La Generalitat podría pasar a gestionar más de 52.700 millones de euros, doce veces más que actualmente, si Moncloa cede el control del 100% de los tributos que se recaudan en la comunidad. El Gobierno prepara su oferta para tratar de apuntalar el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa en el Parlament. Para ello, se ceñirán al acuerdo de investidura con los independentistas que permitió a Sánchez renovar la presidencia en 2023. El punto pactado en el documento, compromete al Ejecutivo a crear una "comisión bilateral" entre el Estado y la Generalitat con el fin de "lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos" catalanes. Una consorcio fiscal, defendido por Illa durante la campaña electoral, que tendría encaje en el Estatuto de Cataluña, y que permitiría abrir una brecha para permitir al Govern gestionar la totalidad de los tributos que recauda. De esta manera, el Ejecutivo autonómico pasará de un control total del 9% de los impuestos, al 100%.
En concreto, la Generalitat administró 4.289,08 millones de euros en impuestos cedidos en 2023. Entre ellos, se encuentran sucesiones y donaciones, patrimonio y otros indirectos como trasmisiones patrimoniales, además de los impuestos propios. A ello, se añade el 50% de los ingresos procedentes del IRPF y el IVA, y el 58% de los impuestos especiales. En total, Cataluña doblaría sus recursos procedentes de la recaudación tributaria. En contra -si la medida se consuma- la hucha común a través de la cual se reparten los recursos financieros a todas las regiones del régimen común, perdería 20.000 millones de euros cada año. "Con la propuesta formulada, el gobierno central dejaría de tener poder normativo sobre los impuestos pagados en Cataluña; además, supondría complicar el conjunto del sistema fiscal", afirma José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona.
No obstante, el Gobierno pretende abordar esta modificación 'a medida' para Cataluña dentro del marco de la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014. No será nada sencillo. Hasta ahora, el ministerio de Hacienda había planteado la revisión del sistema como un proyecto para la legislatura; sin embargo, la negociación con ERC ha precipitado los tiempos que manejaban los de María Jesús Montero. Su equipo deberá enfrentarse a una maraña de peticiones por parte de todos y cada uno de los gobiernos regionales, que consideran injusto el actual modelo. El principal desequilibrio se encuentra en la infrafinanciación declarada de cuatro CCAA. Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, llevan años exigiendo un fondo de nivelación que sitúe su financiación a la altura del resto. Sin embargo, los expertos consideran que la "financiación singular" para Cataluña abre la puerta a que otros gobiernos autonómicos soliciten lo mismo, generando una merma en el sistema común que vaciará de recursos al resto de regiones. "Si permitimos que los territorios más ricos se queden con todo o buena parte de su excedente fiscal, no habrá recursos para financiar la nivelación territorial o políticas sociales uniformes en todo el país", apunta el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.
Los cimientos del Gobierno
La negociación ha despertado además un fuerte terremoto político que amenaza con fracturar la mayoría parlamentaria sobre la que se sostiene el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, e incluso con fraccionar al propio PSOE. Las críticas al Ejecutivo se multiplican con el paso de los minutos. Compromís, socio de investidura de Pedro Sánchez, ha amenazado con no apoyar una futura ley de financiación autonómica, si Moncloa no equipara el modelo propuesto para Cataluña a la Comunidad Valenciana. "La solución concreta no puede ser solo para Cataluña, porque Cataluña no es el único territorio del Estado que tiene problemas", dijo ayer la portavoz parlamentaria de la formación, Águeda Micó. La ruptura de filas viene desde el enredo de diputados de partidos integrados en Sumar. También la Chunta Aragonesista -integrada en la bancada del socio de coalición- lanza un envite al PSOE. "Sé que diciendo esto estoy contribuyendo al ruido, quizá a un bloqueo y espero que no a una repetición electoral, pero cuando uno viene a la política uno tiene que tener claros sus principios, saber a quién se debe y saber por la tierra por la que lucha", apuntó Jorge Pueyo, antes de advertir que podría dejar de apoyar al Ejecutivo.
Las grietas abiertas por la negociación en torno a la investidura de Illa afectan también al propio PSOE. Los recelos por el trato a favor de Cataluña recorren las diferentes sedes socialistas, y ya son varios los líderes regionales que han mostrado su rechazo a la intención del Gobierno en público. Lo ha hecho, el portavoz en el Senado, Juan Espadas. El también jefe del PSOE andaluz criticó que "no se puede imponer" una decisión que afecta a los recursos del resto de autonomías. Los ánimos están encendidos en el resto de federaciones. El malestar se ha trasladado el privado, según aseguran fuentes regionales. A ello, se suman las críticas de los dos presidente autonómicos que todavía conserva el PSOE. Ferráz ya trata de apagar el fuego interno a través de llamadas a las diferentes federaciones socialistas.
Los consejeros de Hacienda del PP pidieron ayer por carta a María Jesús Montero, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para debatir la posición del Gobierno sobre la financiación de las Comunidades Autónomas". En su comunicado, los populares no hacen referencia explícita a la "financiación singular" planteada para Cataluña. Cabe recordar, que el propio PP incluyó esa misma propuesta en su programa electoral para las catalanas de 2012. "Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña que responda al objetivo de resolver el problema de insuficiencia financiera", decía el documento con el que Sánchez Camacho se presentó a presidir la Generalitat.
