El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha cifrado en 1.828 millones de euros las consecuencias para la financiación de la Junta de Andalucía que tiene el rechazo hoy en el Congreso de los Diputados del decreto ómnibus, que incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas con un montante total de 10.000 millones de euros. Desde la Junta de Andalucía se argumenta que las cantidades de las entregas a cuenta del sistema de financiación "no las decide el Gobierno, sino que la forma de calcularlas obedece a criterios establecidos en la ley vigente. No cumplirlo sería una ilegalidad", por lo que insta al ejecutivo central buscar otra forma para cumplir con sus obligaciones.
Tras el rechazo al decreto 'contenedor', el Gobierno suma a los 1.828 millones para la Junta otros 200 que podrían haber llegado a los Ayuntamientos andaluces si se hubiera aprobado su iniciativa. Además señala como perjudicados los pensionistas andaluces, a los que el delegado estima una merma de ingresos de 470 euros en un año, a los beneficiarios de descuentos en el transporte (75 millones destinados a la comunidad) o perceptores del ingreso mínimo vital (con 478 euros).
"El Partido Popular que en Andalucía preside Moreno Bonilla se opone a todas las iniciativas del Gobierno de España aunque esa oposición suponga un perjuicio para las personas", insiste. A juicio de Fernández, esos 1.828 millones de euros podrían reforzar la financiación de servicios básicos como la sanidad, educación o dependencia.
Respuesta de la Junta
La Junta de Andalucía, por su parte, emplaza al Gobierno a aprobar la actualización de las entrega a cuenta "con un decreto único que no esté vinculado a medidas muy lesivas para los ciudadanos andaluces".
La Consejería de Hacienda recuerda que el año pasado las entregas a cuenta tardaron seis meses en actualizarse y que durante este periodo "se retuvieron 950 millones de euros a los andaluces".
La consejería insiste en que "el Gobierno de Pedro Sánchez, sin Presupuestos para 2025, tendrá que arbitrar algún mecanismo para la actualización de las entregas a cuenta, como ya hizo el año pasado. Andalucía tiene una situación de tesorería saneada que nos permitirá aguantar el pulso del Gobierno, pero ese pulso puede llevar a situaciones de falta de liquidez a otras comunidades menos saneadas".
"Si de verdad el Gobierno quiere cumplir con su obligación y actualizar las entregas a cuenta debe de hacer un decreto único y exclusivamente para este fin y no vincularlo a subidas de impuestos, además de incluir las actualizaciones para 2025 que no estaban incluidas en el decreto ómnibus", insiste la consejera Carolina España.
"El Gobierno es incapaz de convencer ni siquiera a sus socios para que apoyen sus iniciativas. Y culpa a la oposición de su incapacidad", aseguran en el ejecutivo andaluz.
En las votaciones de hoy en el Congreso de los Diputados se ha rechazado también el impuestazo a las energéticas, que despeja el camino a inversiones como las de Moeve (antes Cepsa) en el Valle Andaluz del Hidrógeno y que quedaron en el aire ante la amenaza de que se mantuviese el tributo.
