad que se identificó como un reto en el mercado de trabajo. Hay que hacerlo porque es positivo para España. Además, forma parte de uno de los hitos que una vez que se lleve a cabo genera un desembolso del dinero europeo. El objetivo es no perder ni un euro.
¿Bruselas les ha trasladado su preocupación por la fragilidad parlamentaria sobre la que se sostiene el Gobierno?
Los funcionarios de la Comisión Europea conocen la dificultad de un parlamento en el que hay una coalición, como ha ocurrido por ejemplo en Bélgica. En España quizá no estamos acostumbrados a este tipo de equilibrios parlamentarios, pero el mundo de las mayorías absolutas es muy difícil que vuelva y tenemos que convivir con equilibrios en los que las reformas se van negociando y genera que sean más equilibradas y sostenibles.
En esa ecuación parlamentaria está ERC. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, puso sobre la mesa hace semanas un cupo catalán: ¿no les preocupa el impacto que esto tenga si termina siendo una concesión, junto a la reforma radical del sistema de financiación autonómica?
Hay que filtrar los anuncios electorales que se están produciendo de cara al 12 de mayo. El sistema de financiación tiene un objetivo claro, que es contribuir a la suficiencia de los recursos en cada comunidad autónoma para sufragar los gastos que son de su competencia. Hay que garantizar del conjunto de las cuentas públicas. Habrá que enmarcar los sistemas de financiación dentro de los estatutos de cada comunidad, pero no pueden verse de manera aislada, porque el conjunto de recursos no es infinito.
Es decir, ¿está en contra de un posible cupo catalán?
Bueno, creo que he sido claro al marcar las dimensiones que tiene y que están presentes a la hora de negociar un nuevo sistema de financiación autonómica.
¿Cree que es posible cerrar la reforma de financiación antes de que concluya la legislatura?
Bueno, se requiere voluntad política para llevar a cabo esta negociación por parte de todos los actores involucrados.
¿Qué impacto esperan que tengan los fondos europeos en términos de PIB en el corto plazo?
La Comisión Europea prevé que para el punto máximo de impacto, que sería en 2025, el efecto sería de 3,5 puntos de crecimiento sobre el nivel de PIB. Esto es una estimación prudente, porque solo tiene en cuenta el impacto de las inversiones y no de las reformas, que acaban siendo el mayor elemento de fuerza en el corto y medio plazo. En 2025 vuelven las reglas fiscales. La economía avanza a buen ritmo, pero desde Bruselas nos instan a definir una hoja de ruta clara sobre la reducción del déficit y la deuda.
¿Cuándo se va a presentar?
Después de verano, en torno al mes de septiembre, vamos a presentar un plan fiscal estructural dentro del marco de las nuevas reglas fiscales. Son planes que todos los Estados debemos presentar con la evolución del gasto y del déficit a cuatro e incluso siete años vista, a partir de las previsiones de ingresos. Pero debe quedar claro que nuestro escenario central es el cumplimiento de los objetivos. Este 2024 cumpliremos, lo dijo la Comisión Europea y seguiremos haciéndolo. Es muy importante que terminemos en el 3% este año y ahí están todos los esfuerzos.
¿Tienen pensado hacer algún ajuste en el gasto para asegurar el cumplimiento?
Las nuevas reglas se han simplificado. Antes teníamos que mirar lo que pasaba con el gasto, el déficit y la deuda, ahora solo tenemos que mirar un indicador, el gasto. El gasto va a seguir creciendo, cuanto mayor sea nuestro crecimiento de PIB, y nuestro crecimiento esperado de ingresos, más podrá crecer nuestro gasto, y eso es compatible con una reducción progresiva del déficit. Este nuevo marco es más inteligente. Y es más, el punto final, es el 1,5% de déficit, la meta final de las reglas fiscales anteriores era el 0,5%. Hay un punto de PIB adicional, 15.000 millones, que podremos usar al año en inversiones gracias a las nuevas reglas fiscales. El nuevo marco permite hacer un ajuste de nuestras cuentas públicas pero que sin que la inversión sufra.
¿Entonces no va a haber ningún recorte de gasto?
La regla europea solo nos va a indicar cuánto puede seguir creciendo el gasto. En los próximos años, esa evolución deberá ser compatible con el incremento del PIB y de los ingresos, sin que ello afecte a los compromisos de inversión.
¿Descarta subidas de impuestos?
Hay un elemento fundamental, que es la necesidad de ir actualizando cómo se comportan ahora los ingresos una vez pasada la pandemia y la invasión en Ucrania, porque han cambiado muchos elementos estructurales de nuestra economía. Tenemos que ser humildes a la hora de ir actualizando nuestros modelos, ver dónde estamos y no equivocarnos en lo que necesitamos seguir haciendo. Ya sea a través de control de gasto o modificaciones en el ámbito tributario.
¿Cómo van a quedar finalmente los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas?
