A partir de este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez se pondrá a andar. Ese día, y a primera hora, el nuevo Ejecutivo se reunirá en La Moncloa para celebrar Consejo de Ministros, el primero en la historia de la democracia española de un Gobierno de coalición, que bien podría estrenarse con un decreto para aprobar la actualización de las pensiones al 0,9%, o el incremento salarial de los funcionarios, lo que tendría un impacto de entre 4.600 millones y 6.000 millones de euros de incremento del déficit pactado. No obstante, sin Presupuestos Generales para 2020, y por ende sin techo de gasto y objetivos de déficit, el Gobierno socialista estará bastante atado de pies y manos, por ejemplo, para aprobar nuevos impuestos y recaudar los ingresos previstos en sus planes. Por la complicada aritmética del Parlamento español, y la frágil mayoría de Pedro Sánchez, tampoco le resultará fácil derogar leyes o modificarlas en parte algunas de ellas, como es la pretendida reforma laboral que PSOE y Unidos Podemos anuncian que cambiarán. Renovar los órganos del Consejo del Poder Judicial no será una tarea sencilla. Hasta ahora, los dos principales partidos negociaban con acuerdo la composición del CGPJ, pero sin mayorías y con dos bloques tan contrapuestos, la misión no se antoja cómoda, si no imposible. En esa circunstancia se encuentran leyes como la Estabilidad Presupuestaria, todavía vigente, o una consulta en Cataluña como pretenden los socios externos secesionistas de Sánchez. La carrera acaba de empezar, pero el resultado del Gobierno parece incierto. La diferencia de posiciones entre los apoyos del Ejecutivo socialista no anticipan acuerdos fáciles. Solo en el impuesto al diesel, el PNV y Esquera Republicana de Cataluña son algo más que antagónicos.
Presupuestos y techo de gasto
La economía es una de las principales prioridades del nuevo Gobierno de Sánchez. La composición de su Ejecutivo y la selección de ministros manifiesta la importancia que el líder del Partido Socialista -economista de formación- quiere impregnar a su agenda gubernamental, en la que Unidas Podemos pierde fuelle en cuanto a su protagonismo en esta materia. Pero ningún Gobierno es gran cosa si no puede manejar unos presupuestos propios. Exactamente lo que le sucedió a Sánchez en su primera y corta legislatura, quien a pesar de ello logró sobrevivir con las Cuentas Públicas de Cristóbal Montoro desde julio de 2018 hasta el 7 de enero de 2020. Una eventualidad que le llevó a convocar elecciones generales ante la falta de avales para sellar las Cuentas Públicas. Entonces, en febrero de 2019, ERC dejó de apoyarle, como sí hizo en la moción de censura contra Mariano Rajoy, y no dio su aprobación a los Presupuestos que Sánchez e Iglesias habían consensuado. Y ahora nada hace presagiar que los Presupuestos de 2020 estén definitivamente cerrados y reciban el respaldo de los republicanos catalanes, que insisten en pedir la amnistía de los presos. Y es que para que las Cuentas Públicas tengan luz verde, habrán de superar, primero el techo de gasto que se topa en el Senado, con el veto que confiere la Ley de Estabilidad Presupuestaria (donde es necesaria la mayoría absoluta), y, en segundo lugar, con las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, en el caso de que se presentara tan solo una en el Congreso. Eso sí, superadas las enmiendas a la totalidad, el camino de las enmiendas parciales resulta más fácil de negociar para los Presupuestos.
Impuestos
La tributación en España se basa en el principio de legalidad, bajo el aforismo "ningún tributo sin ley", lo que lleva directamente a pensar que el nuevo Gobierno precisará del apoyo del Parlamento si quiere crear las nuevas figuras tributarias anunciadas: el impuesto sobre transacciones financieras, el digital o el verde, que ya se quedaron colgados en la pasada legislatura. La Ley General Tributaria exige que los cambios sobre la delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales, se establezcan por Ley, lo que supondrá que estos cambios necesiten la elaboración de una ley y su aprobación parlamentaria. Siempre, podrá el Gobierno aprobar las reformas por Real Decreto-Ley, pero al final, deberá llevarlas al Congreso de los Diputados para su ratificación y de no pasar el filtro, decaerán. La falta de nuevos Presupuestos y las decisiones discrecionales de aumento del gasto durante 2019 han provocado una desviación del déficit público, que se ha situado, según las previsiones de la AIReF en el entorno al 2,1%, lo que permite adelantar la urgencia con la que el nuevo Gobierno abordará el capítulo recaudatorio. Uno de instrumentos legislativos más empleados para incluir modificaciones tributarias es la Ley de Presupuestos Generales, que también necesita de una tramitación parlamentaria y que , en este caso, no podría hacerse colar como Real Decreto-Ley alegando su carácter de urgencia. No obstante, las diferencias entre PSOE y Podemos sobre el mínimo a establecer en el Impuesto sobre Sociedades o la subida del IRPF para los ingresos más altos podrían ser fácilmente negociadas entre ambas formaciones. Con estos mimbres, sin duda que uno de los grandes problemas será el recorte de la recaudación hasta que no haya Presupuestos, y por tanto el aumento del déficit si se apuesta por el gasto público. Y eso, en Europa, no está bien visto.
