El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer el curso político con un discurso en el que no solo defendió el pacto fiscal acordado por PSC y ERC. Además, el jefe del Ejecutivo aseguró que todas las demás autonomías, lejos de perder con esa cesión a la Generalitat, "verán incrementados sus recursos". Para ello, Sánchez anticipó dos vías: multiplicar por dos los de por sí magros recursos del Fondo de Solidaridad –su dotación en el conjunto de 2023 no llegaba a 325 millones– y otra subida de impuestos para los contribuyentes de mayor renta.
Aunque Sánchez se explayó sobre la necesidad de castigar más a quienes "conducen Lamborghinis" y "tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas", lo cierto es que el llamado concierto catalán solo será financieramente sostenible si el Gobierno acomete una subida de impuestos de mucho mayor alcance. Consistiría en elevar un 29,5% el tramo estatal del IRPF que aplicaría a las autonomías que seguirían dentro del régimen común de financiación.
Así lo refleja la más reciente simulación elaborada por Fedea sobre los efectos del acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El organismo dirigido por Ángel de la Fuente trabaja con varios escenarios, que discurren entre la situación actual y el caso más extremo, aquél en el que el pacto fiscal se aplicaría plenamente y la Agencia Tributaria catalana contaría con la cesión al 100% de los impuestos recaudados en ese territorio.
Los expertos de Fedea, no obstante, consideran que el término medio más probable, a la hora de realizarse, consistiría en una transferencia del 60% de los ingreso tributarios totales a la Generalitat. Dicha proporción permitiría al Gobierno autonómico catalán contar con una aportación extra a sus finanzas de 13.200 millones al año, una cantidad que se aproxima a los 22.000 millones de déficit que, según los cálculos tradicionales del nacionalismo catalán, sufre Cataluña en cada ejercicio.
Dos caminos difíciles
Esa inyección de recursos al Govern solo sería sostenible para el actual sistema de reparto entre las comunidades autónomas o bien reduciendo los recursos (en un promedio superior al 10%) que reciben cada uno de los territorios, o elevando los ingresos por impuestos. La primera opción conlleva un coste político simplemente insoportable para cualquier Gobierno, especialmente para un Ejecutivo liderado por el PSOE, cuyos barones regionales ya protestan en público por las concesiones hechas a Cataluña.
Solo queda, por tanto, actuar sobre una de las figuras de mayor capacidad recaudatoria como es el IRPF. De acuerdo con Fedea, todos los caminos pasan por este tributo directo, ya que una cesión de solo el 30% de los impuestos a la Generalitat, ya exigiría un incremento del tramo estatal del Impuesto sobre la Renta cercano al 15%. En el caso más extremo, aquél en el que la Agencia Tributaria del Govern gestionaría todo lo recaudado, el incremento que habría que aplicar al IRPF sería del 50%.
Avances de tan elevada envergadura en ningún caso pueden ser igualados por el aumento de la presión fiscal sobre los llamados ricos. En primer lugar, porque estos últimos son muy pocos. Según los datos fiscales más recientes de Hacienda, relativos al ejercicio 2022, solo hay 230.365 personas que declaren un patrimonio de más de 700.000 euros, siempre dejando a un lado el valor de su vivienda habitual.
Impuesto de Patrimonio
Es por ello que una figura tributaria desde hace décadas tan inusual en el área OCDE como es el Impuesto de Patrimonio, cuenta con un rendimiento muy bajo en el conjunto de España. Es una situación que la llamada tasa a los ricos, el gravamen excepcional aprobado por el Fisco con motivo de la crisis inflacionista de 2022, en nada ha solucionado. Tampoco puede esperarse mucho más de los tributos de Sucesiones y Donaciones, aun cuando Hacienda lograra su objetivo de imponer un tipo mínimo en ambos casos que anule las bonificaciones que autonomías como Madrid o Andalucía ofrecen a sus contribuyentes.
Tomando al pie de la letra la metáfora de la que se sirvió el presidente del Gobierno, la estadística de ventas de Lamborghinis en España están muy lejos de abonar el optimismo. La marca italiana de deportivos de elite solo despacha cuarenta unidades en el mercado de nuestro país.
En cuanto al incremento del llamado Fondo de Compensación Interterritorial, poco cabe esperar de un mecanismo en el que la dotación total por año no llega a 400 millones, aun cuando el presidente cumpla su promesa de multiplicarla por dos. Está además por demostrarse si el mayor contribuyente neto a ese fondo, Madrid, está dispuesto a que se le exijan más esfuerzos.