En primer lugar, hay que decir que ha sido un éxito. Estos dos sectores han contribuido a sufragar el escudo social y reducir el impacto de la crisis inflacionaria en hogares y empresas, y esto ha sido compatible con los mejores resultados de la historia de ambos sectores. Es decir, no ha sido a costa de su solvencia o rentabilidad. Esta medida ha sido efectiva. En el caso de la banca hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es la evolución del ciclo de tipos. El mercado anticipa una bajada a partir de verano, debemos adelantarnos para que el gravamen esté adaptado a esta circunstancia.
¿Van a incluir incentivos en el tributo para la banca?
Ya veremos.
¿Plantean a subir las rentas de capital, tal y como pide Sumar?
No anticiparía ningún tipo de modificación normativa en ámbito tributario. Estamos en un momento muy bueno, en el inicio de la negociación de los próximos presupuestos, para replantear estas figuras tributarias. Iremos viendo.
El Gobierno va a entrar en Telefónica, ¿hay intención de entrar en otras empresas estratégicas?
No tenemos que analizar la entrada del Gobierno en empresas como se hacía hace 30 años. Estamos en un contexto de autonomía estratégica promovido por el impacto de la guerra en Ucrania. El conflicto ha tenido un fuerte efecto sobre en el sector energético, las cadenas de suministros, y hay una discusión a nivel europeo sobre cómo asegurar nuestra competitividad en este marco geopolítico. Y en ese marco de protección de industrias estratégicas está el caso de Telefónica. Se tomó la decisión de entrar como socio estratégico de largo plazo que asegura la apuesta por las inversiones que van a ser necesarias en este ámbito que es fundamental. En otro tipo de empresas, el elemento de importancia de autonomía estratégica se traducirá en acciones distintas que no tiene por qué ser la entrada, por ejemplo como ocurrió en la operación Orange-Más Móvil.
¿No valoran entrar en una energética?
Tenemos que ser conscientes de que el objetivo fundamental es proteger estos objetivos estratégicos. No a través de una entrada del Estado, sino garantizando que estas empresas clave tengan socios estables a largo plazo que nos aseguren que las inversiones que vamos a necesitar van a estar, que va a haber mantenimiento de capacidad productiva y del empleo.
¿Qué tipo de socio va a ser el Estado en Telefónica?
Me remito a la presencia del Estado en el consejo de Caixabank, donde somos un socio totalmente leal, estratégico y que toda empresa desearía. El único momento en el que se habla de la presencia del Estado en Caixabank es cuando se vota sobre los sueldos de los directivos. Es una señal buenísima de la presencia del Estado. No se ve como una amenaza.
¿Aspiran a tener dos puestos en el Consejo de Telefónica?
Ya se verá. Tenemos que ejercer los derechos como accionistas.
Pero, ¿quieren estar presentes en el Consejo antes de la próxima Junta?
Ya veremos, no me gustaría anticiparme.
Varias autonomías han mostrado su malestar porque el Estado haya utilizado fondos autonómicos para esta operación...
Hay que tener en cuenta toda la discusión con respecto a las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la propuesta que se hizo en el marco de los presupuestos que se pusieron sobre la mesa para 2024, donde los objetivos para las CCAA eran más flexibles, que no se aceptó y se rechazó en el Senado, y la evolución tan generosa por parte del Estado en cuanto a las asignaciones de entregas a cuenta o de inversiones. En este contexto no se puede dar lugar a ningún tipo de queja por parte de las autonomías.
Grifols es otra empresa estratégica, ¿si se viera en apuros el Estado intervendría?
Hemos sido muy cautos en cuanto a la situación de Grifols. Tenemos unos informes iniciales, la actuación posterior de la CNMV que sigue su investigación. Nosotros vamos a tener prudencia y vamos a seguir a la espera de la decisión del supervisor en cuanto a la evolución de una empresa que pertenece a un sector estratégico. Iremos viendo cómo evoluciona, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es cierta estabilidad.
Talgo puede caer en manos de los húngaros, país de la UE. El ministro de Transportes afirma que detrás hay capital ruso. ¿Por qué vetan la operación sin pruebas tangibles?
Tenemos las herramientas necesarias para canalizar este tipo de propuestas y de inversiones extranjeras, incluso aquellas que vienen de otros países de la UE. Tenemos el instrumento para tomar decisiones con toda la seguridad jurídica. Nuestro marco jurídico es equilibrado. Fomenta a llegada de inversión extranjera, pero nos permite proteger estos sectores estratégicos. Estamos analizando la operación.
¿Apoya el Gobierno la compra de Air Europa por parte de IAG?
Estamos hablando de otro sector clave. Para nosotros es importante que tengamos empresas con alcance y tamaño europeo que sean capaces de competir, y estamos trabajando y contribuyendo para tener un hub potente en España a través de la ampliación del Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Podríamos tener un buen matching entre una empresa con esa escala y un aeropuerto tan potente. Esto sería un elemento estratégico importante hacia adelante, pero está pendiente de la valoración de la UE, y tendremos que esperar.