Barcelona
El Gobierno y la Generalitat dan forma a la financiación singular que sirvió para que ERC desatascara la investidura de Salvador Illa como presidente catalán. Ahora con el PSC al otro lado de la mesa, el Ejecutivo central ha pactado sacar de la caja común los impuestos de la autonomía, entre los que sobresale el IRPF, y llevará a la administración catalana a gestionar más de 25.000 millones de euros en impuestos.
Este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía y Finanzas) dieron forma al pacto, para el que todavía queda recorrido a ser formalizado. Hasta el momento que se modifique la ley, la gestión será compartida.
"Se trata de un acuerdo entre instituciones que permite hacer un cambio de paradigma muy importante en materia de financiación", celebró Dalmau en su comparecencia. "Pasamos de un modelo de gastos a uno de ingresos", comparó.
El pacto con Cataluña es extensible al resto de territorios españoles, que decidirían que grado de gestión de sus impuestos querrían para sus instituciones autonómicas. En el caso catalán, la Generalitat se decanta por recaudar y gestionar el 100% de los tributos generados en Cataluña, algo que podrían también hacer el resto de autonomías, aunque se deben acometer modificaciones legislativas.
"Será una mezcla entre la bilateralidad entre las necesidades catalanas y la multilateralidad del resto de autonomías", destacó Dalmau. El Gobierno central llevará su propuesta de financiación autonómica nacional después del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego sería las cortes generales las que deberían avalar el modelo definitivo, lo que dificulta su aprobación definitiva vista la escasa mayoría del Ejecutivo.
"El Gobierno de España lo que garantiza está garantizando es que tenemos la voluntad de actualizar el sistema de financiación, algo que se debería haber hecho en 2014", recordó Torres.
Sin embargo, para lograrlo deberían tener una administración tributaria propia, algo que no tienen muchas de ellas. Cataluña sí la tiene, aunque debería dotarle de más recursos y ver como trasladar los inspectores de la Hacienda estatal a la autonómica, algo que han rechazado hasta ahora. Por poner un ejemplo: la Hacienda catalana tiene 850 trabajadores y la Agencia Tributaria en el territorio supera los 4.000.
De este modo, la Generalitat presentará este mismo mes de julio el plan elaborado de la mano de Indra para dota de músculo a la Agencia Tributaria Catalana para que pueda realizar sus funciones. El estreno soñado sería para 2026, con la cesión del 100% del IRPF, aunque deberá trabajar a contrarreloj para poder gestionar tal cantidad de recursos y realizar las modificaciones necesarias de la ley de cesión de tributos y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Lo más probable, no obstante, es que no se llegue a esa fecha y se arranque con una política inicial de cogestión.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, desgranó los detalles del pacto, que fija "los cimientos de la financiación singular en el marco de la reforma del sistema". "Nos comprometemos a trabajar en el despliegue la Agencia Tributaria Catalana e impulsar los cambios legislativos necesarios", añadió.
El acuerdo implicará una cuota de solidaridad calculada "de manera transparente", aseguró Torres. Además, destacó que la "bilateralidad será compatible con la multilateralidad". "Este no es un sistema de privilegios", trató de insistir Dalmau.
ERC pide concreción; 'Junts' y PP, contra el acuerdo
Tras conocerse las bases del pacto entre Gobierno y Govern, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Y aunque varió el tono de la respuesta, como es obvio ninguna fuerza de la oposición aplaudió el acuerdo. La más comedida fue ERC, impulsor original de la financiación singular cuando estaba al frente de la Generalitat.
El portavoz de la fundación independentista, Isaac Albert, señaló que lo escuchado "suena bien en escenificación", pero necesita más concreción. El dirigente considera que el Gobierno "avanza arrastrando los pies" y remarcó que, para el partido, es imprescindible que se respete el principio de ordinalidad.
Más crítico fue Junts, en línea con lo que llevamos de legislatura. Antoni Castellà, diputado en el Parlament lamentó que, a su juicio, lo presentado este lunes "no es un nuevo sistema de financiación. Ni singular ni plural". El dirigente opina que el pacto es "muy decepcionante. y que de los 22.000 millones anuales de déficit fiscal "Cataluña no recupera ni uno".
Por último, el Partido Popular avisó que, de aprobarse, esta financiación singular supondrá una "asfixia" para el bolsillo de los españoles. "Estamos ante la compra del silencio de sus socios ante la corrupción, compra con el dinero de todos. Los socios quieren que Pedro Sánchez siga porque paga bien", dijo Borja Sémper, el portavoz popular.