Pablo Iglesias ha peleado para lograr el control de la Agenda 2030 en el nuevo Gobierno diseñado por Pedro Sánchez, del que será vicepresidente, porque este control le brinda la posibilidad de convertirse en un auténtico Ejecutivo dentro del equipo de Moncloa, por las prerrogativas que este cargo le confiere. Y ello, a pesar de los controles pactados entre el PSOE y Unidos Podemos (UP) para que cada Ministerio respete su ámbito competencial y mantenga una política coordinada de comunicación. Con este trasfondo, UP recibió con sorpresa y afectación el anuncio realizado por La Moncloa el jueves de que el próximo Gobierno de coalición tendrá cuatro y no tres vicepresidencias, como estaba previsto en un principio. En este sentido, la designación de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, supone un hachazo a esas pretensiones de Iglesias, ante el que su partido no supo reaccionar. No en vano, esta cuarta vicepresidencia limita la discrecionalidad que, sin las competencias de Ribera, hubiera tenido Iglesias para manejar la citada Agenda 2030.
Menos peso económico
El presidente Pedro Sánchez ha jugado así la baza de rebajar el peso que podría tener el líder de la formación morada dentro del Ejecutivo, al perder el control sobre buena parte de la Agenda 2030, en lo relativo a la transición energética, cuyas medidas tienen un amplio calado de carácter económico y de formación de un nuevo modelo industrial.
No se puede obviar que entre las principales funciones que tiene el actual Alto Comisionado para la Agenda 2030, que ahora se eleva a la categoría de Secretaría de Estado, están las de impulsar la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias necesarios para su cumplimiento por parte de España, así como evaluar, verificar y difundir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de esa Agenda 2030.
Otras funciones no menos destacables son: realizar el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030; colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la interlocución internacional de España en materia de implantación global de la Agenda 2030; y, lo que no es menos importante, impulsar la elaboración de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los avances en la consecución de los objetivos de la Agenda. Estas funciones posibilitan a su responsable el establecimiento de fechas para que los Ministerios vayan desarrollando las acciones de Gobierno, a través de la coordinación interministerial y entre la Administración del Estado y las autonomías.
Llegados a este punto, es preciso aclarar que la Agenda 2030 es un plan de acción de Gobierno, cuyos objetivos fundamentales son: el cambio del modelo productivo; realizar una profunda transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en menor pobreza y en mayor igualdad; así como asegurar los derechos humanos y nuestro estado social de derecho.
Se trata de un planteamiento de actuaciones basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU, que implican, al menos, la actuación coordinada de siete ministerios, llegando en algunos casos a ser incluso 14, como ocurre con el ODS1 -Poner fin a la pobreza-. La media es de nueve ministerios por cada ODS.
La trascendencia de la Agenda 2030 la ha destacado el presidente Sánchez en numerosas ocasiones; incluso la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha llegado a afirmar que "la Agenda es nuestra apuesta de futuro para una sociedad más justa y próspera", y ha destacado "la coincidencia entre la Agenda 2030 y los objetivos de un proyecto socialdemócrata renovado".
Diferencias de calendario
Muchas de las discrepancias entre los programas del PSOE y de Unidas Podemos son fundamentalmente de plazos. Así, por ejemplo, en asuntos tan fundamentales para el actual Gobierno, como es el blindaje de las pensiones, incluyéndolas como un derecho fundamental en la Constitución, mientras los socialistas pretenden hacerlo a través del Pacto de Toledo, con la participación de sindicatos y patronales, para una vez consensuado el acuerdo remitirlo al Parlamento para su inclusión en la Carta Magna, la formación morada es partidaria de elaborar una ley con carácter de urgencia, que sirva para incluir el blindaje en la Constitución Española.
En la misma línea, se encuentra la reforma de la legislación laboral, sobre la que hay fuertes discrepancias. Así, de una parte, los socialistas son partidarios de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que actualice la regulación social a las nuevas realidades derivadas de las tecnologías de la información y de la nueva economía. No obstante, hasta que el Parlamento aprueba el nuevo texto, se han mostrado partidarios de eliminar algunos de los aspectos más problemáticos de la reforma laboral del PP, para reinstaurar la ultraactividad de los convenios o la supremacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Por el contrario, UP plantea en su programa la aprobación de medidas urgentes que eliminen por completo la reforma del PP e, incluso, la emprendida por Zapatero en 2012, lo que conllevaría la expulsión del sistema legislativo de las facilidades para despedir por causas objetivas y las rebajas de los costes del despido en estos casos.
