Entre las víctimas colaterales del fracaso del decreto ómnibus del Gobierno, se encuentra desde hoy mismo la prórroga de la ley que permite vetar la entrada de inversores extranjeros en empresas que el Gobierno califique como estratégicas. Se trata de una norma que el Ejecutivo ha invocado en repetidas ocasiones, la última de ellas a finales de agosto pasado, cuando puso punto final a la opa de la empresa húngara Magyar Vagon en Talgo.
El final –momentáneo, según defienden en Moncloa– de este blindaje llega precisamente en un momento en el que el fabricante ferroviario español es objeto de interés de otros inversores foráneos.
No obstante, fuentes del Ejecutivo descartan que se vaya a producir una situación de "indefesión" en Talgo o en otras empresas de sus características, dado que existe la posibilidad de aprobar en las próximas semanas una disposición legal semejante a la que ha estado vigente desde 2020, y que ahora no se prorroga.
A su alcance está el recurso a un Decreto-Ley que, no obstante, tendrá que volver a someterse a una convalidación parlamentaria, para la que no está claro que cuente con los apoyos necesarios, como ocurrió el pasado miércoles.
En concreto, esta medida salió adelante en el peor momento de la emergencia provocada por la epidemia del Covid-19, cuando la crisis económica que la acompañó despertó los temores de que grandes empresas españolas cayeran en manos de actores oportunistas.
Para ello, se establece la exigencia de que el Gobierno autorice toda operación de una empresa extranjera que pretenda superar el 10% de una firma cotizada española. También las no cotizadas se ven amparadas en el caso de que la inversión prevista en su capital supere los 500 millones de euros.
En vigor desde 2020
Entre marzo de 2020 y finales de 2023, el Gobierno tan solo aplicó el escudo antiopas en 2022 para desautorizar una operación de las 264 que se sometieron en dicho periodo al escrutinio de esta normativa.
Una de las opciones que contempla la normativa es la autorización de las operaciones con la aplicación de medidas de mitigación de riesgos, un procedimiento similar al que utiliza la Comisión Europea con la imposición de remedies (condiciones) para dar su visto bueno a algunas transacciones como, por ejemplo, el caso de la fusión de Orange y MásMóvil en España, fruto de la cual nació MásOrange. No obstante, la gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se aprobó sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos.
En concreto, en 2020 solo una de las operaciones tuvo que aplicar medidas de este tipo (3,6% del total), en 2021 fueron seis (11%), en 2022 se implementaron en nueve ocaciones (11%) y en 2023 en ocho casos (8%).
Los informes de la Secretaría General de Inversiones Exteriores -dependiente del Ministerio de Economía- recogen el país de origen del inversor último en las operaciones sometidas al escrutinio del 'escudo antiopas' y, si bien Estados Unidos ha sido el principal interesado en todos los años desde que está vigente la normativa, se observa una caída del apetito de los inversores procedentes de China y un mantenimiento del interés de los inversores de Emiratos Árabes Unidos.