Entre las víctimas colaterales del fracaso del decreto ómnibus del Gobierno, se encuentra desde hoy mismo la prórroga de la ley que permite vetar la entrada de inversores extranjeros en empresas que el Gobierno califique como estratégicas. Se trata de una norma que el Ejecutivo ha invocado en repetidas ocasiones, la última de ellas a finales de agosto pasado, cuando puso punto final a la opa de la empresa húngara Magyar Vagon en Talgo.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi quiere un relevo al frente de Cepyme, así se lo ha trasladado a Gerardo Cuerva en la reunión mantenida entre ambos líderes este martes en la que le ha confirmado que ya tiene un nombre para presentar una candidatura alternativa a las elecciones que la organización de las pequeñas y medianas empresas tiene que celebrar este 2025. No obstante, según ha podido saber elEconomista.es, el presidente vasco quiere contar con el granadino para el futuro de CEOE, por lo que le ha ofrecido una vicepresidencia internacional con gran proyección al extranjero a cambio de pasar el testigo de Cepyme a su candidato.
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, no se echará atrás ante el plan de su homólogo de CEOE, Antonio Garamendi, de avalar una candidatura alternativa, en las elecciones que la patronal de las pequeñas y medianas empresas celebrará en este ejercicio –todavía sin fecha definitiva para su convocatoria- una vez transcurridos los cuatro años del mandato iniciado en 2021.
España inicia otro año de expectativas muy positivas, en el que su economía estará en condiciones de crecer "por encima del 2,4%", según estimó el ministro Carlos Cuerpo esta misma semana. Ese éxito, no obstante, volverá a ser insuficiente para corregir la gran deficiencia que nuestro país arrastra desde hace décadas en comparación con los países de su entorno: la comparativamente baja riqueza de sus hogares. En total, pueden identificarse seis factores internos -excluyendo ahora el muy incierto contexto internacional- que lastrarán la economía española con especial incidencia en 2025.
Pese a las facilidades ofrecidas, las comunidades forales (País Vasco y Navarra) nunca recurrieron a él y así lo hizo también un único territorio del régimen fiscal común: Madrid. En el bando opuesto, y dejando de lado a Cataluña, igualmente hicieron un uso intensivo del FLA la Comunidad Valenciana (con casi 55.000 millones acumulados) y Andalucía (cerca de 30.000 millones de euros).
El revés a las tasas excepcionales sobre los bancos y los energéticas no son los únicos capítulos de la improvisada reforma fiscal del Gobierno que frasaron este lunes en el Congreso. El acuerdo firmado recientemente entre el PSOE y Sumar es el que más se ha resentido en la Comisión de Hacienda. Tres pilares quedan fuera por el rechazo mayoritario de los grupos políticos: las subidas impositivas a los seguros privados, socimis y bienes de lujo.
"Es por completo inexplicable lo que han hecho PSOE y Sumar". Las fuentes parlamentarias consultadas por elEconomista.es, entre el resto de partidos que sostienen al Gobierno de coalición, resumen en frases como ésa el inesperado pacto fiscal firmado en la noche del lunes por las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ni ERC, ni Bildu ni Podemos, por la izquierda, ni PNV ni Junts por la derecha muestran disposición a apoyar el acuerdo, en el hipotético caso de que llegara a presentarse al Congreso de los Diputados.
Podemos vuelve a servirse de la Dana que azotó el sudeste de España la semana pasada con el fin de criminalizar a las grandes empresas que operan en ese área. Sin que hayan transcurrido ni 24 horas después, de que el presidente Pedro Sánchez presentará el primer paquete de ayudas, por valor de 10.600 millones, para las zonas afectadas, el partido morado aseguró que "ese escudo social" debe financiarse con las multas y sanciones impuestas a las "empresas criminales" que mantuvieron activos a sus trabajadores en plena Dana. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, mencionó explícitamente a "Mercadona, Inditex, Ikea y Coca-Cola".
Transcurridos apenas tres días desde que el sudeste de España sufriera la peor Dana del siglo XXI, comienza a ser patente la indignación entre las 23.000 familias que continúan sin suministro eléctrico, las 300.000 que carecen de agua potable y las, hasta ahora no cuantificadas, que la recuperación de los cuerpos de sus allegados o un realojo hasta que la situación se normalice.