La inseguridad jurídica es un punto clave a la hora de que las empresas españolas decidan hacer negocio en América Latina. Según un informe elaborado entre IE Business School y Llorente y Cuenca, la falta de seguridad jurídica en la región afecta al 30% del volumen de negocio de las empresas que operan en la región. Este fue uno de los temas que se abordaron estos días en el X Encuentro empresas Multilatinas, celebrado en Santander, en el que las empresas presentes en la región mostraron su experiencia a la hora de llevar a cabo su actividad en la región.
Según el informe Violent Crime and Insecurity in Latin America and the Caribbean: A Macroeconomic Perspective, elaborado por el Fondo Monetario Internacional, el coste de la violencia supone el 7% de las ventas de las empresas de la región, entre ellas muchas españolas, ya que nuestro país es el segundo socio inversor en América Latina, por detrás de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe del FMI, factores como la seguridad jurídica, la estabilidad civil y el fortalecimiento del Estado de derecho pueden ser determinantes para explicar el rendimiento económico de los países latinoamericanos con menor puntuación en el Indicador Mundial de Gobernanza del Banco Mundial.
En este contexto, naciones como Colombia, México o Venezuela han mostrado una persistente debilidad en aspectos como la estabilidad política y el respeto al marco legal. En contraste, países como Chile y Argentina han logrado acercarse en sus indicadores a los niveles observados en Europa.
Las empresas presentes en estas jornadas creen que la seguridad jurídica les ayudará a colaborar en la transformación de la región, ya no solo en materia de transición energética o digital, sino también en su desarrollo humano.
Varios estudios estiman que la escasez de seguridad puede lastrar entre medio punto y un punto al PIB regional.
Para Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, "América Latina necesita una reconstitución institucional que difícilmente surgirá dentro de los propios países, los acuerdos económicos son la clave para alcanzar una situación de seguridad." En este sentido, resaltó el acuerdo de libre comercio entre la UE -Mercosur, a la espera de que los 27 lo aprueben, puede impulsar esa seguridad jurídica en la región.
En este sentido, todas las empresas presentes en el panel estuvieron de acuerdo en la necesidad de garantizar un marco jurídico y de seguridad ciudadana que les permita desarrollar sus negocios en la región sin que esto complique sus inversiones.
La causa es compartida por pequeños negocios y grandes empresas: el impacto humano y financiero que generan la violencia organizada y las extorsiones. De hecho, según una encuesta de la Cámara de Comercio Americana, muchas compañías llegan a destinar hasta un 10?% de su presupuesto a medidas de protección y seguridad.
La directora de Relaciones Institucionales Global de Telefónica, Natalia Moreno, aseguró que la transición energética, la digital y la social en la región "tienen que ir de la mano". La directiva reiteró que "ese es nuestro gran desafío para la región" y "tenemos una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar".
En este sentido, la seguridad jurídica juega un papel fundamental en la acción que dichas empresas llevan a cabo en los países de América Latina.
Por su parte, el Director de Asuntos Públicos de Iberdrola, José Manuel Rodríguez, puso en valor el papel del Global Gateway, es decir, la estrategia de la Unión Europea para impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y del transporte, así como para fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación a nivel mundial, para llevar a cabo este contacto entre las empresas españolas y los gobiernos de la región.
Aún así, José Manuel Rodríguez puso en relieve que a la hora de llevar a cabo un proyecto, la burocracia a la hora de obtener permisos que puede ascender "entre cuatro a 10 años de espera para un proyecto de renovables".
Natalia Moreno reiteró que "los planes están, tenemos los proyectos, pero falta la implementación". Más del 70% de los países de América Latina tiene proyectos de digitalización y de transición a renovables, pero el cortoplacismo de los poderes políticos son, a veces, un freno a estos proyectos.
"Los planes de digitalización necesitan una visión de largo plazo, más largo que una legislatura, a cada cambio de gobierno, hay una revisión de los planes de digitalización, con modificaciones de condiciones, y nosotros necesitaríamos pactos de Estado, una visión más de largo plazo", aseguró Moreno.
En líneas generales, los ponentes coincidieron, en que lo que los problemas presentes en la región en cuanto a seguridad jurídica y ciudadana están más que estudiados. Pero en palabras de Manuel Aguilera: "sabemos qué hay que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo".