BBVA ha realizado una primera cata de las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa en su consejo de administración. Carlos Torres se inclinaría por seguir adelante frente a las reticencias de gran parte de los integrantes del máximo órgano de administración, más favorables a retirar la oferta sobre Banco Sabadell después de que el Ejecutivo haya vetado la fusión para que ambas entidades continúen operando de manera autónoma durante tres años, ampliables a cinco.
La dispar visión se pulsó en la reunión que celebró el consejo de administración el pasado miércoles y donde no se sometió a votación alguna, aunque sí lo hizo para una emisión de deuda, según indican a elEconomista.es fuentes al corriente del encuentro. La intención de la entidad sería convocar una nueva reunión, previsiblemente para este viernes o el próximo lunes.
El objetivo final de la opa es fusionar ambos bancos, pero BBVA habría asumido como escenario que la integración tardase un tiempo en producirse para ahorrarse el extraprecio que conlleva ahora el nuevo impuesto de la banca, y evitarse el quebradero de cabeza de sacar el banco de Cataluña después del fuerte rechazo empresarial y político sufrido en la región.
La diferente opinión en el seno del consejo pivota sobre las medidas exigidas por el Gobierno, con un calendario tan extenso. Torres vivió de cerca el intento de fusión entre Endesa e Iberdrola que finalmente se abandonó. El Gobierno de Aznar en aquella época impuso unas condiciones que dejaban a la eléctrica resultante de un tamaño menor que cualquiera de las dos que participaban en la unión. Tiempo después y tras la venta de Endesa a Enel, muchos de los directivos que estaban en la empresa concuerdan en que la operación debió seguir adelante. Con ese aprendizaje, Torres podría estar ahora mismo en la opción de seguir con la operación.
La agencia Bloomberg, precisamente, ha afirmado que una mayoría de los directivos del banco estarían a favor de seguir adelante con la operación, aunque dependería de que consiguieran el apoyo de sus grandes inversores. Según esas fuentes, los ejecutivos aún confían en que se puedan conseguir los ahorros deseados por la fusión, aunque sea más tarde y más lentamente de lo esperado.
Las posturas reacias a continuar con la operación piensan en los remedies impuestos y la incertidumbre sobre su concreción ya que el Gobierno no ha dado un recetario tan específico de medidas a aplicar y cuáles no. La resolución del Consejo de Ministros insta, por ejemplo, a proteger el empleo y que no se reduzcan plantilla y la financiación a pymes y empresas de tamaño medio, sin que prohíba expresamente despidos o cerrar sucursales. Sí veta ajustes vinculados con la operación de compra.
El grupo presidido por Carlos Torres podrá cambiar su consejo de administración, pero cada entidad tendrá que preservar su personalidad jurídica, patrimonio separado, y autonomía en la gestión.
Esa individualidad incluye adoptar de manera autónoma decisiones sobre la política de financiación del crédito y financiación, especialmente a pymes; en materias de recursos humanos, la red de oficinas y sus servicios bancarios, y la obra social a través de sus respectivas fundaciones. A los tres años, se evaluará la eficacia de esta condición y el Gobierno determinará si añade otros dos años al plazo de las medidas o las levanta.
BBVA comunicó al instante que evalúa su impacto, sin cerrar la puerta a retirarla o recurrirla en los tribunales. El banco siempre ha defendido la lógica de la transacción, pero contaba con la fusión para obtener 850 millones de euros en sinergias de ahorros, que se ven comprometidas con las condiciones del Gobierno. En teoría habrá que esperar a que expire la vigencia de su paraguas para poder materializarlas.