Como era de esperar, más aún una vez conformado el Gobierno de coalición con los suficientes apoyos en el Parlamento, el Congreso convalidó ayer los decretos de subida de pensiones y de sueldo de los funcionarios, dos de las medidas estrella con las que se ha estrenado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos en el arranque de legislatura.
Ante el plomizo desempeño del ahorro privado en España, el impulso de los planes privados de previsión social supone una quimera para el sector asegurador. En este sentido, en los últimos años son múltiples las variantes que se ofrecen para iniciar una estrategia de ahorro a largo plazo, siendo una de las principales novedades el ahorro vinculado al consumo en comercios electrónicos. Vidahorro es una de las plataformas pioneras en este concepto y su CMO, Cayetano Ortiz, arroja luz sobre el modelo de ahorrar gastando y su implantación entre los más jóvenes.
El cumplimiento de los periodos de pago a proveedores por parte de las empresas es uno de los principales factores que amenaza la competitividad y la supervivencia de las compañías -sobre todo las medianas y pequeñas- y, sin embargo, resulta una de las tareas pendientes por parte del sector privado, y también público, en nuestro país. De hecho, según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) son las empresas del Ibex 35, las de mayor músculo financiero de nuestro país, las que más incumplen esta norma triplicando el periodo fijado por ley de 60 días, llegando a liquidar sus deudas en una media de 169 días.
Producto de unas carreras de cotización cada vez más estables y con unos salarios más elevados, los nuevos pensionistas que entran al sistema de la Seguridad Social percibirán hasta un 3,5% más de dinero que el salario más habitual de nuestro país, por lo que tendrá mayores ingresos que millones de empleados españoles durante sus años de retiro. Concretamente, los nuevos jubilados perciben una media de 1.291,91 euros mensuales, mientras que el salario más frecuente que ofrece el mercado laboral en España asciende a 1.248 euros mensuales (17.482 euros anuales en catorce pagas).
Redondo afirma al CSIF que el sueldo de los funcionarios subirá lo antes posible
Es uno de los grandes compromisos que ha puesto sobre la mesa la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y uno de los principales retos del nuevo Gobierno: la derogación de la reforma laboral del PP que tantas veces han proclamado dirigentes tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Sin embargo, esta decisión podría comportar efectos devastadores sobre los ingresos necesarios para pagar las pensiones. Concretamente, según cálculos de elEconomista, una vuelta al escenario previo a 2012 -año de la reforma impulsada por el PP- supondría poner en riesgo casi 11.500 millones de euros en cotizaciones sociales hasta el año 2022 (5.691 millones en cada ejercicio).
Las operaciones se desploman un 5,6% interanual mientras los créditos hipotecarios se incrementan a un ritmo del 10,3%
Los efectos del enfriamiento de la actividad económica también se reflejan ya en el mercado inmobiliario, que encara un 2020 repleto de incertidumbres sobre el dinamismo que pueda apuntalar el sector en una coyuntura de desaceleración global. Estos efectos dejan de momento una importante caída de la compraventa de vivienda en el mes de noviembre de 2019 en relación al mismo mes del año anterior del 5,6%, hasta contabilizar un total de 47.182 transacciones.Sin embargo, el dato relevante no es tanto la caída de las operaciones de compraventa como un hecho que advierte de un freno a las grandes inversiones inmobiliarias en nuestro país, que coincide con el mes electoral. En este sentido, el hecho de que las transacciones se desaceleren pero la concesión de créditos hipotecarios avance a un ritmo del 10,3% interanual indica que los grandes inversores ha perdido apetito por el mercado español, tanto en cuanto crece el endeudamiento hipotecario -ajeno a los grandes tenedores de vivienda y más ligado a los pequeños propietarios- pero no las operaciones.Una pérdida de dinamismo que también encuentra cobijo en la aprobación en el Congreso de un cambio en la ley hipotecaria justo doce meses antes de lectura de este dato por el que las entidades financieras pagan el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava las hipotecas.