Madrid
Un proceso de concentración empresarial suele tener ganadores y, también, muchos perdedores. Y la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell no es precisamente una excepción. Para que un banco aumente su rentabilidad sólo hay dos opciones, que aumente sus ingresos o que reduzca sus costes. El aumento de ingresos, en un mercado financiero maduro, como el español consiste fundamentalmente en cobrar más intereses y comisiones a los clientes, pero no concediendo más crédito, sino aumentando márgenes. En el caso de la reducción de costes, estamos hablando, en el caso de bancos eficientes, y tanto BBVA como Sabadell lo son, de reducción de oficinas, menos servicio al cliente, y, sobre todo de despidos. La última estimación de BBVA es de un máximo de 2.500 bajas.
Por lo tanto, en esta OPA hostil, como en casi todas, también las que no son hostiles, hay perjuicios y reducción de la competencia. Por eso, la Comisión Nacional de Competencia (CNMC) la pasó a fase 2, es decir de estudio detallado. Sin embargo, finalmente, la ha acabado autorizando, por unanimidad, con una serie de remedios temporales. Ante esta decisión, el gobierno está estudiando pasarla a fase 3, y para esto ha convocado una insólita consulta pública, que ha sido tachada de "chapucera" y "populista".
Empecemos por el principio, el gobierno es un órgano político al que corresponde velar por los intereses generales. La intervención del gobierno en una OPA es posible y legal, siempre que la CNMC la haya pasado a fase 2, y la operación haya sido autorizada con condiciones o remedios. Según el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia, el gobierno no puede prohibir la OPA, pero sí aprobarla sin condiciones, o suavizar o endurecer las condiciones impuestas, eso sí por razones de interés general distintas de la competencia. Para eso, en ninguna parte está prevista una consulta. Paradójicamente, sí que hay previsto un proceso de consulta en la CNMC, siempre que la OPA pase a fase 2. El pasado martes, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, señaló en el Congreso, que, aunque sólo había dejado personarse en el expediente al Banco Sabadell, porque nadie más tenía "interés legítimo", sí habían incorporado sus alegaciones y las habían tenido en cuenta. Ahora, las alegaciones al ministerio de Economía, que puede realizar literalmente cualquiera, incluso varias veces y sin comprobar el NIF, tampoco son obviamente vinculantes.
La decisión de la CNMC es más discutible de lo que parece. La razón fundamental es que se han aplicado unos criterios similares a los de los últimos procesos de concentración. Ésta era la previsión de BBVA, y en eso, al menos, parece que han acertado. Sin embargo, el mercado español está mucho más concentrado que hace unos años, porque prácticamente la mitad de las entidades del sistema financiero, fundamentalmente cajas de ahorro, desaparecieron con la crisis, producto en buena medida de su mala y politizada gestión. Además, en otros precedentes, como la adquisición del Banco Popular por el Banco Santander, la alternativa a la adquisición era la quiebra desordenada del Banco que hubiese sido mucho peor. A medida que quedan menos entidades, hay que ser más estricto con los procesos de concentración de las que quedan porque si no, la competencia se resentirá aún más de lo que ya lo hecho.
La realidad es que, en estos años de subida de los tipos de interés, las entidades de toda Europa han aumentado el tipo de interés que cobran en los créditos, aumentando márgenes. Pero, las entidades españolas son las que menos han aumentado la retribución de los depósitos, que en muchos casos sigue siendo cero. Por eso, los bancos españoles baten récords de beneficio cada año. Para cualquiera que quiera verlo, tenemos un problema evidente de competencia en el sector financiero, que obviamente se va a agravar si la OPA de BBVA a Sabadell sale adelante.
Este problema es especialmente grave en los territorios en los que más presencia tienen ambos bancos, la Comunidad Valenciana, y especialmente Cataluña. Aquí hay otro problema adicional, la eventual restricción del crédito. Todas las entidades financieras tienen un límite de concesión de créditos a la misma empresa, por una cuestión de los riesgos que puede asumir la entidad. Sin embargo, muchas pymes tienen créditos y préstamos concedidos por BBVA y Sabadell. La nueva entidad va a tener que reducirlos. Sin embargo, se ha comprometido con la CNMC a no hacerlo en tres años (prorrogables a cinco). En general, las condiciones pactadas, y luego acordadas por la CNMC (los remedios) duran dos o tres años. Esto es lo más criticable de la resolución: la OPA, si sale adelante, va a alterar permanentemente la competencia, y no solo un par de años. Y en el mundo real, en la España de 2025, hace muchos años que no se crean bancos, ni que entran nuevos competidores significativos en el sistema financiero. Por eso, las condiciones debían ser permanentes, y no temporales, pero claro, entonces los números de la OPA, las famosas sinergias, probablemente no saldrían.
Esto, como hemos dicho, afectará especialmente a las empresas catalanas. Cataluña sigue pagando la factura del procés. Como documentamos Jesús Fernández-Villaverde y yo en nuestro libro "La factura del cupo catalán" (La esfera de los libros, 2025), Cataluña fue la comunidad autónoma en la que menos aumentó el PIB per cápita entre 2017 y 2023 (últimos datos disponibles), es decir la que más se empobreció. Esto se debió fundamentalmente a la fuga de empresas, que comenzó precisamente por los dos grandes bancos catalanes, La Caixa y Banco Sabadell. Esta fuga se concentró en las grandes empresas, y la única significativa que ha vuelto es, precisamente Banco Sabadell.
Pese al desastre económico que supuso el procés, las pymes catalanas han aguantado mejor el tirón. Un dato poco conocido, y bastante irrefutable, es que es de los pocos sectores en que se ingresan más impuestos en la AEAT en Cataluña que el peso comparativo de la comunidad. Así, las pymes catalanas ingresan el 24,75% del IVA recaudado (sin contar Navarra y País Vasco). Sin embargo, el porcentaje de consumo, de PIB y de recaudación general del IVA de Cataluña en el total nacional está por debajo del 20%. Por supuesto, en el acuerdo de financiación singular (o cupo catalán), se pretende que Cataluña se quede con el IVA que recauda de las pymes, y que el resto del IVA y los demás impuestos indirectos, se distribuyan como se hace ahora en función del consumo. Es una de las muchas trampas del cupo catalán que explicamos en nuestro libro, del que hablaba la semana pasada en elEconomista.es.
Las pymes se financian fundamentalmente a través de los bancos y no, por ejemplo, en los mercados de valores. Por eso, que se les encarezcan los créditos, y aún más que se les reduzca el crédito, tendrían consecuencias muy negativas para el crecimiento económico. Esto igual no pasaría inmediatamente, pero sí cuando las condiciones expirasen, siempre y cuando, además, estas condiciones se cumpliesen. Y podría ocurrir que el supervisor, el BCE, exigiese recortar la exposición a determinados clientes, o bien que, por otras razones, los remedios acordados no fuesen efectivos. Y esto afectaría más en unos territorios que en otros.
Como hemos visto, puede haber razones de interés general que justifiquen una intervención pública, es decir política. Pero, una intervención de este tipo en una operación privada también tiene costes en términos de imagen de país, seguridad jurídica y atracción de inversiones. Por eso, habría que haber evitado cualquier tentación populista, como una consulta no prevista en la normativa. De hecho, llama la atención que, en debate mucho más importantes, y que nos afectan a todos, como el de la financiación singular o cupo catalán, no sólo no haya consulta, sino la más absoluta opacidad. Pero, eso sí, como con la OPA, aquí también haya política y populismo a raudales. Aunque, ésa es otra historia que debe ser contada en otra ocasión.
