Insostenible reclamación de Junts

Las conversaciones para posibilitar otra investidura como presidente de Pedro Sánchez están en marcha, y uno de los partidos clave para impulsarla, Junts, ya hizo llegar a los socialistas dos reclamaciones de gran calado.

La primera se identifica con la previsible búsqueda de una fórmula jurídica con efectos equivalentes a una amnistía para Carles Puigdemont; la segunda persigue una modificación del Estatut que revise las inversiones que Cataluña recibe y establezca un nuevo mecanismo de financiación de esta autonomía por parte del Estado.

La primera condición es inaceptable, en la medida en que busca subvertir las leyes para dotar de impunidad a quien fuera el cabecilla del referéndum ilegal del 1-O. La segunda petición, además, suscita objeciones no menos importantes.

Nadie discute la necesidad de reformar el sistema autonómico de financiación de régimen común, un cambio al que la ley obliga desde la segunda legislatura del expresidente Rajoy. Su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro no lo hizo, como tampoco su sucesora, María Jesús Montero, en los cinco años siguientes.

Pese a los retrasos, un proceso de tanto calado no puede abordarse de modo unilateral en beneficio de una sola autonomía. En paralelo, la puesta en marcha de un mecanismo semejante al concierto vasco, que redujera de modo radical la contribución catalana a la caja común, resulta inviable. No en vano son solo tres las autonomías, incluyendo a Cataluña, con capacidad de ser aportadoras netas al sistema en su conjunto. Si Pedro Sánchez transige con esta reclamación (que parece ser el objetivo final de Junts), impondrá una carga económica y fiscal insostenible a los contribuyentes del resto de España.

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