Bajo el eufemismo de la "armonización fiscal", el Gobierno y parte de sus socios parlamentarios, ERC, Podemos y ahora también Sumar, persiguen la implantación a escala nacional de un tipo mínimo para el Impuesto de Sucesiones.
Hacienda relanza el proyecto aprovechándose de dos circunstancias. Por un lado, Bruselas, aun cuando exime a España del expediente por déficit excesivo, insta a su Gobierno a poner en marcha la reforma fiscal a la que se comprometió para acceder a los pagos de fondos Next Generation.
En esa propuesta, la vicepresidenta Montero se afanó en hacer hincapié en la "armonización" de la tasa a las herencias. El Gobierno, además, quiere sacar partido de la reforma del sistema de financiación autonómica, ya ineludible una vez hecha la oferta de un "régimen singular" para Cataluña.
En este contexto, Montero está dispuesta a pasar por encima de las bonificaciones al 100% que doce autonomías ya aplican sobre Sucesiones, tras hacer uso de su legítimo derecho a competir tributariamente. Resucita así un impuesto injusto que penaliza la mera transmisión del patrimonio de una persona fallecida a quienes son sus legítimos herederos.