Madrid
La reforma de la financiación autonómica sigue cogiendo polvo en las estanterías. El actual modelo, que nació en 2009, debería haberse revisado en 2014, pero no fue abordado ni por ni por Mariano Rajoy ni por Pedro Sánchez. Ninguno de los dos se atrevió a desempolvar el modelo de financiación durante sus mandatos.
El tema volvió a saltar a la palestra tras las elecciones del 23-J, ya que el PSOE y Sumar quieren reeditar el gobierno de coalición y están buscando apoyos entre los nacionalistas para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente por el Congreso. Precisamente, una de las exigencias de los nacionalistas catalanes es que se reformule el sistema de financiación autonómico. Una reivindicación a la que se han unido otras regiones, gobernadas todas por el PP, denunciando el posible "trato de favor" hacia Cataluña.
Lo cierto es que gran parte de las Comunidades Autónomas achacan numerosos fallos de forma al actual modelo. Entre los puntos calientes está el tema de la gestión de impuestos cedidos. La norma actual penaliza a las regiones que rebajan estos tributos ya que establece un concepto denominado "Recaudación normativa de tributos cedidos y tasas".
En resumen, el Estado calcula lo que las Haciendas regionales deberían recaudar con los impuestos que gestionan (Tramo autonómico del IRPF, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos y Patrimonio o el Juego) para aportar a la cuenta común. Tras eso, deberán ingresar a la Hacienda estatal el 75% de esa cifra teórica, lleguen o no a alcanzarla. Esto lo que provoca son dos cosas: que pierdan capacidad de financiación si bajan impuestos. Y luego, lo poco que recauden, deberán transferirlo al Estado. Por consiguiente, muchas deberán endeudarse para garantizar los servicios básicos.
Para hacer ese cálculo referenciado, la actual ley de Financiación Autonómica toma un año base de recaudación (en algunos casos el 2007, en otros el 2009 o incluso el año 1995). A partir de esa referencia, se aplica una forma de evolución temporal teórica. El economista de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Martínez López, aseguró en un informe que en el actual sistema de financiación "las recaudaciones normativas distan de un diseño adecuado".
El experto reiteró que, salvo en el caso del IRPF, en el resto de tributos y tasas cedidas "dichas magnitudes se fijaron sobre lo que se recaudaba hace años y se actualizan con índices de evolución más o menos generales". De hecho, ya en 2016, el experto en financiación autonómica y local de Fedea, Ángel de la Fuente, elaboró un estudio en el que establecía que la actual configuración de las recaudaciones normativas "adolece de notables limitaciones conceptuales".
Así, según la liquidación de 2021, presentada recientemente por el Ministerio de Hacienda, prácticamente ninguna comunidad autónoma recauda lo que se le exige, dejando un agujero fiscal de 4.793 millones de euros. Esto provoca grandes distorsiones en las cuentas públicas autonómicas y las que más dañadas salen son las que rebajan sus tributos.
Madrid incumple en IRPF y Andalucía en Sucesiones
El caso de Madrid es el que mejor muestra este desvío en las cuentas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se abandera de ser el que más impuestos ha rebajado, debería ingresar con el impuesto de la renta 13.200 millones aproximadamente pero, según los datos de Hacienda, se quedó en 12.500 en 2021. Es decir, deja un agujero de 690 millones. En el caso del impuesto de donaciones y sucesiones cuadran las cuentas y en el ITP AJD el descubierto es más de 344 millones.
Pero Madrid no es la que más distorsión genera en el caso del impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino Andalucía. La comunidad gobernada por Juanma Moreno Bonilla tiene un vacío de casi 106 millones con respecto a lo que el Estado estima que debe recaudar.
Por su parte, la comunidad autónoma más cumplidora es Cataluña ya que, además de presentar un superávit en la recaudación por IRPF de más de 420 millones de euros, consigue llegar a recolectar todo lo que el Estado le exige en los demás conceptos tributarios cedidos, salvo en el caso del impuesto sobre el juego, donde ninguna comunidad cumple con sus obligaciones. Pero aquí hay que determinar un matiz, ya que los juegos on-line no computan en la recaudación.
Así, los expertos determinan que el actual sistema de financiación y recaudación está anticuado. Argumentan que está caduco porque la teoría sobre los tributos y la recaudación normativa tiene más de cuatro décadas y el modelo es del 2009, por tanto, no se ajusta a los cambios coyunturales vividos desde entonces, tales como crisis económicas o financieras, una pandemia o la invasión de Rusia a Ucrania.
Por tanto, son numerosos los que dicen que es necesario que haya una armonización fiscal basada en unos tipos mínimos fijos en unos impuestos concretos para que así no haya "dumping" fiscal entre comunidades vecinas.
