Madrid
La reformulación del sistema de financiación autonómico lleva casi una década esperando materializarse, como la ley exige. Se supone que la reforma aplicada en 2009 se iba a revisar en 2014 y, ya en 2023, todavía no se ha tocado una coma del actual sistema.
El tema volvió a saltar a la palestra tras las elecciones del 23-J, ya que los partidos catalanes reclaman dicha revisión para apoyar a Pedro Sánchez en su investidura, una demanda a la que se han sumado otros Gobiernos autonómicos. Por eso, desde el PP, han solicitado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que convoque cuanto antes a las comunidades para abordar "de una vez por todas" esta cuestión, aunque tampoco lo hicieron en 2014 cuando Mariano Rajoy era presidente.
Sistema desigual
Desde la Comunidad Valenciana ya lo solicitaron en la anterior legislatura a Sánchez, cuando estaban bajo el gobierno del Acuerdo del Botánic –PSOE y Compromís– con el socialista Ximo Puig al frente de la Generalitat. Esta reivindicación lleva años en el aire ya que esta es una de las comunidades, junto con Cataluña, la Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares, que más penalizada sale bajo el paraguas del actual modelo, en función de lo que recauda por habitante frente a lo que recibe.
Según un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) las más premiadas son Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. En el medio de la tabla están Aragón, Madrid, Galicia y Asturias.
En España existen dos modelos de financiación autonómica: el régimen foral (País Vasco y Navarra) y el común, donde también están incluidas las Islas Canarias, con un régimen económico y fiscal especial debido su característica de insularidad, regulado por Bruselas al ser una región ultraperiférica.
Así, si se tienen en cuenta los últimos datos del Ministerio de Hacienda (2021) sobre financiación autonómica, la media nacional de la financiación homogénea por habitante está en 2.764, 94 euros, aunque Fedea lo corrige hacia unos 200 euros superior ya que el recuento de Hacienda no tiene en cuenta los ingresos de los que se beneficia la hacienda canaria. Por otro lado, la diferencia entre Cantabria, la comunidad que más recibe (3.533,64 euros), frente a Baleares, que es la que menos (2.296,63 euros), es de más de 1.000 euros. Cosas como estas son las que causan que el sistema general de financiación es el que esté actualmente cuestionado en la agenda política.
Pacto de solidaridad
La clave del sistema es la solidaridad entre regiones. Ahora el debate está en si las autonomías que más aportan al fondo común son las que más dinero deben recibir. En 2021, los datos muestran que Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana son las que menos dinero recibieron en proporción a lo que recaudaron, por eso reclaman que se aplique el principio de ordinalidad, aunque los expertos dicen que es necesario alcanzar un equilibrio con la solidaridad regional.
Impuestos
Una de las principales fuentes de financiación de las autonomías son los impuestos cedidos que pueden subir y bajar a su antojo. Este punto está en el centro del debate ya que, además de poder afectar a la financiación de los servicios públicos, puede provocar el incremento del déficit y la deuda de la región.
El sistema actual arregla este problema exigiendo una cifra fija en función de cada región. Aunque no ingresen esa cantidad, las Haciendas regionales tienen que ingresar al fondo común lo que le corresponde. Esto es como una especie de "penalización" a aquellos Gobiernos autonómicos que bajan los tributos propios, ya que pueden perder por partida doble: por la falta de recaudación y por la transferencia al fondo común que deben aportar.
El informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica, elaborado por el Ministerio de Hacienda en 2017, apunta a que debería existir una "armonización fiscal" que permita establecer unos tipos mínimos en los impuestos cedidos y así no se genere ese dumping fiscal entre regiones.
Servicios frente a población
En el informe de expertos del año 2017 ya advirtieron que es necesario elaborar otro método de cálculo de financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios que las comunidades prestan. El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, llevaba por bandera esta tesis ya que aseguraba que no es lo mismo dar servicio sanitario o transporte escolar a una población dispersa, como hay en las regiones del norte, que a una con una densidad de población alta como Madrid.
Ante esto, fuentes próximas al Gobierno ya confirmaron que si saliese el la coalición de PSOE con Sumar su objetivo es reducir el peso de la población, que ahora es del 30%, hasta el entorno del 20%. Así darían más peso a la Sanidad, que pasaría del 38% actual al entorno del 45% y también saldría reforzada la Educación.