La Seguridad Social será uno de los principales lastres para la economía española durante los próximos años. Es una cuestión que asume el Gobierno en el establecimiento de la senda de déficit para esta legislatura y, sin embargo, la solución para su sostenibilidad financiera parece lejos de encontrar arreglo con un desfase entre ingresos y gastos que alcanza cada año los 18.000 millones de euros, el 1,5% del PIB de media. Tan colosal es el reto de equilibrar las cuentas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país que España necesitaría crece durante los próximos diez años a un ritmo del 5,51%, es decir, a un nivel similar al avance económico de China durante una década.

La reforma laboral aprobada por el PP en 2012 fue positiva para el impulso de la creación de puestos de trabajo en nuestro país después de la devastación de la crisis económica de 2008 que se llevó por delante 3,3 millones de puestos de trabajo hasta el inicio de la recuperación en 2014, según el Fondo Monetario Internacional. La institución ha emitido ahora un informe en el que avala la pertinencia de la medida impulsada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy para incrementar el empleo en nuestro país, con un especial beneficio para los más jóvenes, con un efecto de reparto de la renta, al incrementarse los ingresos de los hogares en España.

Las pensiones representarán prácticamente el 90% del déficit español en 2023. Es decir, que la Seguridad Social será responsable de nueve de cada diez euros de desfase en las cuentas públicas en tan solo tres años, frente a los seis de cada diez euros de desajuste que soporta el Sistema actualmente. Así lo reconoce el Gobierno en la senda de déficit 2020/ 2023, definida el martes por el Consejo de Ministros, en la que el Gabinete económico del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, pese a que descarta encontrarse de aquí a tres años con saldos negativos tanto en autonomías como en ayuntamientos, atisba una exigua décima de PIB de desajuste en la Administración Central y de ocho décimas en la Seguridad Social (unos 9.600 millones sobre un descubierto total en el entorno de los 10.800 millones).

La introducción de los planes de pensiones de empresa en España parece uno de los principales retos del tejido productivo de nuestro país de cara al mantenimiento del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, que previsiblemente se verá reducido en el mismo volumen que lo haga en las próximas décadas la tasa de sustitución sobre el último salario, ahora en el entorno del 78%. Esta es una de las principales tareas pendientes de la sociedad española que puede favorecer a un mayor compromiso de ahorro a largo plazo por parte de los españoles –cuenta pendientes si se compara la tasa de ahorro respecto a nuestros países vecinos- y sin embargo son varios los obstáculos que encuentra, tal y como se expuso este miércoles en la jornada de Previsión Social en la Empresa. Pensando en el futuro de las personas organizada por APD, Ocopen y Cecabank.