La facción de Junts dispuesta a negociar con el PSOE (contraria a los irredentos de ese partido que se oponen a todo contacto con Madrid) ya ha definido con más claridad al PSOE sus exigencias para apoyar la hipotética investidura de Pedro Sánchez, con importantes cambios en lo que respecta a la vía para llegar a una consulta en teoría "no vinculante" que permita ampliar el autogobierno catalán.
La línea que traza ahora Junts gana en complejidad con respecto a lo que sus planteamientos iniciales permitían entrever. La nueva iniciativa ya no habla de reformar el Estatuto de Autonomía vigente, para después posibilitar una consulta en la que los catalanes votarían directamente si quieren o no ampliar su autonomía.
Ahora Junts quiere que se elabore un Estatuto nuevo por completo que abre un camino más sinuoso hacia la consulta. En concreto, lo que los catalanes votarían sería ese nuevo Estatuto en bloque. Y, entre las disposiciones aprobadas del recién redactado texto legal, finalmente figuraría el derecho que se le confiere a la Generalitat para pactar con el Gobierno central una consulta en la que se abordaría la ampliación de la autonomía catalana, el objetivo al que Junts quiere llegar.
Según las fuentes consultadas, la redacción de este capítulo no establecería mayores concreciones. En consecuencia, quedarían por definir aspectos como los plazos que la Generalitat tendría para hacer esa solicitud a Moncloa. Tampoco se definirían los tiempos a la hora de poner las urnas.
Junts muestra así cierto posibilismo en lo que respecta a no demandar en este momento la celebración de un referéndum de autodeterminación. Una votación de ese tipo exigiría recurrir a mayorías muy reforzadas en el Congreso para así reformar la Constitución. Concitar un consenso de ese tipo es imposible en el Parlamento actual.
Una mayoría alcanzable
Por el contrario, elaborar un nuevo Estatut que incluya el derecho a celebrar una consulta soberanista no vinculante (no un referéndum) sí es viable contando con el apoyo de los partidos nacionalistas y del PSOE (ya el PSC, por boca de Salvador Illa, aseguró recientemente que "no habrá autodeterminación pero sí tendrá lugar una consulta a los catalanes"). Ahora bien, las pretensiones de Junts en este ámbito son mucho más ambiciosas de lo que el rótulo "consulta no vinculante" da a entender.
En el partido secesionista tienen claro que, si en la hipotética votación, aflora una mayoría proclive a incrementar la autonomía catalana, resulta imposible que el Gobierno central haga oídos sordos a esta pretensión, y tendrá que buscar vías para satisfacerla.
En segundo lugar, en la formación secesionista están seguros de que el acceso a la Presidencia del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido actuará como mecanismo de desactivación de todos los recursos que puedan presentarse contra las pretensiones de los independentistas. El escenario en el Tribunal de Garantías, con una mayoría de jueces progresistas y el liderazgo de Conde-Pumpido, es el opuesto al que presentaba el Tribunal en 2009, cuando el PP recurrió varios capítulos del Estatut entonces reformulado y logró que quedaran derogados. Junts cuenta así específicamente con la muy alta posibilidad de que el Constitucional no actúe como cortafuegos de las concesiones que consiga arrancar al PSOE.
En paralelo, Junts plantea matices en cuanto a su la pretensión inicial de una reforma del sistema de financiación autonómica de régimen común. El anhelo de que dote a Cataluña de un recurso semejante al concierto vasco, y le garantice un mayor volumen de inversiones estatales en territorio catalán sigue en pie.
La posible quita
Ahora bien, el equipo de Puigdemont ve más factible en el corto plazo que Moncloa transija con una quita en los 70.000 millones de euros que Cataluña debe a la Administración central, tras beneficiarse durante años de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de otros mecanismos semejantes creados con motivo de la crisis de deuda europea de 2012.
En este ámbito, las fuentes consultadas aseguran que Junts es "tajante" en la exigencia de que haya una condonación del pasivo, lo que implica que el Estado tendrá que asumir el endeudamiento que Cataluña ya no está dispuesto a devolver.
Tampoco será fácil en este caso que los afines a Carles Puigdemont se salgan con la suya La posibilidad de una quita es el aspecto de la propuesta de Junts al PSOE que más ha circulado en las últimas semanas y son varios los Gobiernos autonómicos que ya se han sublevado contra ese trato de favor.
Amnistía para los 'dos bandos' que excluiría al 'expresident'
Junts sigue buscando fórmulas jurídicas que permitan exonerar a todos los encausados por el referéndum ilegal del 1-O sin que se trate de una amnistía propiamente dicha. Para ello, el partido independentista quiere vender ese perdón como un beneficio para los independentistas, pero también para los constitucionalistas.
Cabe recordar que hay policías nacionales y guardias civiles que fueron denunciados por supuestos abusos en las cargas que llevaron a cabo en la mañana del 1 de octubre. Sea cual fuere la fórmula definitiva de esa amnistía, lo que parece ya claro es que Junts, paradójicamente, no quiere que incluya a Carles Puigdemont. Esta aparente contradicción se explica analizando el precedente de Oriol Junqueras.
El líder de ERC aceptó el perdón y hubo facciones de Esquerra que lo interpretaron como un signo de arrepentimiento y castigaron electoralmente a ese partido. Junts no quiere seguir el mismo camino y busca una solución diferente para Puigdemont, ahora que no tiene inmunidad.
