Opinión
El pasado martes, el gobierno impuso un requisito adicional a los establecidos por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. Era más que previsible que esto iba a ocurrir, al menos desde que la CNMC pasó a fase 2, estudio en profundidad, esta operación de concentración empresarial. Esta decisión abría la posibilidad de que el Ministerio de Economía elevase la operación al Gobierno, que podía, legalmente, modificar los requisitos de la CNMC. Lo que ha sido una sorpresa ha sido la condición impuesta, la prohibición de fusionarse, con la correlativa obligación de mantener la autonomía operativa, del banco adquirido, durante tres años, prorrogables a cinco.