Sin embargo, donde mayores son las discrepancias es sobre la aceptación de la conocida como mochila austriaca, sobre la que los socialistas se han mostrado partidarios, mientras que la formación morada se muestra contraria, al considerar que se trata de una medida que carga al trabajador con los costes del despido. Una diferencia notable a la hora de debatir en las mesas de coordinación de la Agenda 2030.
Desconfianza absoluta
Como consecuencia de los recelos que existen entre ambas formaciones a la hora de actuar como un solo Gobierno, el nuevo Ejecutivo de coalición ha pactado dotarse de una comisión permanente de seguimiento del acuerdo, sobre quien en la práctica recaerá la supervisión de las actuaciones del Ejecutivo, puesto que un reducido grupo de personas debatirá sobre las decisiones políticas a adoptar, en un escalón inferior al presidente.
Así, los miembros del Ejecutivo estarán obligados a "mantener una estrategia de comunicación coordinada y compartida" y deberán "respetar su ámbito competencial" y "evitar opinar o dar publicidad a proyectos de otros Ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros". De este modo, se intenta limitar la exhibición de las posibles diferencias entre los socios.
Cuando estas diferencias se planteen, será la comisión de seguimiento la que decidirá como deben actuar las partes, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, para minimizar los efectos.
Este documento, firmado horas después de la investidura de Sánchez, por Adriana Lastra y Rafael Simancas, por parte el PSOE, y por Irene Montero, Jaume Asens e Ione Belarra (que será secretaria de Estado para la Agenda 2030), por parte de UP, desarrolla la idea expresada por la vicepresidenta Carmen Calvo, en una entrevista en TVE, en la que afirmó que debe existir "un solo Gobierno a las órdenes de un presidente". Además, los términos del acuerdo se han ampliado para determinar que junto con la comisión de seguimiento se constituirá también una comisión parlamentaria con cinco miembros del PSOE y otros cinco de UP que trate de garantizar la unidad sobre el sentido del voto de ambos grupos en el Congreso y en el Senado.
Se ha sopesado que esta comisión pacte el alcance y la publicidad que los socios brinden a las actuaciones y medidas del Gobierno, tanto en sede parlamentaria como en los medios de comunicación, en un intento por mantener la estabilidad del Gobierno y no erosionar la confianza de la coalición.
Incluso, para evitar desencuentros en temas como los del procés, en el acuerdo también se ha puesto el control de que las actuaciones se desarrollarán en todo momento "con pleno respeto a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico".
A pesar de todas estas medidas de control, la desconfianza de Sánchez ante las posibles maniobras de Iglesias, a través de las facultades que le ofrece la Agenda 2030, es absoluta y buena muestra de ello ha sido el recorte que introdujo en las posibilidades de manejar las agendas ministeriales al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030.
'Mochila austriaca', impuestos y banca pública, puntos de roce
Son numerosos los puntos en que difieren el PSOE y Unidas Podemos, algunos limados en el acuerdo de coalición, pero que se mantienen en el espíritu de ambas formaciones. Por ejemplo, el PSOE asumió en su calendario del cambio, basado en la Agenda 2030 la implantación gradual de "un sistemas de cuentas individuales de capitalización para la movilidad", lo que se traduciría en una suerte de 'mochila austriaca' -acumulación de aportaciones que el trabajador lleva consigo toda la vida laboral, independientemente de la empresa en que trabaje. Una medida que rechaza Podemos, al entender, pese a que lo refuten los expertos, que eleva los costes laborales del trabajador. También vienen discrepando ambas formaciones sobre Bankia, que los morados quieren convertir en una banca pública, mientras el PSOE apuesta por la privatización de la entidad. En materia tributaria, también surgen disensiones entre ambos partidos. Podemos apuesta por un impuesto especial a las entidades financieras para recuperar ayudas a la banca por 60.000 millones, que rechazan los socialistas. Asímismo, en materia laboral hay discrepancias. Podemos pugna por una derogación completa de la reforma de 2012 y el PSOE por eliminar los que considere sus "aspectos más lesivos".