Derogación de la reforma laboral
El Partido Socialista nunca ha sido partidario del todo de derogar la reforma laboral del Partido Popular, por miedo especialmente a dejar un vacío legal cuyas consencuencias podrían tornarse en perversas, y contrarias al espíritu que quieren impulsar los socialistas. Pero en su último programa, el PSOE no ha sido del todo claro. De hecho, en ocasiones, el presidente ha prometido en campaña la derogación de la reforma, lo que queda recogido en el programa político, aunque de forma difusa. Los agentes sociales tampoco llegan a un acuerdo en esta materia. La patronal de empresarios, CEOE, no ve necesario cambiar la actual regulación, aunque comparte modificar los aspectos más lesivos, si no le quedara otro remedio. Los sindicatos, por su parte, son partidarios absolutos de reformar la ley. Lo que no sabemos es qué posición determinará Unidas Podemos, ahora que se asume el Ministerio de Trabajo. El énfasis se vuelca en otro Estatuto de los Trabajadores; se desconoce si para funcionar como un trampantojo, y distraer a la opinión pública, o para dar pie a una reforma más profunda. Una vez más, la diferencia de opiniones entre la derecha, el PNV, JxC y la izquierda en bloque no dibuja un cambio radical ni inmediato.
Pensiones
Uno de los retos del nuevo Gobierno es lograr la cuadratura del círculo en cuanto a la reforma de pensiones se refiere. El tiempo apremia y la congelación cautelar de las pagas hasta la formación del Gobierno amenaza con alargarse, ya que la intención del PSOE es que las cuestiones que afecten al sistema público sean dirimidas en el Pacto de Toledo. Y este es, precisamente el principal escollo para la reforma. En la mesa de negociación de la Comisión habrá que poner de acuerdo a partidos tan distantes como puedan ser Unidas Podemos y Vox, por lo que tanto expertos como miembros del órgano asumen que el eventual acuerdo de reforma del sistema se alcanzaría con una mayoría y no con unanimidad. Además, el precedente es poco halagüeño, ya que en febrero del pasado 2019 con un acuerdo consistente sobre aspectos fundamentales como la separación de fuentes de financiación y la revalorización conforme al IPC, Unidas Podemos lo quebró de forma unilateral ante la convocatoria de elecciones generales. Hasta el momento, el Gobierno tiene abierta la vía del real decreto ley para subir las pagas el 0,9% comprometido para 2020, si bien debería ser convalidado por las Cortes en un plazo de 30 días. En este momento, el Ejecutivo tendría capacidad para efectuar la mencionada subida de las pensiones con carácter retroactivo a 1 de enero, si bien se podría dar la paradoja de que el congreso no convalide dicho texto y se volviese a aplicar la congelación o la revalorización del 0,25% que rige actualmente con arreglo a la ley.
Consulta en Cataluña
El Gobierno sociocomunista está jugando con una consulta en Cataluña sobre los acuerdos entre Generalitat y Estado. Inssiten en que el Estatuto catalán lo recoge, y además las conclusiones no son vinculantes. Pero es que una consulta de estas características no tiene precedentes, por mucho que Pablo Iglesias explique que se puede hacer dentro de los márgenes de la Constitución. Saltarse esta barrera es abrir un melón del que pueden aprovecharse, con efecto dominó, cualquier otra Administración, provocando un terremoto territorial. La justicia, en este caso, tendría algo que decir. De momento, el Tribunal Supremo ha inhabilitado a Quim Torra como diputado del Parlament, una decisión que ha refrendado ipso facto la Junta Electoral Provincial. Y en el mismo día, y dando la razón al Alto Tribunal, el Parlamento Europeo ha retirado la condición de eurodiputado a Oriol Junqueras. Igualmente, para modificar el Estatuto de Cataluña, como deja caer el Partido Socialista, como solución al "conflicto político" catalán, requiere de dos tercios del Congreso para dar ese cambio, que introduciría aquellas cuestiones que en su día fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, a requerimiento de las denuncias del Partido Popular. Pues bien, una reforma de este tipo, tampoco resultaría fácil, sino prácticamente imposible en el Congreso.
