Barcelona
El Gobierno y la Generalitat dan a conocer este lunes la llave de bóveda de la legislatura de Salvador Illa: el modelo de financiación singular para Cataluña pactado hace un año entre ERC y PSC. El ejecutivo autonómico lleva trabajando en el asunto desde hace meses con la máxima discreción, en coordinación tanto con ERC como con el Ministerio de Hacienda. El sigilo con que se ha movido el Govern, que en octubre del año pasado encargó el diseño del nuevo marco a un comité de expertos, ha impedido cualquier filtración.
Sin embargo, las líneas maestras contenidas en el pacto de investidura entre socialistas y republicanos dan suficientes claves y emparentan el esquema propuesto al concierto vasco y navarro. Según dicho documento, el modelo de financiación para Cataluña, bautizado como singular, conferirá a la comunidad la recaudación, gestión y liquidación de la cesta integral de impuestos generados en el territorio. Por tanto, homologará las competencias de la Generalitat con las de las comunidades forales.
Hoy, Cataluña solo recauda los impuestos propios, que generan magros recursos, y los impuestos cedidos, como Donaciones y Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, entre otros. Gravámenes como el IRPF y el IVA son gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña, aunque posteriormente se cede el 50% de recursos a la administración autonómica. Bajo el nuevo modelo, Cataluña ingresaría todo el dinero tributado por los contribuyentes en su territorio, si bien su implementación sería progresiva y se empezaría por el IRPF en 2026. Hacerse con la recaudación de la renta otorgaría a las arcas catalanas unos 12.000 millones adicionales. Esto implicaría que en febrero del próximo año debería ser la Generalitat quien empezara a efectuar las primeras retenciones.
Como contrapartida, el acuerdo contempla que la Generalitat pague al Estado dos importes: uno por los servicios que la Administración general presta en Cataluña y otro como cuota de solidaridad con el resto de territorios. Este último aspecto aleja el modelo propuesto para Cataluña de sus homólogos vasco y navarro, aunque está por ver cómo se calculará esta aportación solidaria. Este es el secreto mejor guardado de la singularidad catalana y el que ha activado las alarmas en el resto de España. De hecho, las baronías del PP, a las que también se ha sumado el PSOE castellano-manchego, llevan meses alertando sobre los efectos adversos que tendría para la sostenibilidad de los servicios públicos que Cataluña reduzca su contribución a la caja común.
Para mantener el actual nivel de gasto social, se deberían subir los impuestos, endeudarse o bien aplicar recortes, tanto a nivel autonómico como estatal. Sin embargo, los socialistas han hecho suyo el principio de ordinalidad defendido por el nacionalismo y pretenden aproximar la posición de salida y entrada de recursos de la comunidad en la nueva propuesta de financiación. Lo cual implica sí o sí una reducción de la solidaridad catalana al sistema.
'Opa' a los inspectores
Al margen de esta cuestión, hay voces que dudan de la capacidad de la Agencia Tributaria de Cataluña de monopolizar la recaudación impositiva en la región. En una reciente entrevista con elEconomista.es, Francisco de la Torre manifestaba que esto solo sería posible si se opaba al personal de Hacienda en la comunidad. Lo cierto es que la Agencia Tributaria autonómica debería cuadruplicar sus actuales efectivos para asumir toda la recaudación, como ha reconocido el Govern.
La propuesta de socialistas y republicanos no se ha pactado con el PP, pero tampoco está claro que cuente con el beneplácito de Junts. Los posconvergentes no formaron parte del bloque de investidura y, en este tiempo, se han desmarcado de la entente entre ERC y PSC. Dado que cualquier reforma de la financiación exige revisar varias leyes de rango estatal, empezando por la LOFCA, los votos de la formación de Carles Puigdemont son claves en el Congreso de los Diputados. Por tanto, el acuerdo que se presenta este lunes podría no ser la última versión de la singularidad anhelada por el independentismo.