Madrid
El reciente pacto Gobierno-Junts para salvar el decreto ómnibus del Ejecutivo excluye la puesta al día de los anticipos que las comunidades autónomas tendrían que recibir en 2025, con cargo al sistema de financiación de régimen común, las llamadas entregas a cuenta. Y, paradójicamente, esa decisión deja a Cataluña como la gran damnificada, con la entrega de casi 2.000 millones de euros en el aire, de un total de cerca de 10.000 millones. Solamente Andalucía se encuentra en una situación casi idéntica, condenada a esperar –por tiempo ahora indefinido– la llegada de los más de 1.800 millones que le corresponden.
Está ya descontado que la demora en el desembarco de esos recursos –que deberían estar disponibles de forma inmediata– provocará en todos los Gobiernos regionales afectados tensiones de tesorería y, en última instancia, la necesidad de recurrir a un mayor endeudamiento. Ese efecto será especialmente agudo en el caso del Govern de Salvador Illa
Junts argumentó que no quiere abrir todavía esta negociación, a la espera de debatir con Moncloa una nueva senda de déficit y deuda para las autonomías, que sirva de base a unos nuevos Presupuestos del Estado. En el horizonte está también el propósito de arrancar las primeras concesiones relacionadas con la financiación singular catalana a Moncloa, pactada en el verano pasado por ERC y los socialistas catalanes.
Ahora bien, el castigo que Junts impone a Cataluña con esta demora es de tal magnitud que existen visos de que, entre sus intenciones tiene igual o más peso el deseo de poner contra las cuerdas al Ejecutivo de Salvador Illa, cuya enemistad personal con Puigdemont es bien conocida.
Además, el Ejecutivo catalán inició el presente ejercicio en una situación especialmente delicada, dado que esta misma semana ha prorrogado los Presupuestos autonómicos. Estas Cuentas prolongan todavía más su vigencia, pese a haber sido elaboradas para el año 2023 y después de que el predecesor de Illa, Pere Aragonès –de Esquerra Republicana–, se mostrara incapaz de poner en marcha otras nuevas.
En este contexto, que aboca al President socialista a a desistir de aprobar los Presupuestos de 2025, la actualización de las entregas a cuenta constituiría una ayuda de gran valor para la Generalitat.
Así sería no solo por su elevada cuantía, ya que los anticipos ahora bloqueados tendrían que calcularse en función de las previsiones de recaudación fiscal y de crecimiento de la economía, dos variables que baten récord tras récord desde el año pasado.
Además, debe considerarse que las entregas a cuenta constituyen la parte mollar de los recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas para atender las necesidades más básicas de sus servicios públicos, y por eso se desembolsan con antelación.
En paralelo, la puesta en marcha de su actualización no es una tarea tan rápida como pueda parecer, aunque el Gobierno central vuelva a recurrir a la vía del Decreto-Ley. En las consejerías de Economía y Hacienda consultadas por elEconomista.es, aún tienen muy presente lo que ocurrió el año pasado en un contexto semejante al actual.
Situación similar en 2024
Entonces tampoco había nuevos Presupuestos del Estado aprobados, lo que dejó cerrada la vía ordinaria para actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación. Por su parte, la aprobación del Decreto-Ley para subsanar esta deficiencia se hizo esperar mucho, hasta finales de junio.
Curiosamente, en esa ocasión, el Gobierno también quiso empaquetar esta medida en un decreto ómnibus semejante al presentado este mes. No en vano en él se incluían la prórroga hasta diciembre de 2024 de la rebaja del IVA de los alimentos, con motivo de la crisis inflacionista, la extensión del bono social eléctrico o el incremento de los sueldos de los funcionarios.
En 2025, las fuentes autonómicas consultadas temen que el retraso acumulado en la actualización de las entregas a cuenta pueda ser superior a los seis meses acumulados en 2024, y extenderse al primer semestre del presente ejercicio. A ello contribuye el hecho de que la nueva fase en la que entra la negociación con Junts "no será nada fácil".
El abordaje de la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2016, no será nada sencilla teniendo en cuenta las condiciones que marca el llamado concierto catalán.
Un síntoma de las complicaciones que se avecinan se manifiesta en el hecho de que el Gobierno ya ha incumplido la promesa de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, expresada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a inicios del mes pasado, cuando reunió a los presidentes de las comunidades autónomas a una reunión en Santander.
El equipo de Sánchez siempre ha defendido que su intención estriba en que, en el Consejo, se hable exclusivamente de la condonación de la deuda contraída por las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid, con los mecanismos de financiación extraordinarios puestos en marcha por el Estado en la anterior crisis financiera. Con todo, resultará inevitable que el PP deriva el debate hacia la financiación catalana.
A este respecto, la única novedad la aportó ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aunque evitando cuidadosamente comprometerse con un nuevo plazo. En concreto, Montero aseguró que el Consejo se pondrá en marcha "en las próximas semanas".
El 'Parlament' aprueba la prórroga del año 2023
El Govern logró convalidar ayer el decreto ley de necesidades financieras en prórroga presupuestaria con los votos a favor de PSC, ERC y comuns, y el 'no' de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana. El ejecutivo catalán se vio obligado a prorrogar las cuentas del año anterior, que a su vez prorrogan las de 2023, ante la negativa de ERC a negociar los presupuestos de 2025.
Este decreto permitirá a la Generalitat y al resto de entidades del sector público, como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y L'Energètica, realizar las operaciones financieras para su funcionamiento. El decreto también incluye una actualización del Indicator de Renta de Suficiencia (IRSC) que a su vez elevará un 3% la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, declaró que "si no es posible [aprobar los presupuestos] deberemos buscar los instrumentos de los que también dispone este Parlament para tener los mejores recursos o los máximos recursos posibles".