Madrid
El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) lleva pendiente de renovación desde el 31-12-2013, cuando, con la ley en la mano (DA séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre), habría que haberlo revisado o, como poco, desde el 31-12-2015, si nos atenemos a las liquidaciones definitivas de 2013, entregadas en junio de 2015. La ley no lo deja claro, pero, hace entre diez y doce años que debería haberse reformado. En lugar de acometer esta reforma del sistema, el Gobierno, para poder seguir en La Moncloa, pacta los aberrantes cupo catalán y condonación de deuda a Cataluña, que es injusto, insolidario e ineficiente, y que con el ordenamiento jurídico actual, es ilegal. Éstas son sus preocupaciones para la Conferencia de Presidentes de esta semana, donde no abordará la reforma del sistema de buen grado, sino obligado, y donde tratará de ocultar el sistema privilegiado que quiere conceder a Cataluña con el ofrecimiento irresponsable de la condonación de deuda.
El SFA, ha de ser reformado, y debería hacerse bajo estas premisas: 1. Negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Debe ser un acuerdo que surja de las 17 CCAA y 2 ciudades autónomas, evitando la experiencia previa, que se basó en un sistema negociado bilateralmente e impuesto al resto en el CPFF. Debe ser un Sistema claro y transparente y que acabe con dos graves problemas del actual modelo de financiación: la incertidumbre en su aplicación y los retorcimientos estadísticos que existen en el mismo para beneficiar a unas regiones sobre otras.
2. Las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deben calcularse con criterios justos y equitativos que midan el gasto necesario para prestar los servicios públicos. La población ajustada, en caso de que no se emplee la población real, debe obedecer a criterios técnicos, no políticos como sucedió en el pasado.
3. Deben establecerse criterios justos y actualizados para el reparto de los recursos de los impuestos que no se pueden territorializar en función de las declaraciones de los contribuyentes (IVA e Impuestos Especiales). Hay que pasar de un enfoque del gasto en la distribución del IVA a un enfoque renta, que es el que se utiliza de manera homogénea en el contexto internacional y para el que existen indicadores con menos retardo en la información y más afinados. Paralelamente, hay que construir indicadores más precisos sobre el consumo de tabacos e hidrocarburos, pues su evolución no se compadece con la de la actividad económica observada.
4. El nuevo Sistema de Financiación debe premiar a las Comunidades Autónomas que mediante su política económica, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y su austeridad en el gasto público, consiguen un mayor desarrollo económico y una mayor recaudación. En ningún caso debe penalizarse la bajada de impuestos, porque es un ejercicio dentro de su autonomía financiera recogido en la Constitución.
5. Debe ser un sistema que preserve la solidaridad entre todas las CCAA, que garantice que todos los españoles tienen asegurada una misma prestación de los servicios públicos esenciales.
6. Deben eliminarse los topes establecidos en los actuales recursos adicionales del Sistema de Financiación para beneficiar a unas Comunidades frente a otros. Por ejemplo: el límite de capacidad fiscal del fondo de competitividad que se fijó estratégicamente para limitar los recursos que debe recibir Madrid sin topar los de Cataluña.
7. Debe modificarse el principio de Lealtad Institucional de manera que se equilibre la posición de las Comunidades Autónomas en esta materia frente a la Administración General del Estado. Deben establecerse nuevas fórmulas de colaboración entre la AEAT y las Administraciones Tributarias de las CCAA, para aprovechar sinergias.
8. El SFA debe ser reformado para ser transparente, superando la maraña de fondos actuales, plagados de trampas estadísticas, diseñadas principalmente contra Madrid, Valencia y Murcia.
9. Ha de respetar la ordinalidad, es decir, que tras aportar a la solidaridad, la región solidaria no puede quedar detrás de la receptora, como ahora sí sucede, que nada tiene que ver con el cupo catalán, aunque los independentistas traten de asimilarlo para generar confusión. Por último, y como idea importante, debe acabarse con el statu quo, es decir, que el punto de partida de cada comunidad no puede ser, como mínimo, lo recibido actualmente por cada región.
Eso es lo que habría que hacer, y no conceder el concierto catalán ni condonar la deuda, que es una aberración, por la inseguridad jurídica y merma de credibilidad que genera, entre otras cosas, pero me temo que no se hará. Sin embargo, mucho me temo que el Gobierno no hará nada de esto y tratará de darle a Cataluña un sistema propio, tratando de disimularlo con una condonación de deuda que no se puede aceptar en ningún caso.
