El Gobierno sopesa dar vía libre a la exigencia de Junts de elevar el tope de déficit que el Ejecutivo quiere marcar a las comunidades autónomas, y a las corporaciones locales en 2025, con el fin de asegurarse el apoyo del partido de Carles Puigdemont a los Presupuestos del año próximo. Fuentes cercanas a las negociaciones revelan a elEconomista.es que Moncloa no ha concretado aún hasta qué punto flexibilizaría el desequilibrio contable del 0,1% del PIB que ahora corresponde a los Gobiernos regionales, entre ellos, la Generalitat. Es por ello, que la votación de la senda de estabilidad presupuestaria prevista para este jueves se ha retrasado sine die.
Ahora bien, de acuerdo con esas mismas fuentes, la buena disposición del Ejecutivo a encontrar un punto de acuerdo con Junts en este ámbito propiciaría que ambas partes se reúnan esta misma semana, quizá el jueves precisamente. Lo cierto es que los dos interlocutores tienen mucho que ganar en caso de que haya un acuerdo. Por un lado, el Gobierno de coalición evitaría otra derrota en el Congreso de los Diputados como la sufrida en julio, cuando los mismos objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las Administraciones que pretendía presentar en las próximas 48 horas naufragaron en la Cámara Baja. Pero, sobre todo, el Gabinete de Pedro Sánchez impediría el fracaso que supondría una nueva prórroga, la segunda consecutiva, de los Presupuestos del Estado de 2023. En cuanto a Junts, saldría muy beneficiado en caso de que pueda presentarse como el principal responsable de que la Generalitat, y las diputaciones y los ayuntamientos catalanes, cuenten con un mayor margen de gasto en el año próximo. No en vano el partido controlado por Puigdemont apuesta muy fuerte en este terreno desde hace años.
Ya en 2014, el Parlamento de Cataluña, con apoyo entonces del PSC, aprobó una moción en la que instaba al Gobierno central a que cediera a las comunidades autónomas de régimen común la tercera parte del déficit permitido para el conjunto del sector público español en cada año. Esta proporción, si se traduce a las cifras que Hacienda maneja para 2025, implicarían que los números rojos de las comunidades autónomas se remontarían al 0,8% del PIB desde el 0,1% que ahora se les reconoce.
Más esfuerzo para el Estado
Como es lógico, la posición financiera del Estado sería notablemente más incómoda, en caso de que la reivindicación de Junts prospere. Ahora, a la Administración central le corresponden 35.000 millones, del total de 40.000 millones de déficit tolerado para el conjunto del sector público ejercicio. El mayor margen que se le concedería a las autonomías y a los municipios obligaría a que el Estado se apriete más el cinturón, para evitar poner en peligro el cumplimiento de las reglas fiscales que la Comisión Europea vuelve a exigir.
No obstante, la corrección al alza de los datos de crecimiento económico de los años 2021, 2022 y 2023, acometida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pueden terminar por convertirse en el mejor aliado de la mesa de negociación. El avance del 2,7% del PIB con el que España cerró el año pasado, dos décimas mayor al registrado inicialmente, aporta una capacidad fiscal al Estado mayor a la esperada. Unos recursos que Moncloa podría dedicar a conceder unos objetivos de déficit para las comunidades autónomas más holgados, tal y como demanda Junts para dejar a Sánchez tramitar los Presupuestos de 2025.
La senda de estabilidad aprobada hace dos semanas por el Consejo de Ministros ya propone metas más laxas para las regiones. En ella, el Estado asume en solitario todo el ajuste fiscal necesario para cumplir con el calendario de reducción de déficit propuesto, cediendo 6.600 millones más en dos años a las CCAA y 4.950 millones a los Ayuntamientos. "Ese mayor margen lo asumiría la Administración Central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit, como ya ocurre los últimos años", insistió ayer el ministerio de Hacienda a través de un comunicado. María Jesús Montero buscará un acuerdo político que trace una nueva senda, que bien podría doblar el margen presupuestario -al menos- para las autonomías.
Lo cierto, es que la retirada de la senda de estabilidad del Congreso, y la apertura de las negociaciones con Junts, alargará -aún más- todo el tránsito que el proyecto de Presupuesto tiene todavía por delante. Si los postconvergentes logran arañar un mayor margen fiscal para las CCAA, el Consejo de Ministros deberá volver a aprobar una nueva senda con las modificaciones, para después encontrar un hueco para su debate en el Pleno de la Cámara Baja. Tras ello, le llegará el turno a la presentación de las Cuentas, la votación de las enmiendas a la totalidad, y todo el trabajo posterior de las Comisiones parlamentarias. Todo debe estar cerrado antes de que termine el año, para evitar la prórroga automática de las Cuentas de 2023.
