Economía

Montero plantea restaurar el Impuesto de Sucesiones a escala nacional

  • Pretende vincular la armonización del tributo a la futura reforma de financiación autonómica 
  • Podría llevarlo al próximo Consejo de Política Fiscal, que reúne a las CCAA en julio
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero | EP

El ministerio de Hacienda llevará al seno del debate sobre la reforma de la financiación autonómica una armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que establezca un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas. María Jesús Montero tiene previsto convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo mes de julio, al que podría trasladar la medida que el PSOE lleva tiempo defendiendo. "Cuando se convoque y se vean los puntos del orden del día se verá", afirman fuentes de ministerio. Sin embargo, la tensión entre los barones del PP y el Gobierno -acrecentada por la financiación singular propuesta para Cataluña- podría posponer la disputa que impediría que buen parte de los gobiernos autonómicos pudieran bonificar el pago del impuesto en su totalidad. Hasta doce regiones -diez del régimen común- han suprimido el tributo entre parientes más cercanos. Entre ellas, se encuentran bastiones populares como Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León, cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya prometen una oposición "frontal" a la pretensión de Montero. Otras regiones, prefieren no anticipar su posición hasta que no se convoque oficialmente el encuentro.

La idea lleva tiempo rondando, y se ha propuesto elevarlo a nivel europeo e incluso global. Varios organismos internacionales y estudios oficiales avalan el mantenimiento del tributo. La OCDE recomendó en 2021 "reducir las exenciones y desgravaciones fiscales" en el impuesto, "que no tienen una justificación sólida y que tienden a ser regresivas". La postura fue recogida por el comité de expertos que elaboraron el Libro Blanco de la reforma fiscal, que hace dos años recomendó mantener el tributo, y acometer reformas sustanciales sobre sus principales elementos, como por ejemplo el aumento de su mínimo exento o la reducción de sus tipos impositivos. El guante fue recogido por la Fundación Alternativas -cercana al PSOE- que el pasado mayor se posicionó a favor de la armonización. "Las reducciones y las bonificaciones establecidas por la mayoría de CCAA han dejado a este impuesto como un gravamen prácticamente residual", recuerda el Comité liderado por el catedrático Ruiz-Huerta que pide "una tributación mínima en ambos impuestos, siguiendo el ejemplo del reciente Impuesto sobre Grandes Fortunas".

No es el único documento experto que avala la medida, que Hacienda podría integrar en el conjunto de medidas que pretende presentar a Bruselas como una reforma fiscal por partes para optar al pago completo del quinto desembolso de los fondos europeos. El Observatorio Fiscal de la UE reconoció -el pasado martes- el "importante papel" que los impuestos a la herencia pueden desempeñar. "Los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones existentes tienen múltiples lagunas que, de hecho, protegen de los impuestos a una fracción significativa de los patrimonios más grandes", defiende el catedrático en la Universidad de California en Berkeley, Gabriel Zucman.

En el marco más político, el PSOE defendió la imposición de un tipo mínimo del impuesto en su programa electoral para las pasadas elecciones europeas del 9J. El documento de propuestas con el que Teresa Ribera se presentó los comicios al Parlamento Europeo es claro. Plantea fortalecer y armonizar los impuestos de Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio en toda la Unión Europea, y trasladando el acuerdo sobre el tipo mínimo del 15% alcanzado para el Impuesto de Sociedades a estas dos figuras.

El tributo, pendiente del Constitucional

No obstante, la propuesta no solo se enfrentará a la oposición "frontal" de los barones populares, sino también al rechazo anunciado de los de Feijóo en las Cortes. El líder del PP sí ha definido una postura común respecto al tributo cedido. Lo hizo a través de una proposición de ley aprobada en enero en el Senado -gracias a su mayoría absoluta- a través de la que pide la supresión de Sucesiones y Donaciones, bajo el pretexto de que este impuesto "no llega al 1% de los ingresos tributarios". Los populares defiende que el papel 'residual' de la figura -propiciada por sus barones regionales- "no reviste ningún tipo de perjuicio insoportable para la recaudación global".

No obstante, el asunto se dirime ahora en el Tribunal Constitucional, que hace meses admitió a trámite un recursos del Gobierno contra la norma de los de Feijóo. El Ejecutivo argumenta que esta propuesta va en contra del artículo 136.6 de la Constitución que estipula que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". En la actualidad, el Estado recauda 2.800 millones de euros al año por este impuesto, el 1% de la recaudación total. Los contribuyentes que más pagan por este tributo son los de Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cataluña.

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