Renovación del Consejo del Poder Judicial
La historia de los desencuentros entre Partido Socialista y el Partido Popular por la composición del Consejo General del Poder Judicial viene de lejos y ha forzado en diversas ocasiones que se mantenga en sus puestos a los consejeros durante largos periodos por este motivo. El PP de Pablo Casado ya ha filtrado su intención de rechazar -según fuentes de la dirección-, el inicio de una negociación con el PSOE para renovar esta institución, a pesar de que lleva en funciones desde diciembre de 2018 y en el que existe una mayoría conservadora. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dirigió el 4 de diciembre de 2019 sendas cartas a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, en las que recordaba que resulta "legalmente obligado" proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Lesmes califica de "anomalía" la incapacidad del Parlamento para renovar el Consejo. Pero, a estas alturas, la renovación del órgano judicial no se ha llevado a cabo. En los partidos de la derecha tienen el presentemiento de que también en el Consejo del Poder Judicial, como en otras instituciones, se dejará un hueco a representantes de fuerzas independentistas y de Unidas Podemos, lo que puede ser un obstáculo en el caso de que se produjera otra sublevación en Cataluña, como la del procés del 1-O.
Ley Mordaza
La Ley Mordaza ha sido una de las leyes que más críticas han recibido. Creada por Mariano Rajoy en 2015, el PSOE y Unidas Podemos comulgan en la derogación completa de la norma. Sobre la mesa hay dos proposiciones de ley. Una, presentada por el PSOE, que pide la derogación de la ley y la vuelta a la norma anterior, la ley Corcuera de 1992. La segunda, elaborada por el Partido Nacionalista Vasco, plantea trabajar sobre el texto de la actual y modificar sus preceptos más polémicos.
Mientras la Transición Ecológica estará capitaneada por Teresa Ribera, la Agenda 2030 estará en manos de Pablo Iglesias
Ley del Cambio Climático
El anteproyecto de LCCTE elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica fue aprobado en febrero de 2019 por el Consejo de Ministros, sin embargo no pudo ser aprobado por el Parlamento. Junto al Plan de Energía y Clima y a la Estrategia de Transición Justa forman el paquete normativo de energía y clima del Gobierno, que es una de las urgencias en el cumplimiento de la Agenda 2030, que conforma la línea prioritaria de actuación del Gobierno, inspirada en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Se trata de un desarrollo de nuevas economías, en el que España trata de no quedarse atrás. El problema es que mientras la Transición Ecológica estará capitaneada por Teresa Ribera, la Agenda 2030 estará en manos de Pablo Iglesias. Los retos inmediatos en el Gobierno de Ribera siguen pasando por la regulación de la energía eléctrica con el objetivo de eliminar contaminación y abaratar el recibo de la luz, pasando por el desmantelamiento ordenado de las centrales nucleares. Además, tendrá que afrontar los planes para la eliminación de los vehículos que se mueven con diesel, en el plazo que se ha marcado de 20 años. Sin olvidar, las medidas a adoptar para que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones y restricciones al tráfico rodado para lo que tendrá que sentarse y negociar con estos ayuntamientos. Tampoco se puede olvidar el frente del carbón, tras el acuerdo con los sindicatos de la minería para cerrar la mayor parte de las minas y proceder a la reconversión de estas zonas con inversiones públicas. Y, en la misma línea, se plantean los retos de la llamada España vaciada, lo que conllevará la coordinación con el resto de los Ministerios dotar a estas zonas de nuevos recursos que impidan la fuga constante del campo a la ciudad.
Ley de Eutanasia
Al concluir la anterior legislatura, decayeron en el Congreso de los Diputados 301 iniciativas, entre las cuales se encuentra la Ley de Eutanasia, con la tramitación suspendida hasta la fecha. Y es que hasta en dos ocasiones ha quedado paralizada esta ley por una muerte digna. Lo más destacable de la tramitación de esta norma en la legislatura pasada fue que se lograra un amplio consenso, pero ahora sus señorías deberán empezar la tramitación desde cero y no se puede olvidar que sentados en los escaños se encuentran los diputados de Vox y que el PP se viene mostrando más beligerante que en la campaña pasada. El texto debatido pedía reconocer el derecho a poner fin a la propia vida ante una enfermedad grave e incurable o de una enfermedad crónica e invalidante, que causase un sufrimiento insoportable. El texto ofrecía a los médicos y profesionales de la Sanidad la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia y establecía unas comisiones de control previo, que deberían autorizar las eutanasias, aprobadas por dos médicos.
