El Gobierno se valdrá de su mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para sortear la rebelión de las autonomías contra la financiación singular para Cataluña, que promete una nueva batalla judicial en el Constitucional. El ministerio de Hacienda -que cuenta con la mitad de los votos de la mesa- tan solo necesita el apoyo de una sola región para avalar la medida y avanzar en su aprobación. Esa CCAA será Cataluña, que retornará al órgano cinco años después, en los que se ha limitado a enviar a altos cargos sin derecho a voto. En esta ocasión, será la propia consejera, Natàlia Mas, la que afiance el trámite del acuerdo que permitirá a la Generalitat recaudar y gestionar el 100% de los tributos a través de un consorcio fiscal participado por el Estado.
De poco servirá el profundo rechazo de los barones populares, y las discrepancias públicas manifestadas por los gobiernos autonómicos del propio PSOE, quienes podrían votar en no -en contra del criterio de Sánchez- a la concesión en la reunión convocada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el próximo julio. Fuentes del gobierno castellanomanchego afirman que no tomarán una decisión hasta que la ministra no convoque formalmente el encuentro.
El reglamento del CPFF establece que los acuerdos del Consejo en las materias a que se refiere el artículo tercero de la ley de la financiación autonómica requieren de dos tercios de los votos de los miembros para salir adelante en primera votación; sin embargo, si no se consigue esa ventaja, la votación se repetirá en un plazo máximo de diez días, y ese caso sería suficiente una mayoría absoluta, según detalla el documento. Conscientes de ello, los barones del PP enviaron una carta a Montero el pasado martes. En ella, proponían como segundo punto del orden del día la modificación del reglamento con la intención de revertir el sistema de mayorías, reduciendo el peso -del 50%- de Hacienda en el Consejo, en un intento de frenar el acuerdo en el seno del órgano. No obstante, el sistema de votación para modificar las reglas de votación también otorga una mayoría al ministerio que dirige María Jesús Montero.
Page se suma a la batalla judicial contra Montero
A Génova tan solo le queda la batalla judicial. Los populares han orquestado una lluvia de recursos ante el Tribunal Constitucional, que sus presidentes autonómicos irán presentan cuando el mecanismo de concesiones a Cataluña vaya tomando forma, Aragón ya lo ha anunciado. Lo hará también el equipo del socialista Emiliano García Page, que prometió el pasado miércoles "utilizar todos los mecanismos jurídicos y políticos" para que "no se lleve a cabo".
No obstante, la contienda política está perdida. El PP ya trató de frenar la concesión fiscal para Cataluña el pasado abril en el Congreso de los Diputados. Los de Alberto Núñez Feijóo llevaron a la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja una proposición no de ley en la que instaban al Gobierno a "reconocer y reivindicar la solidaridad interregional como un valor constitucional". "Con la finalidad de alcanzar el poder, en los últimos tiempos se están produciendo desequilibrios y tensiones territoriales que ponen en riesgo la cohesión social, la territorial y la convivencia democrática", acusó el diputado popular, Antonio Román. "Los nacionalismos crecen cuando gobierna la derecha y no cuando gobierna el Partido Socialista", replicó la socialista, María Guijarro. El Partido Popular perdió el debate y la votación.
El ministerio de Montero trata de enterrar la posible concesión a la Generalitat dentro del debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Una actualización de la ley pendiente desde hace diez años, y que demanda de un acuerdo global por parte de las CCAA. Para ello, la vicepresidenta le ha reclamado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que defina una postura común entre los suyos, y señaló a las diferencias que existen entre regiones gobernadas por el PP, como "Madrid, Andalucía o Galicia". La titular de Hacienda se refiere al fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de cuatro CCAA –entre ellas Andalucía– y que no contó con el aval de varias regiones populares.
La opinión de parte de los expertos coincide con la iniciativa que el grupo popular no logró aprobar en el Congreso. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, insistió el pasado jueves en que la decisión que Hacienda gesta sobre la financiación catalana repercutirá en el resto de comunidades. "Si para arreglar la de uno, se empeora la de otro, nada habremos conseguido", dijo en el curso económico celebrado en Santander. Tampoco Fedea comparte la vía abierta por Moncloa. "Eso privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales", dijo hace días su director, Ángel de la Fuente.