El término "financiación singular" está ahora tan en boca del PSC como de ERC, aunque con significados diferentes. Por un lado, los socialistas tienen en mente un consorcio fiscal en el que el Estado y la Generalitat participarían en igualdad en la recaudación, gestión y control del 100% de los impuestos vigentes en Cataluña. Solo existiría así una llave que abra la caja de los ingresos tributarios, pero compartida por el Govern y la Administración central. Por su parte, los republicanos exigen un cupo catalán, es decir, que la llave pertenezca a la Generalitat, y ésta pacte qué compensación destina al Estado y al resto de autonomías. A primera vista, el consorcio fiscal ofrece un protocolo menos radical. No obstante, la realidad es más complicada y la propuesta por la que se decanta el equipo de Salvador Illa requiere, para su comprensión, varias preguntas.
¿Por qué lo llaman 'consorcio'?
Los nombres nunca son azarosos y el PSC se inclina deliberadamente por una fórmula normativa muy conocida y usual. El recurso a consorcios es reconocida entre todo tipo de personas jurídicas (empresas e instituciones) que buscan coordinar su actuación, y ganar eficiencia. Se usa en ámbitos diversos, como las infraestructuras o el transporte, y a priori nada impide que se extienda a la gestión de impuestos. El cupo, por el contrario, tal y como se entiende en el caso vasco y navarro, es un mecanismo inusual, incluso exótico para el estándar de los sistemas de financiación.
¿Cuál es su amparo legal?
De nuevo, todo parecen ser ventajas para la fórmula que Illa propugna. Mientras un cupo catalán exigiría reformar por completo la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, e incluso la Constitución, el consorcio fiscal solo demanda para su desarrollo invocar el artículo 204.2 del actual Estatuto de Cataluña. En ese apartado se prevé una colaboración de este tipo entre la Agencia Tributaria estatal y su homóloga catalana. Sin embargo, aquí empiezan los problemas. No hay precedente alguno de la puesta en práctica de esta disposición. Y, aún más importante, resulta muy dudoso que la colaboración entre las dos agencias se pueda extender al 100% de los impuestos.
¿A qué impuestos incumbe?
Los fiscalistas e inspectores de Hacienda consultados son unánimes a la hora de anticipar que el consorcio fiscal Estado-Generalitat no plantearía dificultades si se circunscribe a una colaboración que no vaya más allá de los impuestos que ya están parcialmente cedidos a las comunidades autónomas de régimen general. Es el caso del IRPF, donde una coordinación de actuaciones entre Gobiernos regionales y la Agencia Tributaria "es incluso deseable teniendo en cuenta el margen de maniobra que ya tienen las autonomías en ámbitos como la creación de deducciones", comentan esas mismas fuentes. Sin embargo, las pretensiones de los socialistas catalanes y, por supuesto, de Esquerra Republicana, no se pueden contentar con esa limitación
¿Podría incluir Sociedades?
"Sería un completo disparate", es la respuesta que da un experto al ser preguntado sobre si el consorcio fiscal Estado-Govern estaría en condiciones de abarcar impuestos de exclusiva titularidad estatal como es el caso de Sociedades. En una situación así, ya no se hablaría de competencias compartidas entre dos Administraciones públicas sino de invasión de las atribuciones que ahora son exclusivas de una de ellas. El posible conflicto no solamente se plantea en lo que respecta al gravamen de los beneficios empresariales. También hay riesgo de que afecte a los tributos relacionados con el comercio exterior, en los que la injerencia de la Generalitat podría recurrirse judicialmente como un obstáculo planteado a la libre circulación de bienes y mercancías. Es cierto que, en momentos como los actuales, en los que la propia Ley de Amnistía ha salido adelante en el Congreso en medio de las protestas de gran parte del estamento jurídico, resulta concebible que el consorcio fiscal llegue mucho más lejos de lo que nunca se planteó el legislador al redactar el artículo 204.2 del Estatut. El conflicto, no obstante, estaría servido.
¿Contentaría el consorcio a ERC?
Ese último escenario, con un nuevo pulso a las instituciones incluido, resulta todavía dudoso que convenza a Esquerra Republicana, al menos en esta primera fase de la negociación. La posición actual de Junts tampoco se alinea con las perspectivas de los socialistas catalanes, en la medida en que ya ha calificado de "chantaje" toda negociación que incluya la financiación catalana a cambio de investir a Illa.
