Con la vista puesta en el inicio de agosto como la fecha en la que Trump parece que va a aplicar nuevos aranceles a distintos países o uniones aduaneras, como el anuncio que ha realizado para imponer un arancel del 30% a la UE, sigue la economía atravesando por un intento de regreso de medidas proteccionistas. El proteccionismo y sus prácticas tratan de abrirse camino de nuevo en el contexto internacional, con todo el efecto negativo que ello tendrá en la economía y el empleo. De esa manera, las restricciones al comercio y a la internacionalización de la economía son nocivas para el desarrollo económico, al frenar la actividad económica y el empleo. Cuando se implantaron en la segunda mitad del siglo XIX, generaron el caldo de cultivo de las dos grandes guerras del siglo XX. Por tanto, el proteccionismo es un peligro para el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad de todos los ciudadanos, pues impide el progreso y, con ello, la generación de actividad, puestos de trabajo y riqueza.

La concesión a Cataluña de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución. Todo ello es delirante. En cuanto a la petición de crear un régimen distinto al de régimen común, no puede tener cabida en nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las CCAA, pues al marco general de la LOFCA y al de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica, hay que unir la Constitución, que no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CCAA más allá de las del País Vasco y Navarra, recogidas en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

Pasan meses y no cambia el desastre de la política del Gobierno que lleva a la quiebra a la Seguridad Social, con el populismo de las mismas, donde no mira por la permanencia del sistema, sino que empuja el problema hacia delante. Dentro del endeudamiento, especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la Seguridad Social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es bien distinta. Para empezar, el fondo de reserva, conocido como “la hucha de las pensiones”, fue creado por Aznar, tras sanear la Seguridad Social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas (pesetas de 1996) y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.

Ahora que los contribuyentes hemos liquidado con Hacienda el ejercicio de 2024 en lo relativo al IRPF -aparte de estar pagando, todos los días, impuestos indirectos y realizar las empresas y autónomos múltiples liquidaciones mensuales o trimestrales- conviene recordar la asfixia tributaria a la que nos tiene sometidos el Gobierno. El sector público en general, y el gobernado por los intervencionistas, en particular, no deja de adoptar constantemente medidas de gasto público, donde se otorgan subvenciones, se compensan gastos de los agentes económicos y se priman unas u otras decisiones de los mismos. Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada sólo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir, así, la prosperidad labrada por los ciudadanos, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar. En este proceso, como ese gasto hay que pagarlo, porque no es gratis -nada es gratis-, lo financia el sufrido contribuyente. De esa manera, opera la redistribución de la renta, pero dicha redistribución ha sobrepasado todo lo razonable, cercenando el incentivo de mejora.