El Gobierno sopesa dar vía libre a la exigencia de Junts de elevar el tope de déficit que el Ejecutivo quiere marcar a las comunidades autónomas, y a las corporaciones locales en 2025, con el fin de asegurarse el apoyo del partido de Carles Puigdemont a los Presupuestos del año próximo. Fuentes cercanas a las negociaciones revelan a elEconomista.es que Moncloa no ha concretado aún hasta qué punto flexibilizaría el desequilibrio contable del 0,1% del PIB que ahora corresponde a los Gobiernos regionales, entre ellos, la Generalitat. Es por ello, que la votación de la senda de estabilidad presupuestaria prevista para este jueves se ha retrasado sine die.

Andalucía, Canarias, y Galicia están abocadas a recortes en su gasto público de hasta 6.100 millones anuales en el caso de que entre en vigor el concierto fiscal catalán. Estas tres autonomías son los territorios más afectados por la aplicación del llamado principio de ordinalidad que Cataluña quiere que marque la pauta en el sistema de financiación de régimen común. No obstante, dicho principio aboca a ajustes de este tipo a todas las comunidades, de mayor o menor cuantía, con las únicas excepciones de la propia Cataluña, Madrid y Baleares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer el curso político con un discurso en el que no solo defendió el pacto fiscal acordado por PSC y ERC. Además, el jefe del Ejecutivo aseguró que todas las demás autonomías, lejos de perder con esa cesión a la Generalitat, “verán incrementados sus recursos”. Para ello, Sánchez anticipó dos vías: multiplicar por dos los de por sí magros recursos del Fondo de Solidaridad –su dotación en el conjunto de 2023 no llegaba a 325 millones– y otra subida de impuestos para los contribuyentes de mayor renta.

Volver a llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, les costará a todos los trabajadores y empresas –sobre todo a estas últimas– aproximadamente 20 euros más por empleado en el año próximo. Teniendo en cuenta esa cuantía extra, el desembolso por cada trabajador -calculado sobre el sueldo promedio– ascenderá a cerca de 200 euros anuales en 2025, frente a los 180 en los que sitúa actualmente para el conjunto de 2024.