Barcelona
El debate sobre la financiación autonómica ha resurgido con la propuesta de un modelo singular para Cataluña. Pero la implantación de esta singularidad, muy similar a la del País Vasco y Navarra, empeoraría las finanzas de las comunidades pobres y pondría en riesgo la lucha contra el fraude (incluso podría estimularlo). Así se argumenta en el libro La factura del cupo catalán, escrito al alimón por Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde. Al margen de las críticas, ambos economistas formulan una batería de medidas para mejorar el actual sistema de financiación, incluyendo un correctivo sobre el régimen foral.
La propuesta de financiación singular parte de la premisa de que Cataluña está infrafinanciada. ¿Es eso cierto?
Cataluña está financiada por encima de la media de acuerdo con los datos brutos, lo que pasa es que esta financiación está justificada porque, por una parte, han subido los impuestos frente a otras regiones que los han bajado. En segundo lugar, Cataluña tiene competencias que no tienen otras comunidades autónomas, como prisiones o los Mossos de Esquadra. Por tanto, también es lógico que esté mejor financiada. Dentro del sistema común, si uno mira los parámetros de población ajustada, esfuerzo fiscal y competencias homogéneas, Cataluña estaría en la media. Si uno mira el dato en bruto, estaría por encima de la media y no existe ninguna comunidad autónoma grande que tenga mejor financiación que Cataluña en términos per cápita. Entonces, ¿qué ocurre? Los problemas de deuda de Cataluña se deben a que ha gastado de más con respecto a sus ingresos. Por tanto, no es un problema de infrafinanciación, sino de exceso de gasto.
El Govern defiende que la singularidad catalana podría exportarse a otras comunidades.
Un modelo singular, copiado además del régimen foral vasconavarro, parece difícilmente exportable. Y luego hay una segunda cuestión: el dinero disponible no es ilimitado. Si uno de los objetivos del acuerdo entre PSC y ERC es una mejora sustancial de la financiación de la Generalitat, esto supone que el dinero debe salir de alguna parte. La idea de que todas las comunidades mejorarán su financiación solamente es posible con un aumento de impuestos, actual o futuro a base de déficit, o bien recortando allí donde se pueda, ya sea en las otras comunidades autónomas que no se apunten a este sistema singular o bien en la Seguridad Social. La Administración General del Estado no tiene suficiente gasto para financiar el modelo singular, por tanto lo que se estaría pidiendo en ese caso sería un recorte de las pensiones. No hay más opciones.
Insisten en que pese a que no se hable de un cupo catalán, ERC y PSC se inspiran en el funcionamiento del País Vasco y Navarra.
El esquema diseñado está basado en el sistema foral, en el cual la comunidad autónoma cobra la práctica totalidad de los impuestos y luego paga una aportación por su participación en los gastos generales. Hay una diferencia: en Cataluña habría una cuota de solidaridad explícita. Si se hace bien, este sistema reduce la solidaridad de los habitantes de una comunidad autónoma rica. Y, si se hace mal, acabas como el País Vasco y Navarra, que son comunidades ricas que no colaboran en absoluto en la solidaridad interterritorial y reciben ingresos del resto de los habitantes del territorio que, salvo en el caso madrileño, son más pobres.
¿Cómo se puede conjugar el principio de solidaridad con el principio de ordinalidad? En abstracto parece contradictorio.
La solidaridad consiste en que los más ricos hagan un esfuerzo para que los más pobres tengan mayores recursos. Por otra parte, la ordinalidad a priori consiste en que un señor que es más rico que otro no pase a ser más pobre después de la intervención del Estado. Este principio, que podríamos denominar de ordinalidad débil, parece medianamente razonable hasta que uno llega a la realidad. Por ejemplo: si yo gano más dinero que mi vecina, parece razonable que después de los impuestos yo siga ganando más que mi vecina. Pero si mi vecina es madre soltera, tiene tres hijos y además tiene un pésimo estado de salud, y yo no tengo hijos y estoy en perfectas condiciones, igual esto no es tan razonable. Con todo, este principio de ordinalidad débil se podría discutir. Pero el acuerdo entre PSC y ERC dice que lo que reciba Cataluña, debe ir en función de lo que aporte. Esto lleva al reparto de los impuestos en función del Producto Interior Bruto. Y eso sí que es contrario a la solidaridad. El impuesto sobre depósitos bancarios se reparte en función del PIB de las comunidades autónomas. Lo que no parece en absoluto razonable es que Madrid reciba mucho más dinero que Andalucía, aunque tenga menos necesidades de gasto y menos población que Andalucía. Si eso lo trasladas al conjunto del sistema de financiación, el resultado es simplemente aberrante. El problema es que no puedes establecer como criterio que la persona que aporte más deba recibir más. Nadie en su sano juicio puede pretender que Amancio Ortega tenga prioridad absoluta sobre los españoles que pagan menos impuestos que él. No lo pretende ni él mismo. Pues este es el criterio de ordinalidad fuerte, que cada comunidad reciba en función de sus aportaciones.
En ocasiones se argumenta que, en países como Alemania o Canadá, las regiones ricas no pierden tantos puestos al comparar el ranking de recaudación y el ranking de transferencias del Estado una vez redistribuidos los recursos.
