Madrid
El viaje oficial del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a China no iba a sentar bien a la administración Trump. Pero, todas las acciones tienen consecuencias, también la guerra arancelaria iniciada por el presidente norteamericano. Lo primero que parece olvidarse en esta cuestión es que la Unión Europea es una zona de libre comercio, con lo que la política comercial, y especialmente el arancel es común. Por eso, la única autoridad para reducir o aumentar los aranceles es la Comisión Europea. Un barco que llega al puerto de Barcelona paga el mismo arancel por cada categoría de productos, que en cualquier otro puerto europeo. Si eso no fuese así, se producirían enormes distorsiones en un mercado de europeo, que dejaría de ser único, con un gravísimo perjuicio a los intereses generales. Por eso, el viaje de Sánchez hay que entenderlo en el marco de la política europea. Y obviamente, cuando a Europa y especialmente a China se le cierra el mercado estadounidense, es inevitable que se busquen alternativas, aunque no gusten.
En este ambiente, el primer contacto de alto nivel entre España y Estados Unidos, desde que Trump fue elegido presidente, fue la visita, el pasado martes, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al secretario del Tesoro norteamericano (equivalente a un ministro de Hacienda), Scott Bessent. El comunicado resumen de la reunión por parte norteamericana fue frío, duro y poco diplomático. Las quejas norteamericanas se concentraban en dos cuestiones. La primera de ellas era el escaso gasto en defensa de España, "en el contexto de la OTAN". Esto tiene poco que ver con las competencias del secretario del Tesoro, pero, además, dada la política exterior de Trump, no parece que Estados Unidos se fuese a beneficiar de un mayor gasto en defensa de España. Es cierto que la industria armamentística norteamericana es la más avanzada del mundo. Sin embargo, buena parte del material no puede ser utilizado libremente por los adquirentes. Esto no sólo es una cuestión de contratos, sino de un mantenimiento que sólo puede proporcionar Estados Unidos, o incluso la capacidad de bloquear el imprescindible software, o la información de forma remota. Cuando Trump decidió negar la información de inteligencia a los sistemas anti-misiles que había proporcionado a Ucrania, esto tuvo consecuencias en forma de bajas civiles ucranianas de los misiles rusos, y también de la confianza en Estados Unidos y el armamento que proporciona.
Pero, Estados Unidos tenía que reprochar algo, y evidentemente España, en este contexto mucho más inseguro e incierto, tiene que aumentar la capacidad operativa de sus fuerzas armadas, por su propio interés, y el de nuestros socios europeos. En ese sentido, haríamos bien en aumentar el gasto en defensa, aunque no seguramente de la forma en que a la administración Trump le gustaría.
La segunda queja de Estados Unidos es también bastante paradójica. Según señala el comunicado "El secretario también subrayó la continua oposición de Estados Unidos al impuesto sobre los servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias." Aquí sorprenden varias cuestiones. En primer lugar, el impuesto sobre determinados servicios digitales recaudó en 2024, 375 millones de euros, es decir una cuantía ridícula para preocupar a la primera potencia mundial. Además, el tipo impositivo es de un 3% para algunos servicios, que efectivamente sólo afectan a unas cuantas grandes compañías. Pero, después de introducir aranceles generalizados mínimos del 10% a casi todo el mundo, y un 20% en Europa, quejarse de un impuesto focalizado del 3% es simplemente sorprendente, y que ésa sea la segunda prioridad, después del gasto en defensa, es un tanto insólito.
Lo más insólito de todo es que España, y los demás países que aplican un impuesto de este tipo, conocidos como tasas Google, se comprometieron políticamente con Estados Unidos en 2022 a eliminar estos impuestos. La contrapartida era que lo harían cuando entrasen en vigor los acuerdos para que algunas multinacionales pagasen un impuesto mínimo, en el ámbito del marco ampliado de la OCDE, conocidos en jerga como Pilar I y II. En concreto, como explico en mi libro "Y esto, ¿quién lo paga?" (Debate 2023), el Pilar I pretendía que las multinacionales tecnológicas, "ganadoras de la globalización" tributase una parte de sus ganancias en las "jurisdicciones de mercado", es decir donde vendían. En una de sus primeras órdenes ejecutivas, Donald Trump retiró a Estados Unidos de los acuerdos de fiscalidad internacional de la OCDE, los pilares, cuyo primer promotor fue, irónicamente, Norteamérica.
Si Estados Unidos estuviese dispuesto a repartir una parte de la tributación que obtiene de los beneficios de las empresas que más ganan del mundo fuera de sus fronteras tendría más legitimidad para exigir la derogación de estos impuestos. De todas formas, es posible que las multinacionales norteamericanas paguen menos impuestos a nivel mundial en el futuro, por la sencillísima razón de que la política comercial de Trump puede recortar sustancialmente sus beneficios.
Pensemos en el caso del fabricante de aviones Boeing. La principal queja sobre barreras no arancelarias se refiere a las subvenciones a su principal competidor, Airbus. Esto, en otro ambiente, se podría discutir. Sin embargo, los efectos de la política comercial exterior de Trump serán mucho peores para Boeing que ninguna subvención europea a Airbus. Hace unos días conocimos que China ha dado orden a sus aerolíneas que no acepten la entrega y cancelen todos sus pedidos, a fabricantes norteamericanos, el más importante de los cuáles es Boeing. Ésta es una pésima noticia para todos, y no sólo para Boeing, porque deja varios mercados mundiales en prácticamente un monopolio, y eso siempre significa subidas de precios.
En resumen, soy partidario de que Europa asuma su propia defensa, y creo que, en esa cuestión, la Administración Trump lleva razón. Por otra parte, el impuesto sobre determinados servicios digitales es una "solución" muy imperfecta para la tributación de algunas multinacionales, que acaba pagando el consumidor. Es preferible, con mucho, cualquier solución que avance hacia que las multinacionales tributen, al menos una parte de sus ganancias, en los países donde obtienen los beneficios y no en el país de nunca jamás. Pero, ninguna de las dos cuestiones creo que sean las prioridades más importantes entre España y Estados Unidos. La prioridad esencial debería ser recomponer los vínculos trasatlánticos y el comercio global.
No sólo hay que recomponer el comercio entre Estados Unidos y Europa, amenazados por los aranceles trumpistas, sino también, hay que reconducir la escalada sin precedentes de sanciones y aranceles, a niveles de embargo, entre China y Estados Unidos. Son los dos países con las economías más grandes del mundo, por lo que esta guerra comercial descontrolada lleva a un fracaso económico colectivo. Evitarlo debería ser la prioridad, y no otra.