Madrid
De un conjunto de dos decenas de monólogos pronunciados por representantes de posturas distintas sería utópico esperar algún tipo de acuerdo. Si, además, muchos de los intervinientes, presidentes autonómicos, van a participar 48 horas después en una manifestación contra el presidente del gobierno convocante, bajo el expresivo lema "mafia o democracia", parece imposible que simplemente no se magnifiquen las diferencias. Para redondear la cuestión, ni siquiera había el mínimo acuerdo en el orden del día. En consecuencia, parecía evidente que el único interés en todo esto era lo que los comunicadores llaman "ganar el relato".
Para convencer al público, lo primero es elegir el tema. Y aquí la sorpresa es el empeño del gobierno de España en hablar de vivienda. Precisamente el viernes publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) su estadística del primer trimestre de 2025, en el que el aumento del precio había sido del 12,3%, 1,2 puntos más que en el trimestre previo, y el mayor aumento en 18 años. Además, el precio de la vivienda ya acumula 44 trimestres consecutivos al alza. Por otra parte, como sabe perfectamente el lector, el alquiler residencial es cada vez más escaso, y las rentas exigidas cada vez más elevadas. El problema lo sintetizaba muy bien el director de El Economista, Amador G. Ayora, la semana pasada en su artículo: "En España se construyen cerca de 90.000 pisos anuales, mientras que la creación neta de hogares es del 180.000, justamente el doble. El propio Banco de España reconoce que el déficit de casas se sitúa entre 400.000 y 450.000 unidades sólo en los dos últimos años". Aquí estamos hablando de un fracaso, pero se dispone de un relato, de alguien a quién echar la culpa: los fondos buitre, los malvados propietarios que no les gusta que sus viviendas acaben "okupadas", y se pasan al alquiler turístico… e incluso las CCAA gobernadas por el PP que no aplican la solución mágica de limitar los precios de los alquileres.
Todo esto tiene mucho más de ideología que de una política efectiva para resolver ningún problema. Eso sí, de la misma ideología que aplicó el régimen franquista con la ley de alquileres de renta antigua, una normativa que no favoreció precisamente el desarrollo urbano. Como señalaba el economista, socialdemócrata, sueco, Assar Lindbeck, "aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes hasta ahora conocidas para destruir ciudades". Para resolver un problema tan real y grave como los elevados precios de la vivienda y su escasez, habría que hacer exactamente lo contrario de lo que se ha hecho: dar seguridad jurídica, favorecer la inversión en vivienda nueva, y especialmente construir más. Pero, por supuesto, como hemos dicho, no se trata de resolver problemas, sino de ganar un relato.
Sin embargo, de lo que no quería hablar el gobierno era de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómico tiene problemas de fondo, de inequidad, algunos de eficiencia, y, sobre todo, es complicadísimo de entender. Pero, el sistema ha permitido la financiación de la sanidad, la educación y otros servicios sociales, que prestan las Comunidades Autónomas. Eso sí, siendo un tema fundamental, el gobierno no lo incluyó en la agenda de la conferencia de presidentes. La razón, obviamente, era que no se quería tratar el proyecto de financiación singular, más y mejor conocido como "cupo catalán". Sobre esta cuestión, las consecuencias del acuerdo PSC-ERC, de "financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal de Cataluña", el profesor Jesús Fernández-Villaverde y yo, hemos publicado recientemente un libro, "La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía" (La Esfera de los Libros, mayo de 2025). Este acuerdo político entre el PSC y ERC pretende, como objetivo fundamental, un "aumento sustancial de la financiación de la Generalitat". La vía para conseguirlo es que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude la totalidad de los impuestos soportados en Cataluña, pactando, después, la aportación catalana a los gastos del Estado (el cupo catalán), que eso sí, a diferencia del régimen foral vasco-navarro, incluirá una aportación a la solidaridad.
Como exponemos en nuestro libro, estamos convencidos de que este acuerdo, bendecido reiteradamente por el gobierno de España, supondrá el cambio constitucional más importante desde 1978. Por eso, hay que abordar un debate serio y con cifras contrastadas, para poder evaluar sus consecuencias. Eso es lo que hemos intentado realizar el profesor Fernández-Villaverde y yo. Pero, la razón de que se quiera abordar esta cuestión es que, simplemente, ni el gobierno de España, ni la Generalidad de Cataluña disponen simplemente de un relato en el que confíen para podérselo contar a los españoles, especialmente a los que no viven en Cataluña. En el Parlamento autonómico catalán, Salvador Illa se había comprometido a defender el modelo de financiación singular, "porque creo que tengo razón en mejorar la financiación de Cataluña", frente a ERC y Junts que reclamaban no discutir esta cuestión en la conferencia de presidentes, porque, según ellos, "debía abordarse bilateralmente".
En la conferencia, Salvador Illa, en catalán, no explicó ni defendió la financiación singular, limitándose a pedir "revisar y reformar" el sistema de financiación autonómico. Finalmente, parece que Junts y ERC se salieron con la suya, porque ni el gobierno central ni el de Cataluña han explicado qué pretenden hacer con la financiación autonómica, ni de Cataluña ni de las demás Comunidades Autónomas, ni mucho menos cómo van a hacerlo. Lo decidirán "bilateralmente", es decir sin tener en cuenta a los ciudadanos, ni a los representantes de ninguna otra Comunidad Autónoma. De momento, en noviembre del año se cedió por primera vez a las CCAA la recaudación de un impuesto, el bancario, fuera del sistema de financiación. Y se hizo siguiendo el criterio de ordinalidad del acuerdo entre PSC y ERC. El resultado es que Cataluña se llevará más dinero, a costa de que, por ejemplo, Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha, entre otras se lleven menos, que si se hubiese incluido en el sistema de financiación. Esto, de momento, no lo ha explicado nadie, y ya está en vigor.
Esto es un anticipo de lo que ocurrirá con el reparto del resto de los impuestos, si se modifica el sistema de financiación para "mejorar la financiación de Cataluña", como prevé el acuerdo PSC-ERC. Por supuesto, no hay cifras, ni argumentos, ni previsión de consecuencias, pero por no haber, tampoco hay relato que sustente esta pésima idea de un cupo para Cataluña. Por eso, no sólo se ha optado por intentar que no haya debate, sino que se trata de sumir todo en la mayor oscuridad. Una vez me comentaron en el Congreso que el "cálculo" del cupo vasco era el secreto mejor guardado de la democracia. Sigo pensando respecto del cupo catalán, lo mismo que decía entonces sobre otros privilegios territoriales, y sobre otras muchas cosas: La opacidad total no es una garantía democrática, es la impunidad absoluta. Hágase la luz.