En cualquier país federal, si uno saca la cuenta entre los impuestos federales recaudados en un estado federado y lo que se recibe, evidentemente los más ricos siempre salen perdiendo. En Baviera se recaudan muchos más impuestos que el saldo de cosas recibidas si se compara con los länder de Alemania del Este. Ese déficit también es brutal en California respecto al resto de EEUU. Lo que se está planteando es que una comunidad autónoma, en función de los impuestos recaudados allí, tenga que recibir más transferencias para afrontar sus gastos. Esto es irracional. Con el cupo sale ganando Cataluña, Madrid saldría ganando hasta el infinito y todos los demás saldrían perjudicados.
Veamos los números que se aplicarían al nuevo modelo singular. La diferencia entre lo que recauda la AEAT en Cataluña y los anticipos del Estado es del orden de unos 30.000 millones, pero en el libro restan conceptos como intereses de la deuda, Seguridad Social… y se llega a una diferencia de unos 8.000 millones, de la cual tendrían que salir tanto la cuota de solidaridad y los recursos extra. Tampoco es una cantidad excesivamente relevante, ¿no?
Y eso haciéndolo razonablemente bien. Pero la idea que se tiene es que se quiere la financiación del País Vasco y Navarra. Esa fue la reclamación de Artur Mas a Mariano Rajoy en 2014. El problema es que cuando uno le mete números a eso, supone casi duplicar la financiación per cápita en Cataluña. ¿Por qué esta diferencia? Porque el País Vasco y Navarra tienen en la práctica una aportación negativa. No es que no contribuyan, es que reciben recursos fiscales de los demás.
El acuerdo entre ERC y PSC fragmentaría la Agencia Tributaria estatal, ya que la agencia autonómica recaudaría todos los impuestos. ¿Cuáles serían los efectos?
La recaudación es mucho más fácil si se hace de forma centralizada porque la materia prima para recaudar impuestos es la información. Siempre que fragmentas una administración fragmentas sus bases de datos y fragmentas el conocimiento de sus empleados. Por tanto, esto tiene costes. El único país federal donde esto sucede es Alemania. Y Alemania tiene un coste de recaudación mucho más alto que España porque lo tiene fragmentado entre las agencias federadas de los länder. Además, consigues recaudar menos. Cada año, la Comisión Europea estima la brecha del IVA, que mide el fraude en la recaudación por falta de eficiencia. Esta brecha es más elevada en Alemania y también es más elevada en el País Vasco y Navarra, porque también está fragmentada.
¿Habría otros efectos adversos?
Dejarían de percibirse muchos servicios. Por ejemplo, hacer las rentas normales es muy fácil porque todos los datos los tiene la Agencia Tributaria y el sistema es una maravilla. Uno pasaría a tener un sistema como el norteamericano, en el cual no solo tienes que presentar una declaración de renta a nivel federal, sino en cada estado donde hayas obtenido ingresos. Como consecuencia tienes mucho peor servicio, tardas meses en recibir tu devolución. Fragmentar todo esto implicará más declaraciones para los contribuyentes. No se llegará al caso extremo americano, donde hay contribuyentes presentando 40 declaraciones de renta, pero las empresas tendrán que presentar más declaraciones y tendremos peores servicios. Que alguien me explique si todo esto merece la pena.
¿Podría asumir este rol la Agencia Tributaria de Cataluña?
Es imposible que la Agencia Tributaria de Cataluña se pueda encargar de esto.
Pero en 2026 se quiere gestionar la campaña de la renta desde Cataluña.
El IRPF es la mitad de la recaudación del sistema. O sea, es el principal impuesto. Esto solamente se puede hacer con una OPA hostil a la delegación especial de la Agencia Tributaria en Cataluña. Me consta que los inspectores y el resto del personal de la casa, en su inmensa mayoría, no quieren que los traspasen. Esto es un problema adicional de una enorme importancia para que se pueda empezar el 1 de enero a gestionar el IRPF directamente por la Agencia Tributaria de Cataluña. Al final, un sistema fiscal vale en la medida en que vale la administración tributaria que lo tiene que gestionar. Y una administración tributaria fragmentada y con un personal trasladado forzosamente vale mucho menos que una administración tributaria normal.
Al final del libro plantean varias medidas para mejorar el modelo actual de financiación. ¿Cuáles son las más importantes?
El sistema hay que simplificarlo drásticamente. No puedes tener cinco fondos que vayan en distintas direcciones. En segundo lugar, tienes que adaptar los parámetros del sistema a la situación actual, porque hay comunidades infrafinanciadas por no actualizar los datos. En tercer lugar, hacer los ajustes de forma más rápida. Si una comunidad autónoma decide subir o bajar impuestos, el efecto de repercusión debería ser inmediato. Y luego, aunque no sea muy popular, hay que calcular con más claridad e ir aproximando los resultados del régimen foral al régimen común. El País Vasco tenía un déficit de pensiones de 4.500 millones de euros en 2022. Lo que no puede ser es que esa cuantía no esté incluida en el cupo y seamos los demás quienes estemos pagándola. El sistema actual de financiación tiene problemas, pero dinamitarlo con el cupo para Cataluña es un desastre para todos, incluyendo los catalanes.