En España tenemos muchos problemas, muchos más de los que teníamos hace poco más de un año. Es evidente que una pandemia global por sí misma es un enorme problema. Pero a los problemas sanitarios, como sabemos todos, se están sucediendo los económicos. Además de las dificultades económicas y sociales surgidas de la Pandemia, tenemos complicaciones económicas y sociales “heredadas” que la Pandemia ha agravado o nos ha puesto de manifiesto. Todo esto ha evidenciado la necesidad de “reformas” en múltiples ámbitos, que son costosas y no precisamente sencillas. Sólo hay que pensar, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que están dando problemas en las negociaciones con las Autoridades Comunitarias, de cara a los fondos comunitarios: la reforma laboral, la de pensiones y la reforma fiscal.

La factura de la crisis del Coronavirus ha sido terrible a todos los niveles, también en el económico. Dentro del desastre económico un aspecto importante es el tremendo coste de la crisis para la Hacienda Pública. Nos enfrentamos en España a un nivel de deuda pública, 120% del PIB, que además continuará aumentando a corto plazo, vistos los datos de déficit de 2020 y las previsiones para 2021. Ante esto, parece una obviedad que el Estado necesitaría recaudar más. Aún así, convendría realizar un par de matizaciones:

Una Pandemia puede cambiar muchas cosas, entre otras, la tributación de las grandes corporaciones multinacionales. La carrera a la baja en el impuesto de sociedades a nivel mundial parece haber tocado a su fin. Hace unas semanas el Reino Unido, con un gobierno conservador, anunciaba un incremento del impuesto de sociedades. No sólo estamos hablando de un gobierno "tory" (conservador) sino del gobierno que ha ejecutado el Brexit. Precisamente, uno de los riesgos del Brexit era, y es, la competencia que podían ejercer las empresas británica al no estar sometidas a las mismas reglas que las de la Unión Europea. De momento, las empresas británicas pagarán más impuesto de sociedades, pasando del 19 al 25% en 2023 mientras que a unos kilómetros las empresas irlandesas siguen pagando un 12,5% nominal que en algunos casos es casi un tipo del 1% o incluso menos.

Lo que no puede ser no es, y, además, es imposible. Si todo el mundo quiere vivir en el mismo barrio, los precios de los pisos allí inevitablemente subirán. Las dos únicas formas, en una economía de mercado, de reducir los precios son aumentar la oferta y reducir la demanda. Todo esto es elemental y poco discutible. Y esto no es sólo teoría económica, es simplemente experiencia de vida. En los muchos años que he vivido de alquiler, mi arrendamiento más barato fue en la playa de Cambrils, cuando trabajaba en Reus. Durante diez meses al año, mi edificio estaba vacío. Eso sí, en Barcelona y en Madrid los alquileres, por el mismo número de metros cuadrados eran bastante más caros, pero los edificios no estaban precisamente vacíos.

El pasado domingo Joan Laporta, como en 2003, volvió a ganar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Parece que fue ayer. Sorprendentemente, el jueves pasado una sombra del pasado, anterior a su presidencia, puede condicionar su mandato. El pasado jueves, el Barça perdía en Luxemburgo, y con él, el Real Madrid, el Osasuna y el Athletic de Bilbao. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea revocaba, en casación, una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. En consecuencia, se ratificaba la legalidad de la decisión de ayudas de Estado tomada por la Comisión Europea en referencia a estos cuatro clubes de fútbol. El resultado es que se ordena al Reino de España "que recuperase de los beneficiarios la diferencia entre el impuesto de sociedades abonado y el impuesto de sociedades que habrían debido abonar si hubieran tenido la forma jurídica de S. A. D., a partir del ejercicio fiscal de 2000 (artículo 4, apartado 1), salvo en el supuesto de que la ayuda debiera calificarse de ayuda de minimis (artículo 2)."