Junts se afana en sacar el máximo partido de la acuciante necesidad que tiene Pedro Sánchez de sumar apoyos para su investidura. Ya en una materia técnica como la financiación, el partido del fugado expresident Carles Puigdemont demuestra lo lejos que está dispuesto a llegar.
No en vano demanda que se haga tabula rasa de la cuantiosa deuda que Cataluña contrajo con mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), de modo que sea el Estado el que, haciendo suyo un claro trato de favor sobre otras autonomía, asuma todo ese pasivo.
Pero las intenciones de Junts sobrepasan todos los límites en lo que respecta a su anhelo de convocar una consulta soberanista entre los catalanes.
No debe despistar el hecho de que Junts deje de hablar de una votación organizada ad hoc, y abogue ahora por llamar a las urnas con el fin de votar un nuevo Estatut.
La aprobación de este último texto conllevaría, según los planes de Junts, la habilitación de la Generalitat para acordar con el Gobierno central la celebración de una "consulta no vinculante" sobre el autogobierno catalán. Tampoco el título de "no vinculante" debe llevar a engaño.
Una vez que Moncloa aceptara la convocatoria se obliga a sí misma a atender su resultado. Pero más cínica aún es la pretensión de Junts de aprovechar la actual composición del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido y con mayoría de magistrados progresistas, para asegurarse de que cualquier recurso contra el nuevo Estatut, y la consulta soberanista que lleva implícito, será desestimado.
Junts sabe que un referéndum de autodeterminación es imposible y, guiado por el mayor oportunismo, busca subterfugios para celebrarlo burlando la ley.
