
Los últimos datos publicados de inversión extranjera inciden en lo que viene siendo una tónica a lo largo de los siete años de gobierno del presidente Sánchez, ya que muestran claramente que la inversión empresarial ha disminuido desde que él llegó al Gobierno. Era de esperar que se diese tan preocupante acontecimiento, debido a que el Gobierno ha adoptado decisiones con las que ha sembrado la inseguridad jurídica, y no hay nada peor para la economía que no tener claras las reglas en las que se va a desarrollar la actividad económica, porque la incertidumbre que ello conlleva retrae las inversiones a realizar ante la duda de que vaya a cambiar la normativa en algún momento de la inversión, con el perjuicio que acarrearía para el inversor correspondiente, de manera que los empresarios se lo piensan dos veces antes de volver a invertir en España.
Esa inseguridad jurídica es la que ha ido espoleando con múltiples subidas de impuestos; con la creación de tributos específicos para determinados sectores por mero populismo; de intromisión en las decisiones empresariales, ya sea entrando en el capital de grandes multinacionales para nombrar al presidente, ya sea empleando consultas populistas para eludir su responsabilidad ante una OPA; con el ataque al sector empresarial casi constantemente; con el intento de control de la Justicia, que acabaría con la separación de poderes; con el cupo catalán, que debilita a la economía española; y, por supuesto, con el aumento de la presunta corrupción que introduce desconfianza a la hora de invertir si no se sabe si para ello personas ligadas al poder van a exigir las llamadas "mordidas", como están investigando la Justicia y la UCO. Todo ello, hunde la inversión empresarial.
Ahora bien, esa desconfianza de la inversión extranjera con la política económica del Gobierno se ha ido acrecentando, pero desde el principio desconfió de él. De hecho, nada más llegar ya se produjo un deterioro en la inversión extranjera en España, perdiendo de un trimestre a otro más de 3.000 millones de euros, pero se podría pensar que podía ser fruto de venir de alguna operación especial de inversión anterior. Sin embargo, los datos de la evolución de la inversión extranjera en España de los últimos casi siete son demoledores, como puede observarse con los datos del primer trimestre de 2025 (último dato publicado). Se queda en la quinta parte de los que se recibían trimestralmente en el momento en el que Sánchez llegó al Gobierno: en el IITR-2018 se recibían 20.083,40 millones de euros; ahora, en el ITR-2025, se han recibido 4.067,17 millones de euros.
Es decir, que ha disminuido en 8.496,41 millones en términos intertrimestral, que es un descenso de 3.372,52 millones si hablamos en términos interanuales, que alcanza el descenso ya comentado de 16.339,72 millones respecto al momento en el que Sánchez llegó al Gobierno en 2018. La dialéctica no vence a todas las adversidades sino que los hechos se imponen. Han sido siete años de muchas equivocaciones en política económica: el pacto con los independentistas se paga; forzar las normas por RDL no es ortodoxo; y el populismo presupuestario, con dos ejercicios sin presupuestos y un tercero que parece que tampoco los tendrá, ataca a la economía. Y los presupuestos que ha tenido han sido contraproducentes, pues han elevado el gasto de manera desaforada, con múltiples medidas equivocadas. Ligar las pensiones a la evolución del IPC incrementa el gasto de manera insostenible, lo mismo que aumentar el gasto público sin límite, al igual que subir el salario mínimo casi un 60% desde que gobierna, que genera desempleo y expulsa inversiones o impide que vengan, porque las empresas tienen que soportar alrededor de 1.000 euros más al año por trabajador en costes laborales -una importante parte es Seguridad Social- que nos hace ser menos competitivos, de forma que la inversión extranjera busca otros destinos, empobreciéndonos.
Si a ello le unimos la intensa subida de impuestos, la generación de miedo y desconfianza en la economía no puede ser peor. Esto merma la confianza en España como país. Y mermar la credibilidad como país es mermar la inversión que pueda llegar a España, como ya hemos comprobado que sucede con estos datos. Eso repercute directamente en la actividad económica y el empleo, que, de seguir así, comenzarán a caer más, y, por tanto, en la prosperidad de España. Cuesta mucho recuperar la confianza de inversores y agentes económicos, pero muy poco destruirla, destrucción que Sánchez se ha propuesto hacer con mucho esmero y que ya va consiguiendo, al iniciar el hundimiento del tejido productivo. Esta pérdida de confianza de la inversión extranjera ha sido la tónica de los últimos siete años de gobierno. Ahora, recuperarla, será un trabajo ímprobo que tendrá que realizar el próximo Ejecutivo.