El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que los aranceles generalizados del 25% que anunció sobre las importaciones de acero y aluminio posponen su entrada en vigor hasta el mes que viene. El plazo elegido no es en absoluto casual ya que, de momento, evita un inminente encontronazo con una de las áreas económicas directamente afectadas por esos gravámenes: la Unión Europea.

“Atroces” es el calificativo que con más frecuencia utiliza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a los déficit comerciales que acumula con las áreas económicas a las que el inquilino de la Casa Blanca empieza a castigar con aranceles –aunque esté dispuesto también a aceptar treguas, como el mes de margen concedido a México–. Y lo cierto es que las cifras le dan la razón. La suma del desequilibrio anual entre exportaciones e importaciones entre EEUU, por un lado, y China, la Unión Europea, México y Canadá, por otro, equivale actualmente a cerca de 700.000 millones de dólares (678.000 millones de euros), unas cifras que se aproximan a la mitad del volumen total de una economía como la española.

El reciente pacto Gobierno-Junts para salvar el decreto ómnibus del Ejecutivo excluye la puesta al día de los anticipos que las comunidades autónomas tendrían que recibir en 2025, con cargo al sistema de financiación de régimen común, las llamadas entregas a cuenta. Y, paradójicamente, esa decisión deja a Cataluña como la gran damnificada, con la entrega de casi 2.000 millones de euros en el aire, de un total de cerca de 10.000 millones. Solamente Andalucía se encuentra en una situación casi idéntica, condenada a esperar –por tiempo ahora indefinido– la llegada de los más de 1.800 millones que le corresponden.

El pacto firmado entre Junts y el Gobierno tiene una víctima inesperada: la financiación de las comunidades autónomas, en lo que se refiere a las entregas a cuenta para estos territorios de régimen común (lo que por tanto incluye a Cataluña). En concreto, esas partidas, entregadas por el Gobierno central a los Gobiernos regionales, en concepto de anticipos por lo recaudado por el sistema de financiación autonómica, está pendiente de una actualización por valor de 10.000 millones que, de momento no se llevará a cabo.

A menos de una semana de terminar enero, las empresas españolas –sobre todo las de más pequeño tamaño– afrontan un calvario burocrático a la hora de acometer un trámite, habitualmente tan rutinario, como cerrar las nóminas mensuales de sus plantillas. Los juristas y asesores consultados por elEconomista.es hablan literalmente de un "caos" por los cientos de consultas que reciben, en los últimos días, de firmas desorientadas sobre el modo de manejar la sorpresiva suspensión de las tres alzas de cotizaciones sociales diseñadas para 2025. Estos incrementos fueron tumbados la semana pasada junto con el resto del decreto ómnibus que el Gobierno llevó al Congreso. Este martes fueron recuperados, tras el pacto 'in extremis' firmado por el Gobierno y Junts, lo que deja poco margen para la rectificación a las compañías.