Señalaba Oscar Wilde que no hay nada más real en este mundo que la muerte y los impuestos. Sin embargo, en tiempos de cólera, todos nos estamos dando cuenta que, obviamente, la muerte es bastante peor que los impuestos. Los muertos no pagan impuestos, y si no tenemos actividad económica no recaudaremos impuestos. Ahora bien, hay finalidades de los impuestos que hoy son más obvias que nunca. Por ejemplo, en ningún momento como en una epidemia se justifica más la existencia de una sanidad pública. Y a estos efectos, sanidad pública es la que está financiada con impuestos, con independencia de cuál sea el agente económico que la provea, pero que da servicio a los ciudadanos que lo necesiten. Y para cortar una pandemia no se puede excluir a nadie del servicio sanitario, como tampoco de las restricciones, por la sencilla razón de que todos podemos transmitir la enfermedad a los demás.

E l interés compuesto es la fuerza más poderosa del Universo”. Esta frase se atribuye a Albert Einstein y probablemente sea apócrifa. Sin embargo, el interés compuesto no deja de ser, matemáticamente, una potencia. Recordando las matemáticas de EGB, y las que ahora dan los niños en primaria (telemáticas), si la potencia y el exponente son superiores a 1, el crecimiento acaba siendo imparable. Efectivamente, estoy hablando del coronavirus y su tasa de infección, que no deja de ser un interés compuesto. Lo que resulta realmente preocupantes es que, según los datos españoles de los últimos días, este interés diario estaría por encima del 30%.

El origen de las primeras emisiones humanas de dióxido de carbono está… en la respiración. Pero esas emisiones son ridículas al lado de las producidas por los diversos procesos de combustión necesarios para producir energía. El origen último de las emisiones de dióxido de carbono es, en consecuencia, el fuego. El origen de la economía y la civilización está en el fuego. Por eso, los griegos atribuían a uno de sus grandes héroes mitológicos, el titán Prometeo la hazaña de robar el fuego a los dioses.

La polémica fiscal más ruidosa de los últimos tiempos es, sin duda, la que se refiere a los 2.500 millones de IVA que supuestamente el Estado adeuda a las Comunidades Autónomas. Hay que reconocer que la cuestión no es técnicamente sencilla, por lo que resulta necesaria una explicación detallada que no se ha visto en toda esta polémica. El origen de esta discordia está en una decisión de modernización y de lucha contra el fraude: el nuevo SII, siglas del suministro inmediato de información, al que están obligadas desde 2017 las grandes empresas.