Barcelona
El Govern convalida este miércoles el tercer y último suplemento de crédito para oxigenar sus arcas públicas, lastradas por unos presupuestos prorrogados que constriñen el margen de maniobra de la Generalitat. El camino para llegar a esta votación no ha sido fácil: el PSC ha tenido que esmerarse para conseguir el apoyo de ERC y los comunes, sus socios de investidura, a cada uno de los trozos en que se ha fragmentado el suplemento —se han aprobado tres decretos ley por valor de 2.168 millones, 1.301 millones y 468 millones—.
En total, esta inyección de recursos dotará a la administración autonómica de casi 4.000 millones adicionales con que sufragar el gasto ordinario —incluyendo la subida del 2% de los salarios de los funcionarios— y las partidas sociales que, de haberse actualizado las cuentas públicas, habrían tenido más peso en el esquema de gasto [ver infografía]. Esta operación ha sido posible gracias al crecimiento de un 3,6% de la economía catalana, que ha hecho que los ingresos de la Generalitat se incrementen más de un 14% con respecto al año anterior. Para aprovechar este afluente, el único instrumento disponible era un suplemento de crédito.
Las negociaciones de los últimos meses han servido para articular un conato de tripartito con posibilidades de mantenerse durante el mandato de Salvador Illa. Al menos eso es lo que piensan los socialistas, para desagrado de las organizaciones empresariales que preferirían que el PSC buscara alianzas ocasionales con Junts e incluso el PP. Así lo manifestó el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una reciente entrevista con elEconomista.es.
Pese a ello, los equilibrios políticos a tres bandas en el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno alejan este escenario. En las tres plazas, los acuerdos entre socialistas, republicanos y comunes son clave para sacar adelante cualquier política. En el caso del ejecutivo español, se exige además el concurso de los posconvergentes en el Congreso de los Diputados para dar luz verde a la agenda gubernamental.
Precisamente, Junts criticó ayer la entente entre PSC, ERC y los comunes para sacar adelante el tercer suplemento de crédito. La portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, consideró que supone "la constatación que el tripartito funciona a pleno rendimiento". "Queda demostrado que los tres partidos firmaron un acuerdo para la investidura de Salvador Illa que, en realidad, era un acuerdo de legislatura", declaró. Sea o no cierto, la rúbrica de esta especie de presupuestos B de 4.000 millones ha puesto las bases de un entendimiento a largo plazo entre los partidos de izquierda.
A diferencia de los tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla, esta entente no pasa por un reparto de consejerías —si bien los socialistas mantuvieron en el cargo a decenas de alfiles de los independentistas pese al cambio de color político—, pero sí por la cesión por parte del PSC en asuntos vitales para sus socios. En el caso del partido de Jéssica Albiach, la vivienda. En el de la organización de Oriol Junqueras, el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y el traspaso de Rodalies.
Los agentes sociales, orillados
Aunque el PSC haya tenido que deglutir algunas medidas con mayor o menor agrado, o bien postergar decisiones complejas para sus aliados —véase la ampliación del aeropuerto de El Prat—, finalmente se ha creado una triple asociación política que confluye en dos aspectos: aumentar el gasto público en carpetas sociales y mantener e incluso elevar la presión fiscal. En el primer aspecto, destacan entre los acuerdos sonsacados por republicanos y comunes aquellos relacionados con las políticas de vivienda pública, el refuerzo de la educación, el impulso de las renovables, las ayudas para los agricultores y la ampliación de los efectivos de la Hacienda catalana.
Estos elementos dibujan las prioridades del Govern y, previsiblemente, tendrán continuidad en los presupuestos de 2026, cuyas negociaciones se iniciarán en otoño. De hecho, algunas de las partidas pactadas no se circunscriben a este ejercicio, sino que su ejecución se distribuirá a lo largo de varias anualidades.
También se aprovechó el segundo tramo del suplemento para encajar parte del plan de ayudas contra los aranceles que, por el momento, está en stand-by a la espera del desenlace de las negociaciones entre EEUU y la Unión Europea. Este programa asciende a 1.500 millones de euros, la mayoría en créditos y avales. En el caso del tercer tramo, los republicanos arrancaron nuevos compromisos en el ámbito de la ATC, que elevará sus nuevas plazas hasta las 200 (solo se habían anunciado 40), y de la transferencia de Rodalies, con la exigencia de constituir la nueva empresa mixta Generalitat-Estado antes del 30 de junio.
Por otro lado, los sucesivos acuerdos para cada uno de los tramos han venido acompañados de medidas fiscales. Sobresalen dos: la subida de la tasa turística en Cataluña y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este movimiento ha sentado mal en los círculos empresariales, que se habían conformado con el mantenimiento de la fiscalidad actual en Cataluña pero no esperaban alzas impositivas.
No ha sido la única crítica de los agentes sociales. El pasado lunes, el ejecutivo organizó un acto público que contó con la presencia de Foment, Pimec, UGT y CCOO. En parte, sirvió como desagravio de la poca incidencia que tanto patronales como sindicatos han tenido en el diseño del suplemento de crédito. Unos y otros han logrado algunos hitos, como medidas de simplificación administrativa y compromisos de gasto en el Pacto Nacional por la Industria (PNI), aunque menos lucidos que los obtenidos por los socios de los socialistas. "Valoramos positivamente las medidas acordadas, que son importantes, pero nos hubiera gustado que fueran más ambiciosas y en el marco de unos presupuestos", resumió Belén López, secretaria general de CCOO.