Bilbao
Con el objetivo de ayudar a las empresas a responder y adaptarse a este nuevo escenario en el comercio internacional, desde KPMG hemos elaborado una guía para mitigar el impacto de los aranceles de Estados Unidos en sus balances. Se han planteado dos fases complementarias: una primera, centrada en reaccionar con agilidad y otra en la que será necesario redefinir la estrategia.
Las empresas exportadoras o importadoras deben asumir que el entorno en el que operaban ha cambiado. Para adaptarse, necesitan conocer el impacto en su negocio. Es clave identificar los aranceles que les afectan, saber quién debe pagarlos y controlar su efecto según el valor, clasificación y origen del producto, cumpliendo la normativa aduanera.
Un ejemplo de cómo llevar a cabo este análisis sobre el valor de un producto es estudiando las condiciones de entrega de dichos envíos y, si procede, desglosar costes como el transporte o el seguro internacional, porque en algunos países estos elementos no deben tenerse en cuenta como base para el cálculo del valor en aduana en el país de importación y, por ello, es una posible vía de reducción de los aranceles.
El impacto de los aranceles se traduce en menos rentabilidad. Por eso, las compañías deben adaptar su estructura financiera, evaluar su capacidad productiva y prever una posible caída en las ventas. Además, teniendo en cuenta el impacto en las cadenas de valor, deberán revisar dónde compran, fabrican y venden, y valorar si cambian de proveedores o mercados, planificando a corto y largo plazo sin tomar decisiones drásticas todavía.
En la reconfiguración de las cadenas de valor se debe prestar especial atención al compliance ya que se abre una ventana de seguridad para cometer fraudes al ser más difícil rastrear los pagos. Se debe extremar la diligencia a la hora de seleccionar nuevos proveedores, colaboradores o aliados asegurando que cumplen con los requerimientos legales y de la compañía en materia de integridad, legitimidad, estabilidad, reputación y seguridad.
Serán clave los precios de transferencia entre filiales de distintos países. Se deberá aplicar un enfoque económico y fiscal que asegure un reparto de beneficios coherente con la nueva realidad. En este contexto, algunos acuerdos con proveedores o clientes pueden dejar de ser rentables y requerir revisión.
Por otro lado, el aumento de los aranceles sube los precios y reduce la competitividad frente a las alternativas locales. Muchos exportadores se verán obligados a revisar su estrategia de precios y posicionamiento para no perder cuota de mercado.
A medio y largo plazo, las empresas deberán introducir cambios en su modelo operativo. Reubicar parte de su producción en países con menores barreras arancelarias, explorar alianzas estratégicas y diversificar mercados serán claves para mantener la competitividad.
Se pueden estudiar soluciones fiscales como los regímenes aduaneros suspensivos (una exportación que se quede exenta de aranceles siempre se cumplan ciertas condiciones) o las zonas francas (cuando las mercancías son objeto de reexportación posterior) para intentar rebajar la factura arancelaria.
Hay sectores que están más expuestos, como la automoción, donde se debe priorizar la producción en aquellos mercados con un arancel más flexible. Se deberá valorar la posibilidad de establecer alianzas, aprovechar las ayudas al vehículo eléctrico y diversificar en la cadena de suministros para reforzar el abastecimiento propio.
La industria deberá adaptar su producción a la demanda y reestructurar su cadena priorizando países con menores aranceles. También será importante contar con una base amplia de proveedores y optimizar la cadena logística.
Por último, en el sector consumo y retail será clave ajustar márgenes y reorganizar la red de proveedores para repartir el impacto arancelario. También se deberán identificar los productos clave en el mercado estadounidense, seguir de cerca su demanda y revisar la cadena logística.
En lo que respecta a la revisión de los contratos, aquellos suscritos con la Administración Pública en sectores como el farmacéutico o el de infraestructuras, deben tener un tratamiento diferencial, ya que habrá que determinar si es posible aplicar conceptos como el factum principis, que permite restablecer el equilibrio económico dentro de un contrato ante causas imputables a la Administración o la fuerza mayor, que exonera de su cumplimiento ante causas impredecibles o inevitables.
El Gobierno de España ha lanzado un 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial' dotado de 14.000 millones de euros. Contempla la ampliación de programas ya existentes, así como la creación de nuevos mecanismos de financiación. Las empresas deberán permanecer atentas a las convocatorias y seleccionar aquellas que mejor encajen con sus necesidades.