Madrid
El próximo viernes 6 se reunirá la conferencia de presidentes en Barcelona. Una reunión del presidente del gobierno con los 17 presidentes autonómicos, o los que quieran ir, siempre es un acontecimiento. Otra cuestión es que sea el foro oportuno para encarar los desafíos que tienen los españoles. Hay dos razones, una es el enrarecido ambiente político. Muy probablemente, varios de los presidentes autonómicos que acudan a la reunión estarán 48 horas en una manifestación, convocada por el PP contra el gobierno socialista bajo el eslogan "mafia o democracia". En estas condiciones, el que haya el más mínimo acuerdo en cualquier cuestión parece algo quimérico.
La segunda razón es que no sólo no ha habido trabajos previos, sino que ni siquiera había el más mínimo consenso en la agenda. Los gobiernos de las comunidades del PP querían incluir la financiación autonómica, el gobierno central se negaba, y finalmente, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, no se ha opuesto a incluirla, aunque "no confía en un debate serio". Creo que Illa tiene razón porque de momento no ha habido ningún tipo de debate serio, ni la más mínima transparencia, sobre el proyecto de "financiación singular" de Cataluña, desde que se pidió permiso a los militantes de ERC, los únicos que han tenido derecho a voto en esta cuestión.
Quizás lo primero que no sea serio es que no se hable de financiación autonómica en una conferencia de presidentes, que se celebra una vez al año. La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas depende fundamentalmente de los ingresos de los que dispongan. Y buena parte de sus ingresos dependen del sistema de financiación autonómico, cuya reforma lleva pendiente desde 2014, hace once años. Además, esto afecta sustancialmente a los ciudadanos porque todas las Comunidades Autónomas prestan los servicios públicos de sanidad, educación y muchos otros servicios sociales como la dependencia. La calidad de estos servicios públicos depende evidentemente, aunque no sea el único factor, de su financiación. Por eso, y aunque no estuviese pendiente la cuestión de la financiación singular o cupo para Cataluña, vetar esta cuestión no se entiende, o quizás se entiende demasiado bien.
Para tener un debate serio sobre cualquier tema económico, hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre, y además hay que poner cifras, y hay que explicar de dónde salen. Por eso, el profesor Jesús Fernández-Villaverde y un servidor hemos titulado nuestro libro sobre este proyecto de financiación singular, "La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía" (La esfera de los libros, mayo de 2025). En nuestro libro, lo primero que justificamos es que el modelo propuesto en el acuerdo PSC-ERC y avalado por el gobierno del PSOE es un sistema de "concierto o cupo" a la vasco-navarra, y pretende unos privilegios cuya factura pagaremos todos los ciudadanos.
El pasado jueves, la consejera de economía de Cataluña, Alicia Romero, en una conferencia en el Consejo General de Economistas, señalaba que el nuevo sistema no se tratará de un «concierto», al estilo vasco o navarro, ya que supondrá la permanencia de Cataluña en el régimen común de las comunidades autónomas, pero con la comunidad autónoma recaudando los impuestos que se generan en el territorio y aportando una parte a la financiación de los servicios que presta el Estado y también a la solidaridad con el resto de autonomías, pero respetando la «ordinalidad» (recibir recursos en la misma medida en que los aporta).
Si una Comunidad recauda todos los impuestos en su territorio y posteriormente paga una contribución para la financiación de los servicios que presta el Estado, entonces el sistema a lo único que se parece es al régimen foral vasco-navarro. Como no hay otro sistema similar en el mundo, estamos ante un "cupo catalán". Por supuesto, los presidentes autonómicos del País Vasco y Navarra presumen de que ambas comunidades contribuyen a la solidaridad inter-territorial, aunque la realidad sea bien distinta. Como demostramos con datos en nuestro libro, el País Vasco y Navarra, segunda y tercera comunidad más ricas (en términos de PIB per cápita) no sólo no aportan a la solidaridad interterritorial, sino que perciben recursos fiscales del resto de contribuyentes de España. Por poner el ejemplo más obvio, el elevado déficit de pensiones en estas comunidades se financia a cargo de transferencias de la Administración del Estado, que se nutre de los impuestos del resto de los españoles, pero no de los contribuyentes vascos y navarros.
Lo más sorprendente de la conferencia de Alicia Romero estuvo en la insistencia en que buscan una financiación singular "generalizable", a la que puedan optar el resto de Comunidades Autónomas. Esto parece un oxímoron porque lo es. Lo singular deja de serlo si se generaliza. Pero, seamos serios, la única forma en la que Cataluña, como las demás Comunidades de régimen común puedan gestionar los grandes impuestos sería absorbiendo las correspondientes Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal Tributaria en su territorio. Evidentemente, esto aumentaría los costes de gestión del sistema, complicaría mucho la vida al contribuyente e incrementaría el fraude, como ocurre, no sólo en el País Vasco y Navarra, sino en el único país federal que tiene (para su desgracia) este sistema que es Alemania. El coste de la opa hostil de la Generalidad catalana a la Agencia Tributaria es muy superior al que muchos políticos creen, pero si se generaliza a todas las CCAA, sería simplemente inasumible porque sería dinamitar por completo el control fiscal.
¿Quién ganaría con un sistema de cupo generalizado si no existiesen estos tremendos costes de ruptura del sistema fiscal? Pues resumiendo las conclusiones de nuestro libro, Madrid ganaría mucho, Cataluña un poco, y todas las demás Comunidades perderían. Con este panorama, probablemente la idea sería vetar la opción para Madrid, por los supuestos "privilegios" de capitalidad, aumentando, además, su "contribución a la solidaridad", como ha propuesto el Cercle d'economia, y que Cataluña sea la única autonomía con una "financiación singular, que avance hacia la plena soberanía fiscal" (como señala el acuerdo PSC-ERC). Todo esto resulta muy complicado de digerir para los ciudadanos del resto de España, y también para los demás presidentes autonómicos. Por eso, se entiende que no se quiera hablar del tema, con el pretexto de que todavía no ha entrado en vigor. El problema es que cuando ya esté funcionando muchos perjuicios serán muy complicados de revertir. Además, algunas cuestiones ya se han puesto en marcha. El reparto de la recaudación del impuesto bancario ya sigue el criterio de ordinalidad (en la versión fuerte del acuerdo PSC-ERC). Que se reciba en función de lo aportado es la negación misma de los principios de solidaridad y progresividad de diversos preceptos de nuestro texto constitucional. Pero, unas cifras lo dicen todo, Madrid se va a llevar un 32% más de dinero que Andalucía, aunque tiene un 25% menos de población. ¿Esto les parece serio? A mí no, aunque sea madrileño y escriba estas líneas en la capital.
