La recaudación es la recaudación, pero el impuesto de sociedades es el impuesto de sociedades. Parafraseando al gran cronista deportivo Mariano Rajoy, "conviene saber dónde estamos". Según el último informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria, "Los ingresos homogéneos del Impuesto sobre Sociedades crecieron hasta octubre un 25,6%.". Además, " en los 10 grupos con mayor pago (todos, menos dos, pertenecientes a los sectores bancario y energético) el pago es 2,5 veces el que hicieron el año pasado, lo que supuso un aumento de más de 2.400 millones". Según esto, parece que las grandes empresas españolas ganan más dinero que nunca, y que, en consecuencia, la recaudación fiscal derivada del impuesto de sociedades se va a disparar.
Aunque ninguno de los grandes impuestos esté creciendo al ritmo del impuesto de sociedades, los ingresos fiscales están creciendo mucho. Parte de este aumento del crecimiento es el efecto de la recuperación económica. Además, la inflación también está permitiendo recaudar mucho más, debido a que, salvo en los impuestos especiales de base no monetaria, como los de hidrocarburos, en todos los demás se refleja el aumento de precios. Este reflejo es directo en el IVA, a más precio, más recaudación. En el caso de IRPF este reflejo es indirecto, cuando los salarios, pensiones y otras rentas se adecúan, aunque sea parcialmente, al nivel de aumento de los precios. Ahora bien, esto supone en el IRPF progresividad en frío, es decir que la cuota que aumenta sin que haya aumentado, o incluso habiendo disminuido, la capacidad económica. Si no se adecúan la tarifa y el resto de la estructura del impuesto, se paga más siendo más pobre.
A todo esto, hay que añadir la reducción del fraude fiscal. Sin embargo, parece que, en el impuesto de sociedades, que además presenta un riesgo de fraude superior al de otros impuestos, se está produciendo un aumento espectacular de la recaudación. En realidad, hay un aumento muy superior de los beneficios por encima de la recaudación del impuesto. Esto se debe a que los pagos fraccionados mínimos de las muy grandes empresas se realizan directamente sobre el resultado contable, no sobre la base imponible.
Las grandes y muy grandes empresas están ganando más dinero que el año pasado, y también que en 2019 que fue un año récord de beneficios. En los tres primeros trimestres de 2022, las empresas españolas declararon un resultado contable positivo de 281.456 millones de euros, un 18,76% más que en el mismo periodo que el año pasado. Esto se ha traducido en un aumento del pago fraccionado de unos 3.700 millones de euros más.
Siendo todo esto positivo, recaudar más en los pagos fraccionados no supone, necesariamente recaudar más de las empresas. El año pasado se recaudó más de estos pagos, pero se generaron, a su vez, más solicitudes de devolución que nunca. Ahora mismo, según el último informe mensual de recaudación, se produjo "una subida considerable de las solicitudes de devolución (se espera que lleguen hasta los 11.500 millones, frente a los 6.500 del año anterior). Esto supondrá 5.000 millones menos de recaudación este año, y muy probablemente volverá a ocurrir el próximo año.
Hay tres elementos fundamentales que originan las cada vez mayores devoluciones en el impuesto de sociedades. El primero de ellos, es que las empresas, especialmente las grandes, ingresen más en los pagos fraccionados, porque su resultado contable es superior. La segunda es que buena parte del resultado de las muy grandes empresas proviene del exterior, es decir son plusvalías y dividendos bonificados al 95%, es decir que apenas pagan impuestos en la correspondiente declaración del impuesto de sociedades. Esto supone una devolución cada vez mayor porque sobre el resultado exterior se tributa en el pago fraccionado, pero luego el 95% queda exento. Además, en la declaración del impuesto se pueden compensar las bases imponibles negativas, pérdidas fiscales, pendientes de años anteriores, lo que no ocurre con el resultado contable de los pagos fraccionados.
Las pérdidas fiscales, y eso que no estaban incluidos todos los conceptos, como los activos fiscales diferidos de los bancos, ascendían a más de 575.000 millones de euros, un 50% del PIB, al finalizar 2019, según el libro blanco para la reforma del sistema tributario. Probablemente, se han acumulado más pérdidas fiscales en los dos últimos años.
Por todas estas razones, no se puede esperar que, pese a que las empresas estén ganando y declarando más, la brecha del déficit se cierre con el impuesto de sociedades. No volveremos a alcanzar la cifra mágica de casi 45.000 millones de euros de recaudación del impuesto de sociedades que obtuvimos en 2007 porque ni las empresas, ni el impuesto de sociedades, ni, en general, la economía española es la de hace década y media, ni para lo bueno ni para lo malo.
Ante esto, caben fundamentalmente tres opciones, que no son incompatibles entre sí. Por una parte, podemos empeñarnos en nuevos "gravámenes" de distinto tipo, con los que las empresas contribuyan más. Por otro lado, podemos confiar en que la inflación, y la mejora en la lucha contra el fraude mejoren los ingresos. En tercer lugar, también cabe plantearse si se puede reducir el nivel de gasto público en general. De momento, los nuevos impuestos implantados en 2020, las denominadas tasas Google y Tobin, han recaudado mucho menos de lo previsto. Pese a todos sus problemas, un viejo impuesto que existe en el mundo entero, como el impuesto de sociedades da un mejor resultado, que incluso podría incrementarse si se eliminan algunos de los fallos en su diseño. Por supuesto, como comentaremos otro día, la inflación no durará para siempre y con ella, sus ingresos extraordianrios.
Esto nos deja, como casi siempre, con la realidad. Y la realidad es que, aunque se ha reducido la economía sumergida, y en general el fraude fiscal, seguimos necesitando esa recaudación adicional. Antes que diseñar nuevos impuestos y gravámenes, es prioritario mejorar, aún más, el cumplimiento fiscal. En ese sentido, como las necesidades de gasto aumentarán, hay que hacer un esfuerzo en analizar el gasto público y eliminar duplicidades y gasto superfluo. No sólo porque es imprescindible, sino también, para convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos, la medida anti-fraude más importante de todas.
