En España, como en muchos sitios, no se puede entender la economía ignorando la situación política y sus consecuencias. Y, por supuesto, tampoco se entiende la situación política ignorando el estallido de los casos de corrupción que afectan al partido en el gobierno, el PSOE. En general, la corrupción, en sentido estricto, se hace por dinero. Pero, si se compara con las grandes magnitudes económicas, el efecto no parece relevante. Lo que ocurre es que la corrupción es como un iceberg, la parte visible es sólo una pequeña parte de la realidad. Aun así, salvo que nos encontremos con un Estado completamente corrupto, que no es el caso de España, los efectos económicos directos no deberían ser tan importantes.
Lo que ocurre es que la consecuencia más directa de los casos de corrupción es que acentúa la debilidad política del gobierno. Y eso, a su vez, trae consecuencias políticas y económicas, directas e indirectas. En un régimen de opinión pública, las consecuencias políticas de un caso de corrupción dependen fundamentalmente, no tanto de la magnitud real de un caso de corrupción, sino de que el público lo entienda. Y eso no sólo afecta a las consecuencias políticas sino incluso a las condenas penales. Por ejemplo, la desastrosa, y en ocasiones corrupta, gestión de las antiguas cajas de ahorro nos costó decenas de miles de millones de euros a los españoles. Pero, las condenas más graves se produjeron por un tema menor, las famosas tarjetas "black" de Bankia y Cajamadrid. Estamos hablando tanto de condenas penales, como de que muchas personas que no recuperaron su prestigio social. El coste total de las tarjetas "Black" fue de 15 millones de euros a lo largo de dos décadas. El coste del rescate, solo de Bankia, incluso descontando lo que se ha podido recuperar después, es más de mil veces superior.
En los últimos casos de corrupción, hay partes más complicadas que otras, y como siempre, la más cuantiosa es la que menos se entiende. Aquí tenemos tanto corrupción por los ingresos públicos, como por los gastos públicos, y cuantitativamente la más relevante es la que se refiere a los ingresos. Todos tenemos en la cabeza que cobrar una comisión por adjudicar una obra pública es corrupción. Y por supuesto, siempre supone que la obra le salga más cara al erario público. No estamos hablando sólo de que el empresario aumente el precio de la obra para incluir la comisión. Además, lo incrementará aún más, en lo que podríamos denominar una "prima de riesgo", porque la operación es ilegal. Por otra parte, la capacidad de negociación de la administración queda reducida a cero, con lo que siempre se acaba pagando más vía imprevistos, "reformados" y conceptos similares. Con todo, el efecto indirecto es aún peor, ya que los contratos públicos no se asignan a los más eficientes, sino a los más corruptos.
La corrupción en los ingresos no es el simple fraude fiscal, en el que un contribuyente no paga los impuestos que debería pagar. Aquí de lo que estamos hablando es de las tramas de defraudación, que ahora se han trasladado al sector de los hidrocarburos. Aunque el tema es complejo, el principio fundamental es muy simple, quedarse con todo o parte del IVA (y a veces incluso del impuesto especial) que pagan los clientes cuando llenan el depósito de sus vehículos. Los impuestos indirectos como el IVA o el impuesto especial de hidrocarburos, se les cobran a las empresas para que se los repercutan a los consumidores. Si el IVA se cobra a los clientes, pero no se ingresa, se produce una competencia desleal, con un daño inmenso al erario público. Como se puede vender más barato, se puede vender mucho, y la pérdida recaudatoria (de la que en parte se beneficia el cliente) es astronómica. A veces incluso, se consiguen devoluciones de IVA que no se ha ingresado. Todo este tipo de esquemas acaban siendo sistemas de meter la mano en la caja del Tesoro Público, algo mucho más grave que el simple fraude fiscal, como ya explicaba en mi primer libro "¿Hacienda somos todos?" (Debate 2014-2022).
Desde casi cualquier punto de vista, es mucho más grave defraudar decenas o cientos de millones de euros, que corresponden al IVA, o incluso, el impuesto especial, que pagan los clientes, que colocar a una "amiga" con un contrato temporal en una empresa pública, pero es menos "pornográfico", y se entiende menos. Y por esa razón, las consecuencias políticas y sociales son también menores. Por eso, las consecuencias políticas han llegado cuando la corrupción más simple se ha hecho más visible.
Todo esto lastra la acción del gobierno, ya que lo deja en mano de sus "socios", es decir de los partidos que le prestan el imprescindible apoyo parlamentario. La agenda del gobierno se ve, no ya comprometida, sino simplemente imposibilitada. Ahora mismo, ya nadie cree que puede haber presupuestos antes de las próximas elecciones, sean cuando sean. Esto llega a tener hasta consecuencias internacionales. Como no se puede incrementar sustancialmente el gasto en Defensa sin presupuestos, que además serían simplemente imposibles de aprobar con este aumento, y la correlativa reducción de otras partidas, entonces se recurre a vetar el aumento. Esto choca con los intereses de nuestros socios en la OTAN, y de la administración Trump, y no saldrá gratis.
La otra consecuencia de esta debilidad es que los "socios" exigen ya todos los compromisos que asumió el Partidos Socialista, tanto para la investidura de Sánchez como para la de Salvador Illa, como presidente de la Generalitat. Junts y ERC han aprovechado la extrema debilidad del gobierno para exigir la "cesión de la totalidad de los impuestos recaudados en Cataluña a la Generalitat", es decir el cupo catalán en su versión de máximos, el próximo 1 de enero. Las consecuencias, tanto sociales como políticas y económicas de acelerar una pésima idea, las pagaríamos todos, incluyendo la inmensa mayoría de los catalanes. Por eso, Jesús Fernández- Villaverde y yo escribimos, La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los libros, mayo de 2025).
Además de que es una exigencia constitucional, sería conveniente para la economía tener presupuestos. Y, por supuesto, la financiación autonómica necesita una reforma, pero en la dirección correcta. Pero toda situación es susceptible de empeorar, y conceder un cupo acelerado y de máximos, a la Generalidad de Cataluña descoyuntaría el sistema fiscal, con las inevitables consecuencias de aumento muy importante del fraude y peores servicios a los contribuyentes (honestos). Esta cesión al chantaje, además, no es aceptable democráticamente, y si se aprobase, debería revertirse de inmediato por el siguiente gobierno que elijan los españoles.
En resumen, en estos momentos, si me permiten el símil, el gobierno está montado en una bicicleta que se encamina hacia el abismo, pero si deja de pedalear se cae. Si continúa pedaleando, cada vez más rápido, el impacto puede ser mucho peor que caerse ahora, y no solo para el PSOE y sus dirigentes, sino para el conjunto de los españoles. Si no es posible cambiar de dirección, entonces habría que parar cuanto antes mejor, por el bien de todos.