Barcelona
En una sorprendente alineación, Salvador Illa se colocó como el candidato preferido del empresariado en las elecciones autonómicas de mayo de 2024. Doce meses después, el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, hace balance del primer año del dirigente socialista.
"La llegada es positiva", sostiene, pero sí lamenta las subidas de impuestos que han cogido por sorpresa al sector, la inacción en carpetas como el aeropuerto o la necesidad de abrir miras a la hora de buscar socios. Los deberes, no obstante, no solo van para el PSC, también para Junts o el Partido Popular.
En la última asamblea de Foment planteó varias críticas al Govern. ¿Había demasiadas expectativas?
La llegada al Govern del presidente Illa es, desde nuestro punto de vista, positiva. Se han consolidado las buenas relaciones con el Gobierno y resuelto el conflicto existente, que había traído consecuencias negativas para Cataluña. Al mismo tiempo, se ha conseguido un clima de estabilidad institucional y política que ha motivado el regreso de empresas que se habían ido con el procés. Dicho esto, también quiero incorporar aspectos negativos, que hemos denunciado y que creemos que no contribuyen a que Cataluña pueda liderar la política económica española. Habíamos aceptado que no habría rebajas de impuestos en los primeros años, pero habíamos entendido que no existirían subidas. Sin embargo, las primeras medidas fiscales han sido el incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales y subir un 100 % la tasa turística. Y lo que es más grave: la intervención de precios en los contratos temporales de alquiler, algo que, a nuestro juicio, es socializar la propiedad privada.
Estas medidas son aplaudidas por sus socios, ¿el problema es la dependencia de ERC y Comuns?
Es cierto que existe un pacto de investidura con partidos de izquierda, pero también es cierto que para practicar una política económica competitiva y convertirse en la locomotora de la economía española, el Govern tendría que buscar alternativas políticas para poder consensuar aspectos económicos. Y la solución, lógicamente, pasa por Junts y el Partido Popular. También hay que pedir al resto de formaciones que, cuando haya un planteamiento económico, remen en la buena dirección. Illa tiene la experiencia y capacidad suficiente para aplicar políticas sociales, en las que estamos de acuerdo, con los partidos de izquierda y buscar alternativas en las políticas económicas. Estaríamos delante de una legislatura poliédrica si quiere tener la capacidad para poder sacar adelante todas sus propuestas.
Ustedes hablan de infierno fiscal, pero la consellera de Economía, Alicia Romero, dijo esta misma semana que la presión fiscal catalana está 3,2 puntos por debajo de la media europea...
Si comparamos la presión fiscal que existe en Cataluña con otras comunidades, la diferencia es clara. Cataluña tiene 15 impuestos propios que no tienen el resto de las autonomías, por lo que la diferencia, de entrada, es espectacularmente negativa. Nos gustaría que el Govern cambiase esta hoja de ruta que nos puede llevar al decrecimiento. Cuando ves la tributación de Madrid o Andalucía, vemos que hay una diferencia muy grande.
¿Qué impuestos urge usted a retocar o eliminar porque estarían segando la competitividad?
En el ámbito español hablaría del impuesto a las grandes fortunas, que la Generalitat podría bonificar y no lo hace. Otro impuesto que sufren muchos catalanes frente al resto de España es el de sucesiones. Entendemos que no se puede eliminar del todo, pero pedimos que, en el caso de los familiares de primer grado, hubiera un tipo máximo del 4 o 5 % y no del 25 % como sucede ahora. Al mismo tiempo, la Generalitat tendría que deflactar el impuesto de la renta a las personas físicas, que no lo ha hecho. Tendría que equipararlo al resto de comunidades. Y es que Cataluña necesita una reforma fiscal interna para ser más competitiva con los impuestos cedidos. No tiene sentido que el ITP en Madrid o Andalucía sea el 7 % y en Cataluña esté entre el 12 y el 20 %. Y después: si queremos liderar la política económica española, es necesaria inversión y que los directivos que quieran instalarse y quieran vivir en Cataluña tengan la misma presión fiscal que en otras ciudades españolas.
La gran carpeta de la legislatura es la financiación singular. ¿Qué opinión tienen del pacto de ERC y PSC?
Hay una premisa que nunca ha sido rebatida por ninguna formación: en los últimos 15 años en Cataluña existe un déficit inversor de infraestructuras de 42.000 millones de euros. Por eso es necesario que se ejecuten las inversiones y, al mismo tiempo, reclamamos una inversión complementaria de 1.500 millones de euros al año para compensar este déficit. También planteamos que, si no se ejecuta el 100 % de las inversiones, el remanente pase a la Generalitat para que lo pueda ejecutar. Sobre la financiación singular: no puede ser que este sistema lleve más de 10 años caducado. Por lo tanto, valoramos positivamente el acuerdo entre ERC y el PSC porque entendemos que un sistema de financiación como el pactado disminuiría el déficit de inversiones. El tema de las infraestructuras para nosotros es fundamental y sí: creemos que este nuevo sistema mejorará sustancialmente el sistema de financiación que tenemos. Por ello, objetivamente nos parece correcto.
¿Y los riesgos de romper la Agencia Tributaria?
Foment siempre ha defendido que una Agencia Tributaria catalana mejoraría y sería más eficiente y eficaz porque vería los problemas de más cerca. Lo que me llega del País Vasco es positivo, por lo que entiendo que sería un paso más de cara a la modernización del Estado.
Hablando de proyectos concretos: el aeropuerto. La Generalitat prometió que haría una propuesta de la ampliación en marzo y estamos en mayo...
Aquí, al presidente Illa se le ha acabado el tiempo. Le pido valentía y coraje para tirar adelante este proyecto con el que está comprometida una parte muy importante de la sociedad. Y no es una amenaza, es un respaldo. Tendrá el respaldo de Foment y le acompañaremos hasta el final, porque Barcelona y Cataluña no pueden perder la conectividad con el mundo. Si no tenemos la ampliación, entraremos en una etapa de decrecimiento, que es lo que quería Ada Colau.
Otra de las propuestas más potentes de la legislatura es el plan para construir 50.000 viviendas públicas a 2030. ¿Es viable con el sector de uñas?
Lo vemos bien y lo vemos viable si hay disposición de suelo. Pero, además de estas 50.000 viviendas, hay que levantar otras 150.000 o 200.000 más privadas. Y hay que hacerlo posible, porque en Barcelona ahora mismo no hay ninguna grúa. La reserva del 30 % de vivienda protegida tiene que desaparecer y tenemos que convencer a Junts y a Collboni. Hablaremos con las diferentes formaciones para que se pongan de acuerdo para lograrlo.
¿Se pueden acometer todas estas propuestas sin presupuestos?
Este ejercicio se financiará con las ampliaciones de crédito, que son unos presupuestos prorrogados bastante correctos, y en 2026 ya tendrá que sentarse a negociar unos presupuestos.