América Latina tiene un lastre del que puede librarse. Una reducción de la violencia que amenaza a las sociedades de la región podría tener una repercusión positiva y directa sobre su capacidad económica. Una homologación completa de los índices de criminalidad con respecto al nivel internacional supondría un crecimiento de medio punto porcentual en el índice del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.
Estas son las conclusiones del último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el panorama económico de una región en la que se encuentra casi la mitad de las víctimas de homicidios intencionales del mundo, pese a representar el 8% de la población global. Esto supone un nivel de violencia cinco veces mayor que en América del Norte y 10 veces más que en todo el continente asiático.
Los índices de la seguridad jurídica y civil y la consolidación del Estado de derecho pueden convertirse, según el informe del FMI, en las claves para entender los éxitos y fracasos económicos de los países latinoamericanos con menor puntuación en Indicador Mundial de Gobernanza del World Bank Group. Colombia, México o Venezuela han registrado en los últimos años un estancamiento en los bajos percentiles de estabilidad política y de cumplimiento de la legalidad y la seguridad jurídica. Otros países como Chile o Argentina han logrado igualar sus índices a los de los países de Europa.
Traducida en términos numéricos, la magnitud de la violencia cobra tal relevancia que el estudio del FMI atribuye la causa de una desaceleración económica en la región del 0,14% al aumento de la tasa de homicidios en hasta un 30%, al mismo tiempo que teoriza sobre cómo una reducción de la criminalidad genérica podría aumentar e impulsar la actividad económica hasta hacerla crecer hasta un 0,5%.
Costes directos
A parte de la indeterminada relación causal que exista entre la violencia y la capacidad económica de los países latinoamericanos, el Fondo Monetario Internacional asegura que el coste de la lucha contra la criminalidad se va incrementando a medida que esta carece de soluciones. Es decir, que si un país no invierte lo suficiente en seguridad, se podría crear un agujero del 3,5% del PIB en su economía. Desglosado, esto supone que cada vez que el índice de delitos y actos violentos aumenta un 1% el Estado tendrá que subir el gasto en esta materia un 0,2% anual, restándoselo a otras partidas.
Estos datos entran en sintonía con los publicados en 2012 por el Banco Mundial, que estimó en un 8% las dimensiones del agujero que el crimen había socavado en el PIB en algunos de los países más violentos de la región, mientras que advirtió de cómo la reducción de la violencia en un 10% sanaría esa herida con la expansión de su economía en hasta un 1% anual.
El gran coste económico para tratar de escapar del ambiente de violencia se prolonga a otros aspectos de la vida social y doméstica latinoamericanas, de manera que el gasto total que los hogares de la región destina a los servicios de seguridad representa el 1,37% del PIB, mientras que el 1,5% del PIB está destinado al sistema judicial, servicios policiales y la administración de prisiones, según los datos del informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
Afectación empresarial
El rastro del crimen organizado se cierne sobre las grandes corporaciones, que sienten de manera directa las altas tasas de violencia indicadas por el FMI. La poca seguridad que sienten los empresarios mexicanos de alto nivel ante la constante presencia de los cárteles hacen mermar el rendimiento económico de sus negocios.
El coste es directo. El cobro de las extorsiones, los secuestros e incluso los asesinatos convierten a estos líderes empresariales en "rehenes de los grupos criminales". Así se expresó ante Associated Press el presidente de la federación de Cámaras empresariales, Julio Almanza, quien pasó de ser "rehén" a víctima mortal de un homicidio en Heroica de Matamoros perpetrado por dos sicarios.
El asesinado empresario del Estado Tamaulipas había denunciado cómo la falta de seguridad policial ante la presencia de las pandillas impulsó el cierre de 192 tiendas y siete gasolineras afincadas en la ciudad de Nuevo Laredo. Pertenecían a una de las corporaciones más importantes del país, Oxxo, del grupo Femsa, acostumbrado ya a las presiones que sufrían sus gasolineras con respecto a la distribución del combustible. No pudieron soportar, sin embargo, el secuestro de dos de sus empleados con el objetivo de que los establecimientos actuasen como vigilantes y les proporcionase información privilegiada a la banda.
El motivo es común a lo que sufren tanto los pequeños comerciantes como las grandes corporaciones: el coste humano y económico de la violencia organizada y de las extorsiones. La mayoría de empresas destinan hasta un 10% de su presupuesto en medidas de seguridad, según una encuesta publicada por la Cámara de Comercio Americana.
Tal y como recopiló el informe de Associated Press, las respuesta de las autoridades ante la mayor demanda de seguridad por parte de los empresarios no es proporcional a la magnitud del problema, pues "coloca la responsabilidad a las empresas".